Distinguidos lectores, quiero comenzare este texto asentando algo que a mí me parece evidente, el gobierno se encuentra en una disyuntiva en cuanto a su estrategia de combate a la corrupción.
Puede seguir tratando de concentrar celosamente la agenda y apostarle a llevarse el mérito político por los posibles avances que pueda haber y que no ha habido, como lo ha hecho hasta ahora, o puede tener puentes con la sociedad civil y medios de comunicación para sumar fuerzas en la identificación e investigación de casos de corrupción.
La estrategia del gobierno en el combate a la corrupción, contaminada hasta el tuétano por cálculos electorales, ha sido hasta ahora utilizar las instituciones anticorrupción para voltear el pasado, ajustar cuentas con antiguos rivales políticos y traer a mecate corto a grupos o individuos a los que considera adversarios políticos, como lo han hecho con empresarios, líderes sindicales, integrantes de otros poderes y órganos autónomos.
La continuidad de esta estrategia implica, como ha sido hasta ahora, una cadena interminable de desatinos, tropiezos y contradicciones entre lo que ocurre en la realidad y un discurso anticorrupción que tiene méritos, pero que es cada vez más difícil de justificar.
Implica que el gobierno seguirá siendo sorprendido por casos de corrupción no del pasado sino de hoy, cometidos en esta administración por funcionarios nombrados por el presidente y descubiertos in fragante delicto, pero no por las instancias de control del gobierno, sino por medios de comunicación que investigan y organizaciones de la sociedad civil que piensan y analizan. Cada investigación, cada nuevo reportaje en el que se presentan casos de corrupción pública de esta administración le generan al gobierno un aturdimiento y un rechazo irreflexivo que provoca respuestas tardías e inconexas.
Es justo decir que el combate a la corrupción es una tarea sumamente ingrata.
El combate a la corrupción enfrenta además dificultades políticas pues cuando hay un caso de corrupción que involucra a personajes de alto rango político o a sus familiares, las instancias de control de la corrupción se quedan pasmadas, vacilan y se equivocan.
Más allá de la falta de congruencia del gobierno, lo cierto es que por más vasto que sea un sistema de contralorías que trabaja de forma transversal en la administración pública, nunca podrá competir con la capacidad de obtener información que tienen los medios de comunicación ni tampoco podrá competir con las habilidades que hoy
tienen las organizaciones sociales, especializadas en analizar casos concretos, sin interferencias políticas.
Esa es la disyuntiva actual del gobierno; puede seguir alienando y estigmatizando a medios y organizaciones de tener intereses ocultos y dobles agendas en a inútil disputa por ver quién encabeza realmente el combate a la corrupción. Eso sumaría a la descoordinación y una ausencia de puentes comunicantes entre el sector público, los medios y la sociedad organizada. La otra alternativa más difícil y que requiere de compromisos, implica tener la creatividad y el valor de desarrollar esquemas de colaboración virtuosa entre sociedad y gobierno en la construcción de una agenda anticorrupción conjunta.
Bien dicen los que saben de política que en esta actividad del ser humano por organizarse en sociedad para tratar de vivir mejor y velar por las garantías de la población no existen victorias para siempre ni derrotas definitivas.
Dándole vuelta a la página, las modificaciones a la ley Banxico Tienen su origen en un Banco cuyo propietario incursionó en el negocio de las remesas y se le hizo bolas el engrudo. ¿Qué hacer con tanto dólar si ya no se recibe en efectivo por las leyes de lavado de dinero? La mayoría de los migrantes utilizan algún sistema de pago para hacer llegar a sus familiares su apoyo económico y nadie tiene problemas, salvo el Banco del amigo de AMLO.
¿Y para qué sirven los amigos? Para cambiar la ley. Las consecuencias no tienen que ver con una serie de argumentos que pueden verse o no realizados, pero una cosa si es segura. Los dólares en efectivo no los manejan los migrantes, sino los narcos o los terroristas. Tampoco hay un circulante en efectivo amplio de turistas como se ha afirmado, ya que deben registrar gastos en sus países de origen. El lavado de dinero implica una organización delictiva, sobre todo en altos montos, que no son de los migrantes, ni del turismo.
Sí Banxico se ve obligado a comprarlos, estará al servicio de oscuros intereses y cuando se le audite por instituciones nacionales e internacionales, cual se hace, y salga a flote el escándalo de recursos cuya procedencia es incierta, el país sufrirá las consecuencias de ser calificado como narco estado, se cerrarán líneas de crédito, cuentas y recursos, las calificadoras nos descartarán como destino confiable a la inversión, subirá el costo del dinero. Es una violación a la autonomía de Banxico muy importante a nivel nacional y mundial.
Como banco central regulador de inflación, reservas, divisas, en fin, sería sancionado si hay recursos de procedencia ilícita.
Banxico debe mantener funciones que limitan acciones que atenten contra la economía nacional.
La directora del FMI, Kristalina Georgieva; afirmó que para resolver un pequeño problema no se debe crear uno más grande. Y afirmó hay consecuencias
indeseables de la ley y deben tomarse en serio las preocupaciones de Banxico por la pérdida de su independencia. El problema de las remesas no es un problema de una magnitud que merezca poner en riesgo al país.
Por el momento el Congreso aplazó la aprobación hasta febrero para analizar su contenido y supongo, sus riesgos.
Por su parte Moody´s asegura la ley afectaría la autonomía del banco central y debilitaría aún más el grado de inversión en el país pues se socavaría el pilar d la estabilidad macroeconómica de México.
¿No sería preferible que el Banco beneficiario de la medida cambie sus reglas de operación? Y que le ayuden desde el gobierno. Pero poner en riesgo el sistema financiero mexicano, no se debe hacer nunca, por eso se salvó el ahorro de los mexicanos cuando quebraron los bancos. No se puede cerrar México al sistema de pagos, como ya lo señaló Bank of America, sería un caos al no poder usar ni tarjetas ni cheques ni otros medios de pago por la desconfianza que imperaría. Por eso la 4T no quiere entenderlo. Y las consecuencias pueden ser catastróficas. La ABM, las cámaras empresariales y la propia UIF han alertado sobre el tema.
Los migrantes no son los beneficiarios, aunque Monreal trate siempre de protegerlos. Desde que fue gobernador de Zacatecas trató de impedir abusos por envíos carísimos de dinero. Ahora ensaya con las Afores lo mismo. Regular es apropiado, prohibir que las leyes económicas sigan su inercia, es absurdo y delicado.
A México lo miran con extrañeza desde el mundo.
AMLO ya no pide abrazos sino confinamiento, López Gatell ya no sabe de los colores del semáforo, se volvió daltónico y Claudia Scheinbaum se resigna a no poder aplicar un cierre que salvaría vidas.
El BID anunció que destinará 1000 mdd para países de América Latina para comprar las vacunas COVID.
Y por si no fuera poco, la fallida reforma que se pretendía aprobar para vulnerar no sólo la autonomía del Banco de México, sino de todo el sistema bancario nacional con la captación de dólares en efectivo, causó resquemor entre las agencias dedicadas a combatir el lavado de dinero en el mundo y claro, particularmente en la Unión Americana. |
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