El jueves 4 de julio, en infobae.com, leímos que la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó ese día un documento informativo sobre la grave situación por la que pasa Venezuela: torturas, homicidios, secuestros, abusos, crisis sanitarias y migratorias, ante la omisión del gobierno para atender las denuncias y seguir de oficio los crímenes que se presentan por doquier.
El informe insta a Nicolás Maduro y a sus instituciones a tomar medidas para “detener y remediar las graves vulneraciones de derechos económicos, sociales, civiles, políticos y culturales” que han puesto en marcha como una estrategia “orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al Gobierno”.
El informe de la alta comisionada Michelle Bachelet ante el Consejo de Derechos Humanos reunido en Ginebra, advierte en 15 puntos contundentes que “si la situación no mejora, continuará el éxodo sin precedentes de emigrantes y refugiados que abandonan el país”, mismo que supera ya los cuatro millones de personas.
Durante más de una década, Venezuela ha adoptado y efectuado una serie de leyes, políticas y prácticas que han restringido el espacio democrático, debilitado las instituciones públicas y disminuido la independencia del poder judicial. La represión a los opositores y sus protestas, y las ejecuciones extrajudiciales, han permitido todo tipo de violaciones a los derechos humanos. La impunidad ha envalentonado a los autores y dejado indefensas a las víctimas.
Muchas personas buscan la protección de su derecho a vivir con dignidad, pero las autoridades no han investigado con prontitud, efectividad, exhaustividad, independencia, imparcialidad y transparencia las denuncias creíbles de torturas y malos tratos, dejándoles en completo estado de indefensión ante el crimen organizado y las propias instancias de gobierno.
Lo que se ha dicho después del informe, es el adorno de la negociación. En ella se permite a cualquier gobierno aparentar cierto arrepentimiento ante hechos reales y consumados, para luego prometer, obligado por el protocolo de la diplomacia, aquello que todos quieren escuchar pero que, en el fondo del entramado burocrático del gobierno cuestionado, no tiene grandes deseos de cumplir.
Igual ocurre con las justificaciones políticas e ideológicas, desde la visión de los diversos bloques de países, en pugna por la supremacía y por establecer sus criterios. Camisas que se rasgan, acusaciones que se lanzan, pero la verdad es que los hechos ahí están y el mundo internacional lo sabe desde hace mucho tiempo. Ojalá que el pueblo y el Gobierno de México no permitan desviaciones y retrocesos que afecten la convivencia social y política del país. Ya con la inseguridad tenemos suficiente.
El ideal de la humanidad es el respeto a la dignidad y a la persona, expresados en los derechos humanos como inherentes a todos los seres humanos, sin distinción de raza o nacionalidad, lugar de residencia, sexo, color de piel, religión, lengua, preferencias sexuales y políticas, o cualquier otra condición. Todos deben gozar de los derechos humanos sin discriminación alguna. De lo contrario el mundo estaría retrocediendo más de un siglo.
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