«Veo a un pueblo con hambre de justicia» clamó Colosio frente al Monumento a la Revolución el 6 de marzo de 1994. Pocos días después, lo asesinaron. Pero ya había sembrado estas palabras en el sentir y la comprensión de la nación mexicana. Y esas palabras calaban hondo en el conocimiento de una nación herida que no puede todavía descifrar su presente.
Hojeando la tercera edición de “Anatomía de la Corrupción”, de María Amparo Casar, 2020, encontré entre sus notas la búsqueda de evidencias sobre las causas, percepciones, impunidad, frecuencia, extensión, costos y posibles soluciones para este mal “quasi endemic” llamado corrupción. Los costos son en varios sentidos y uno es el entorpecimiento de la justicia.
Continúa diciendo la autora en el prólogo a la tercera edición que, a pesar de que la lucha contra la corrupción y la impunidad forman parte de todos los discursos y ofertas políticas de los partidos y gobernantes, incluyendo el gobierno del presidente López Obrador, ninguno ha implementado una política integral que permita la disminución de estas prácticas de manera sistemática y sostenida.
Sigue prevaleciendo en todos los niveles de gobierno la costumbre de abusar del poder público para beneficio personal o de un grupo político y, después de atropellar, hacer uso de la “práctica sagaz de evadir la justicia”. La corrupción y la impunidad se mantienen como problemas sistémicos y transversales sobre los que poco se ha actuado.
A pesar de mostrar una preocupación por el fenómeno de la corrupción, la sociedad mexicana sigue siendo una sociedad dispuesta a practicarla si piensa que puede obtener beneficios personales de ella. No tenemos una base para fortalecer su desarrollo porque no se inculca a los menores, desde la infancia, una cultura de la legalidad; pero sí aprenden a moverse en los márgenes del Estado de Derecho.
Cada vez son más, dice la autora, las instituciones académicas, centros de pensamiento, organizaciones de la sociedad civil y asociaciones empresariales y de profesionistas que dedican su tiempo, recursos y esfuerzo a difundir las causas y costos de la corrupción y la impunidad, así como proponer formas para evitarlas.
Los mexicanos padecemos de una descuidada educación familiar que no permite asentar una cultura de la legalidad en las conciencias y costumbres de los menores, para que conforme crecen, los niños la vayan incorporando a su modo de vida.
Fortalecer una educación familiar para que vean a la legalidad y la justicia como algo inseparable de su estilo de vida. ¿Pero cómo lograr esto? ¿Qué tantas cosas deben moverse en la sociedad, los medios de difusión, las familias y las escuelas para lograrlo?
La corrupción tiene demasiados costos como para seguir tolerándola y debe combatirse no solo en el discurso o en el papel, sino con acciones y políticas que no dependan del voluntarismo y que, en cambio, permitan disminuir la corrupción, que se encuentra esparcida en todas partes del gobierno, la sociedad y las empresas privadas.
Erradicar la corrupción y atender los aspectos de la justicia puede beneficiar a todos, permitiendo un ambiente más propicio para vivir en paz y crecer como ciudadanos y como nación. El área de las oportunidades podría ser “más pareja” puesto que la corrupción es un dilema cotidiano en todos los órdenes de la vida que se constata cuando se paga por recibir algo a lo que se tiene derecho o se paga por una ganancia o un privilegio al que no se tiene derecho.
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