Con solidaridad y respeto a Cuitláhuac García Jiménez, Eric Cisneros, Ricardo Ahued Bardahuil y Rafael Hernández Villalpando.
Engullimos de un solo sorbo la mentira que nos adula, y bebemos gota a gota la verdad que nos amarga.
Pues bien la justicia no sólo es un concepto inherente al de la democracia en la vida cotidiana de los Estados, sino que constituye el basamento sobre el cual descansan todas las decisiones del aparato institucional, desde el más alto nivel de decisión en el Ejecutivo, o el Legislativo, hasta el más operativo de los espacios de las administraciones públicas municipales.
El Poder Judicial de acuerdo con el propio texto constitucional, tiene su fuente de legitimidad como un Poder autónomo y, de hecho, del mismo nivel de relevancia que el Legislativo y el Ejecutivo y, en ese sentido, constituye uno de los pilares del equilibrio democrático del país.
Es, entonces, tarea del Poder Judicial garantizar la plena vigencia del orden constitucional, pero también el orden jurídico nacional, no sólo a través de la inparticipación de justicia, sino de una de las tareas, quizá menos visibles de su mandato: la hermenéutica de la ley.
La certeza jurídica y la plena vigencia del Estado de derecho debería comenzar, pues en la garantía sin cortapisas del acceso a la justicia para todas aquellas personas que han sido víctimas, tanto de la delincuencia, como del Estado, porque tampoco es menor el hecho de que seguimos siendo, para mal del país, un territorio lleno de “presuntos culpables”.
Una democracia sin justicia es inconcebible, de hecho lo que le hace a la democracia ser lo que es, está sustentado en que todas y todos somos formal y realmente iguales ante la ley, que la justicia es la primera garantía para toda la ciudadanía, y que la fuerza del Estado para hacerla valer se aplicará siempre y en todo momento de manera no sólo “ciega”, sino ante todo, con sabiduría.
La impunidad es el principal problema que tiene México.
El antídoto de la impunidad es la justicia. México requiere de una como la que define la Constitución: expedita y pareja, oportuna y para todos.
Los hechos de los últimos días demuestran que la justicia en México sigue subordinada a la política.
Sí, México necesita justicia para salir de la selva de impunidad en el que está perdido desde hace muchos años.
Pero no una justicia, como la que piden muchos de los defensores del oficialismo, que castigue a los políticos de antes y beneficie los de hoy.
La justicia que se requiere es una a la que teman todos los que violen la ley de manera dolosa y a la que puedan recurrir, con confianza, todos aquellos a los que se les haya violado un derecho.
En otra opinión, aquí sí, los actos sin concesiones en contra de la corrupción merecen apoyo.
Más aún cuando es el propio Presidente quien emprende la lucha y hace de ella el eje de su gestión. Pero para ser exitoso debe someterse a una dura prueba de limpieza de neutralidad y de congruencia.
Limpieza, pues siempre deberán privar la presunción de inocencia y la transparencia procedimental.
Si esto se vulnera las acciones serán vistas, una vez más y con justificada razón, como persecución política.
Su el Presidente está decidido a ir tras de todos aquellos sobre los cuales hay sospecha, deberá guardar un estricto protocolo de comportamiento para que ahora sí, y a diferencia del pasado, de certeza de que se está procediendo con total apego a la ley y sin otro interés.
Son muchos los referentes de irregularidades.
Hoy priva el escepticismo, la duda.
El debido proceso, incluso como concepto, todavía enfrenta una fuerte oposición cultural de los que piensan que todo se justifica cuando de antemano, se cree en la culpabilidad de alguien.
El otro ingrediente insalvable es la congruencia.
El Presidente está obligado a separar de sus encargos a todos aquellos miembros de su gobierno sobre los cuales ya caí una duda.
Una actitud ostensible de tolerancia cero hacia sus colaboradores daría gran credibilidad a sus acciones. No ha sido así. Todavía puede corregir antes de que el juicio público defina sus actos como persecutorios y sesgados.
