Rafael de Pina define a la legalidad como un “sistema de normas que constituyen el derecho positivo de un país”, pero también como “la calidad de legal que tiene un acto”. El principio de la legalidad es un principio general del derecho reconocido en todas las Constituciones del mundo y, claro, la nuestra no podía ser una excepción, puesto que de ella emana la seguridad jurídica como máxima aspiración de justicia en las relaciones humanas e institucionales.
Es un conjunto de acciones, valores, normas, certeza jurídica, que permite a la población creer el Estado de derecho. Como práctica común, que le nazca desde el fondo de su subconsciente la defensa del entramado jurídico de su país y que no tolere sino que rechace sistemáticamente todo acto que considere ilegal. Una cultura de la legalidad, una manera de ser, de interpretar las relaciones entre ciudadanos y las categorías creadas por él mismo, transmisible de generación a generación, es lo que México necesita comenzar cuanto antes.
Esto supone el sometimiento pleno de la Administración Pública ante la Ley y el Derecho, y significa la supremacía de la Constitución General de la República frente a todos los poderes públicos (Judicial, Legislativo y Ejecutivo) así como la sujeción a las leyes reglamentarias, normas y disposiciones que de la Constitución General emanen en los ámbitos Federal, Local y Municipal. Un sueño no alcanzado en México, a pesar de que ya estamos sobre la tercera década del siglo XXI y a doscientos años de vida “independiente, libre y soberana”.
Las facultades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial se equilibran para un mejor ejercicio del poder gubernamental y para que comencemos a educarnos en la forma democrática de la armonía de los poderes. La cultura de la legalidad es la aceptación y práctica de las normas jurídicas por parte de todos los ciudadanos, independientemente de la actividad a la que se dediquen. La participación ciudadana nos faculta a expresarnos cuando se están quebrantando los principios fundamentales de nuestra Carta Magna y por tanto se altera el orden jurídico de la Nación.
Aceptar las normas debe ser un acto consiente en el que es necesario conocer por qué y para qué hay reglas y por qué son importantes. Para transformarlo en una cultura del pueblo, los niños lo deben ir viviendo desde su nacimiento, en el seno de sus familias, para integrar en la sociedad futura el respeto por la legalidad como una
forma espontánea de ser del mexicano. Eso requiere años y un esfuerzo verdadero por querer un mejor estilo de vida.
Mientras tanto, la promoción de esta cultura se debe hacer difundiendo entre la población los beneficios y la seguridad que se obtienen, y formulando una política pública que promueva un cambio en el comportamiento ciudadano hacia el cumplimiento de la ley, con el ejemplo fehaciente desde el funcionario de más alto rango hasta el más humilde servidor público: “cumplir y hacer cumplir la ley” de parte del gobernante y del gobernado.
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