Jorge E. Lara de la Fraga
Hace 5 años expresé por escrito que la corrupción en México era uno de sus peores males y que tal fenómeno maligno se reproducía como un cáncer en razón de la impunidad existente. Tal afección –afirmaba con énfasis- sostenía al inadecuado y decrépito sistema político-económico del país que permitía la violación a las leyes y la obtención de beneficios individuales o de grupo, lo que originaba el enriquecimiento ilícito mediante el tráfico de influencias, el clientelismo, el cohecho y el fraude, prácticas ilegales y nocivas que casi nunca han sido castigadas. Asimismo señalaba en tal comentario que en nuestro territorio patrio la corrupción propiciaba (cálculo aproximado) la pérdida de un poco más de 340 mil millones de pesos anuales a la nación, sobre el entendido de que nuestro país está reprobado en dicho rubro, al tener una valoración internacional –en ese entonces- de 3.5, en una escala del 1 al 10. En ese fango de inmundicias y perversiones, los ricos aumentan sus patrimonios y se eleva el porcentaje de excluidos; individuos sin autoridad moral e instituciones endebles se asocian malévolamente y le dan la espalda al conglomerado.
A un lustro de tales inquietudes personales observo con optimismo, en este 2020, que las cuestiones sobre la corrupción y la impunidad podrán ser sancionadas con todo el rigor que corresponda, siempre y cuando existan las pruebas fehacientes y las evidencias de los ilícitos que se denuncien puntualmente ante las autoridades respectivas. Sobre el particular habrá que decirse que hoy la Fiscalía General de la República, a cargo del funcionario Alejandro Gertz Manero, ha puesto en el banquillo de los acusados al detenido exdirector de PEMEX, Emilio Loyoza Austin, quien en una primera etapa de declaraciones ha acusado formalmente tanto a Enrique Peña Nieto como a Luis Videgaray Caso (exPresidente de la República y exSecretario de Hacienda, respectivamente), por haberle ordenado recibir una serie de sobornos de la Constructora brasileña Odebrecht y repartir el dinero de esas operaciones ilícitas entre asesores extranjeros que trabajaron para la campaña electoral de Peña Nieto en 2012. También Loyoza señaló que la aludida multinacional repartió 120 millones de pesos entre varios legisladores, a cambio de que ellos votaran a favor de las reformas estructurales aprobadas entre 2013 y 2014.
Este proceso apenas está comenzando; ya inició “el gallo a cantar”, como dicen en mi pueblo; es bastante probable que durante tal “comparecencia jurídica” salgan a relucir otros especímenes nefastos, como exfuncionarios, representantes populares, empresarios, prestanombres y cómplices. Por lo pronto, el denunciante adelanta que esos mismos legisladores “favorecidos” obtuvieron otros 84 millones de pesos para procesar el proyecto Etileno XXI, el cual “fue entregado por el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa a
Odebrecht y a una empresa mexicana, lo cual significó un grave quebranto para el estado mexicano…” Para respaldar sus afirmaciones Loyola presentó ante la Fiscalía los testimonios de cuatro testigos, recibos del dinero involucrado y hasta un video. Gertz Manero, por su parte, comunicó que se llevarán al cabo los peritajes a las pruebas documentales presentadas, se entrevistará a los testigos y, de ser necesario y procedente, se llamará a declarar a las personas imputadas.
Ni duda cabe que soplan nuevos aires y que se pretende adecentar la vida pública en serio; la ciudadanía está harta de “chivos expiatorios”, de que todo se esfume de la noche a la mañana, de una tórrida y fugaz contienda mediática y de mucho ruido y de pocas nueces. Es el momento clave para proceder con mano firme y sancionar con sustento en la ley las transgresiones graves cometidas contra el Estado de derecho y contra las instituciones de nuestro país. Los culpables no podrán evadir con facilidad sus abominables delitos; desde ahora son entes exhibidos ante la opinión pública como miembros putrefactos de la clase política desplazada del poder en 2018 y esos poderosos de antaño ameritan entender que ya no pueden imponer sus concepciones e intereses mezquinos por encima de las necesidades públicas y del bienestar de las mayorías.
En relación con el tópico, les comento que siempre me sorprendía lo acontecido en otras latitudes del mundo, donde eran castigados los presidentes o primeros ministros cuando cometían delitos graves durante su desempeño gubernamental, siendo destituidos o hasta apresados (uno de ellos se suicidó antes), mientras que en nuestro México lindo y sufrido los altos mandatarios, sexenio a sexenio, hacían de las suyas de manera impune y todavía algunos sinvergüenzas eran vanagloriados después “por sus hazañas”. Sin irnos más lejos y dejando a un lado naciones del primer mundo, en nuestro continente, en los territorios de Argentina, Brasil, Chile, Perú, Guatemala y en otros países fraternos, los ciudadanos actuaron con decisión y justicia contra sus deshonestos dirigentes supremos. Hoy México tiene la gran oportunidad y el compromiso ineludible para no dejar impune el ejercicio sexenal ignominioso de 2 exmandatarios presidenciales que actuaron en contra de los intereses de la Nación. Ahora o nunca es la consigna; demandamos que tal proceso bajo la responsabilidad de la Fiscalía General de la República rinda sus frutos y dejemos de ser el hazmerreír de los perversos.
Profr. Jorge E. Lara de la Fraga. |
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