Esto es apenas el inicio, bien vale la pena enmendar.
Recordemos que en varias ocasiones, durante la campaña, AMLO denostó a los ministros y, en general, al Judicial.
Pero lo que necesitamos es precisamente un Judicial incuestionable, más fuerte.
Suspender las generalizaciones sin pruebas en contra de personas grupos o instituciones, protocolos inviolables en sus intervenciones públicas, apego total al debido proceso, congruencia frente a los suyos, eso sí marcaría un cambio en la justicia mexicana y acabaría con la perniciosa duda.
Cuando se politiza la justicia, se afectan de manera irreparable los derechos de los ciudadanos y su prerrogativa a elegir y ser elegidos.
Es cierto, el Poder Judicial no puede actuar con la lógica de un partido político. Su función social es más trascendente. Su única guía es el cumplimiento del Estado de derecho.
Al utilizar la justicia para interferir en la política, la consecuencia es que se desgastan las dos “justicia y política”, y el resultado final es que se deteriora sustantivamente la calidad de la democracia, perdiendo su credibilidad y confianza.
Con razón, Camilo Granada señala que la separación de Poderes es una de la piedras angulares de la democracia y el Estado de derecho y que no es bueno que la rama judicial sea parte del juego político.
Es necesario que los linderos entre la política y la justicia queden bien delimitados y se respeten las órbitas de competencia de cada cual. Que los políticos hagan política y que los jueces impartan justicia.
Hay quienes piensan que las instituciones como el Congreso de la Unión o la Suprema Corte de Justicia de la Nación sólo sirven a quienes se favorecen del statu quo.
Era y es evidente que se deben hacer cambios en un país que padece los problemas que tenemos en todo los ámbitos, pero ningún problema será resuelto ni tendrá la atención adecuada si llegamos a anular a los demás Poderes de la Unión.
Dicen los clásicos que los sistemas que funcionan son los que tienen leyes flexibles que se aplican de manera rigurosa. Nosotros, como toda sociedad endeble, nos empeñamos en tener un sistema de leyes rigurosas que se aplican de manera flexible, de acuerdo a quien sea el que la está violando.
Así será antes y así será ahora.
Nuevamente se actualiza el tema de la Independencia judicial. ¿Serán independientes los ministros 4T propuestos por el Presidente y designados por el Senado?.
Sus sentencias tendrán la respuesta, pero lo cierto es que la renuncia de Medina Mora fortalece al Presidente.
Conforme avanza la gestión de AMLO la corte se va integrando con ministros a fines.
¿Qué tan independientes del poder serán?.
Es algo que nadie puede garantizar, pero es claro que no se necesita perspicacia para darse cuenta de que el poder de AMLO abarcará pronto al contrapeso judicial.
El país requiere confianza a fin de que los ministros manejen los asuntos que se les planteen sin comprometer los principios básicos que sostiene a la República.
Esos valores son el cumplimiento de la Constitución, las formas democráticas de gobierno, la protección de los derechos humanos.
Pará ello es indispensable un sistema judicial independiente.
Se hace la interrogante constante de qué pasara con nuestra Suprema Corte.
Y es obvia la respuesta, lo que los mexicanos queramos o permitamos que ocurra.
Porque quizás el lector deba conocer los siguiente. La Suprema Corte es la cabeza del Poder Judicial de la Federación, el cual también integra el Consejo de la Judicatura Federal, que es el órgano administrador, vigilante y sancionador de todos los jueces y magistrados federales.
Citado por el que suscribe ya en otra ocasión, José María Morelos, creador del primer Tribunal Supremo de nuestro país expresó: “Que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo proteja contra el fuerte y el arbitraria.
Sépase que esto no sería realidad sin la independencia.
¿Valdría la pena preguntarse si para Morelos, Juárez hubiera sido un conservador?.
Y recuerde Adolfo Ruiz Cortines gustaba de practicar el más cruel de todos los engaños consistente en mentir con la verdad.
Por eso decía que, en la política, no hay sorpresas sino, tan sólo hay sorprendidos. |
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