Con solidaridad y respeto a Cuitláhuac García Jiménez, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, Ricardo Ahued Bardahuil y Rafael Hernández Villalpando Desde luego para entender que López Obrador tiene derecho, e incluso la obligación política de empujar su promesa de someterse a una consulta de revocación de mandato. Esto debido a que una y otra vez ha dicho que " si el pueblo pone, el pueblo quita". Pero es ejercicio de rendición de cuentas debe cumplir ciertos requisitos para que efectivamente lo sea y evitar daños colaterales. Si el Congreso mexicano promulga una legislación adecuada, tendremos en México un marco legal para contar con un ejercicio novedoso de democracia participativa. Lo primero es cuidar la naturaleza de un ejercicio cuyo nombre explica su propósito: consulta de revocación de mandato. Eso es, el objetivo primigenio es deponer a un presidente quien, por incapacidad, traición a la patria o cualquier otra razón ha perdido la confianza de la población. Por eso resulta ilógico que la puedas solicitar el mismo Presidente que sería removido del cargo. Si el presidente lo puede solicitar como establece la minuta aprobada en la Cámara de Diputados, el ejercicio puede convertirse en una consulta de ratificación de mandato, una suerte de aclamación popular para pedirle al Presidente que siga en el cargo. La segunda condición es que se reflexione el procedimiento en el caso de que "sí" revocatorio. La minuta aprobada sólo remite al artículo 84 constitucional, que establece que si ocurre una falta absoluta del presidente durante los últimos años del período, el Congreso elige a un Presidente sustituto. Acaso López Obrador sea muy popular ahora y gane holgadamente una consulta para permanecer en el cargo; pero nadie puede anticipar que pasaría si hay una crisis económica que hunda su popularidad. La tercera condición para que la consulta revocatoria no genere daños colaterales es evitar que contamine las campañas federales y locales de 2021. Sí López Obrador está en la boleta hará proselitismo en todo el país y será inevitable que haga campaña también para los candidatos de su partido. Evitar el empalme de la consulta de revocación con las campañas de 2021 implica que el referéndum se realice en una fecha distinta. Finalmente, se argumenta que la consulta de revocación sería la antesala de otra consulta posterior para permitir la reelección presidencial. En contra de esta posibilidad está que las consultas populares no proceden en materia electoral y que las mismas consultas no sirven para enmiendas a la Constitución. A nadie daña colocar en un transitorio de la Constitución, aunque sea repetitivo que las consultas populares no podrán usarse para la reelección del presidente de la república. Repetitivo pero calmaría los temores. La democracia es un baluarte del mundo libre y atentar contra ella representa entrar a una espiral de violencia de incalculables proporciones y efectos. Ahora hay que entrarle a otro texto, las libertades individuales son todavía un tema pendiente en México, que debería tener avances con un gobierno de izquierda; sin embargo, la forma en que se constituyó Morena, con liderazgos de muy distintas corrientes y en alianza con un partido cristiano, ha impedido aprobar leyes en ese sentido. La despenalización del aborto se aplazó para una mejor ocasión debido a la defensa a ultranza
de personajes como la senadora de Morena Lilly Téllez, quien, por su alto grado de conocimiento en la sociedad, no tiene ningún problema al hacer público su rechazo. Al contrario, después de que Lilly Téllez hizo público su rechazo y que el Congreso de Nuevo León criminalizara el aborto, el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció en su conferencia mañanera por no abrir este debate y serenar al país. Pero por suerte, en este mundo de iguales no tan iguales, los costos que se pagan son muy diferentes, y el diputado Juan Carlos Leal Segovia fue expulsado de Morena y de su bancada en Nuevo León por comentarios homofóbicos. Por estos hechos y dichos, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia resolvió cancelar su registro en Morena, por actuar en contra de lo que indican los documentos básicos de ese grupo político. Sin embargo, este tipo de acciones tampoco indican un camino a seguir del nuevo gobierno y sus bancadas mayoritarias, por lo que temas como la despenalización del aborto, el matrimonio entre parejas del mismo sexo o la legalización de la marihuana recreativa continúan sin avances.
Estamos acostumbrados a la existencia del Instituto Nacional de las Mujeres y a una política de género que vele por sus derechos, pero casi siempre olvidamos la equidad en el terreno de los varones.
En otro comentario vale la pena comenzar desde lo básico. Un estado laico es la condición institucional que permite a las personas ejercer su libertad de conciencia, ya sea para abrazar un credo religioso o para no abrazar ninguno, y, a la vez, garantiza que nadie sea discriminado o excluido por sus creencias personales. La clave reside en dos cuestiones fundamentales. Primero, el Estado no debe privilegiar a una iglesia sobre otras; segundo, las iglesias no deben colonizar el espacio público.
Este arreglo básico, que nuestro país fue mas que en nuestro país fue madurando desde el siglo XIX y quedó plasmado como uno de los atributos propios de nuestra República en el artículo 40 constitucional desde 2012, está detrás de la norma que impide a las asociaciones religiosas usar o explorar medios de comunicación electrónicos o de telecomunicaciones.
La lógica detrás de esta prohibición ha sido explicada de manera diáfana por la Asociación Mexicana de Derecho a la Información ( AMEDI) en un comunicado.
"Los medios electrónicos cumplen una misión social de servicio público y no de adoctrinamiento político o religioso".
Más adelante en la propia AMEDI remata con tino: "Una emisora de índole religiosa es, por definición, adoctrinante, basada actos de fe y no en evidencias científicas del progreso humano, parcial y excluyente, todo lo contrario a nuestros fundamentos constitucionales".
Esto último merece subrayarse.
El pueblo de México a lo largo de su historia, ha definido el modelo constitucional que quiere para su Estado.
Es verdad que desde hace años los gobernantes mexicanos claudicado en la defensa del Estado laico. Lo hicieron Vicente Fox desde su toma de protesta, también Felipe Calderón miró para otro lado, remató Enrique Peña Nieto con concesiones varias a la misma Iglesia, que incluyeron otra visita más de un Papa a nuestro país. De esta manera, poco a poco, nuestra laicidad se fue reblandeciendo.
A su vez, y junto con el sentido religioso, en México también prevalece una fuerte creencia de que el Estado es y debe continuar siendo laico. Así, la gran mayoría de los mexicanos puede
moverse entre la religión y la laicidad sin mayor problema. La separación Iglesia-Estado parece estar bien arraigada en la cultura política nacional. Con la cuarta transformación hay la posibilidad de que se replanteen algunos temas religiosos. En el tema de la concesión de medios a grupos religiosos, la opinión pública está agudamente dividida. En donde más se apoya la idea, con un acuerdo de 56%, es la religión sur del país, donde hay una proporción importante de la población que pertenece a iglesias cristianas- evangélicas. Por el contrario, en el centro del país, incluida la Ciudad de México, se observa la mayor oposición, con 61% en desacuerdo. Cualesquiera que sean los pasos que dé el gobierno en éste y otros asuntos de religión, será un gran reto para la democracia mexicana conciliar los distintos puntos de vista que imperan al respecto. |
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