Con la tristeza de que el lenguaje incluyente evoluciona dividiendo y partiendo humanamente lo indivisible como obra de la naturaleza, coincidimos que es una razón política, no académica, no semiótica, no lingüística, no biológica. Es un tema de actualidad política en materia de derechos humanos y, aunque socava la lengua castellana, son formas que apremian la evolución social.
Pero ese no es el tema de hoy, sino que deviene del título de la presente colaboración, pues continuamos con la cuestión de la participación ciudadana en la vida social de la comunidad, la familia y el barrio, el estado, el país. La contribución activa de los ciudadanos en la vida política, social, económica y cultural del lugar donde vive, hace la diferencia, pues además del ejercicio del voto, puede incluir actividades personales o colectivas desde organizaciones de la sociedad civil.
El voto es el principal acto de participación ciudadana, por el cual un individuo expresa apoyo o preferencia por cierta idea, propuesta, candidato o selección de candidatos durante un proceso electoral que se ejerce de forma personal y secreta. Mientras lo permita la Constitución Política, también puede participar en un plebiscito, referendo, consulta popular, encuesta, iniciativa legislativa, revocación del mandato y, en los espacios de diálogo, en un foro, debate y mesa de discusión.
Decíamos que otra forma de participación es enterarse de lo que ocurre en el país y en su derredor. El ejercicio de la democracia depende de los roles que desempeñan las personas que habitan en una comunidad o sociedad expresa. Sin la participación ciudadana, la democracia se debilita y pasa a ser un ejercicio arbitrario de quien detenta el poder, cediendo espacios abiertos a los abusos y la corrupción.
Pierde su representatividad quien institucionalmente actúa y toma decisiones en nombre de otros, de aquellos que le concedieron esa capacidad en un proceso legal. Al perder representatividad, se perciben como no legítimos; por eso debe existir una conexión constante con el pueblo, que es quien otorga esa representatividad y les da la legitimidad para ejercerla.
Así como el lenguaje sufre los embates de los cambios en las leyes en atención a los derechos humanos, también la participación en los cargos de elección popular tiene limitaciones bajo el concepto de la equidad de género. Los cargos por designación en cualquiera de los tres poderes, debieran obedecer a criterios de capacidad, intención, preparación, trayectoria y, como sucede en algunos países, postularse con otros aspirantes para un escrutinio público de oposición, sea hombre o mujer. La equidad de género no es el mejor argumento para ser sujeto de elección o designación.
Las estructuras administrativas rígidas, en un gobierno autoritario, dificultan los espacios para la participación ciudadana. Este elemento constitucional de acceso a las decisiones políticas, es deficiente en México y en casi todos los países de Latinoamérica, porque la participación es necesaria para construir una democracia activa y productiva, capaz de satisfacer las inquietudes y necesidades de los gobernados.
Para que un gobierno proporcione los mejores servicios a la población, debe contar con directrices abiertas y receptivas, dispuestas a escuchar lo que la ciudadanía les quiere transmitir para contribuir a la mejora de la política y la gestión de los asuntos públicos. Una población participativa y consciente, puede darle la espalda a un gobierno que la ignora, como sucedió con José María Aznar y el descontento social por su solidaridad con la política Bush-Blair. Un atentado terrorista tres días antes de las elecciones generales de 2004, hizo detonar la decisión del pueblo español.
gnietoa@hotmail.com
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