SE ACABARON los afanes despóticos y dictatoriales del Presidente Andrés Manuel López Obrador que buscaba, al transferir –sin éxito- el control de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional tener el Ejército más grande de América Latina por aquello de lo que se ofrezca, y acaso la puntilla que dio el golpe final para que ocho magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidara es transferencia de una institución que debería ser de carácter civil, fue la vida de comodidades y extravagancias que se dispensa el titular de la SeDeNa en diferentes destinos a los que viaja acompañado de familiares, amigos y subordinados utilizando aeronaves de las Fuerzas Armadas, mientras que la GN a su cargo agrede a civiles como ha ocurrido en Matamoros, con dos masacres este año que han colocado a México en el ojo del huracán, dado que los agresores han sido integrantes de la milicia, algunos dados de alta como guardias nacionales. Por ello, el máximo tribunal del País analizó el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá (que se supone era amlista), quien propuso declarar inconstitucional la incorporación de la institución a la SeDeNa, propuesta que fue aprobada con ocho votos y tres en contra, estos últimos de los ministros serviles al Presidente, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea; la plagiaria de tesis, Yasmín Esquivel Mossa y la incondicional de AMLO, Loretta Ortiz Ahlf, quien no pierde las esperanzas de suplir a la actual magistrada Presidenta de la SCJN, Norma Piña Hernández.
LUCHARON LOS partidarios de López Obrador con todo lo que tenían, como Loretta Ortiz que argumentó hasta el incremento de la delincuencia desde la guerra contra el narcotráfico implementada por el ex Presidente Felipe Calderón para justificar que no comparte el sentido del proyecto, pero Luis María Aguilar se pronunció por la invalidez de todo el decreto de transferencia por considerarlo inconstitucional al trastocar la naturaleza civil de la Guardia. El ministro Javier Laynez aseguró que la transferencia de las facultades implica una readscripción y técnicamente es un fraude a la Constitución, y ocho magistrados avalaron la no transferencia hacia la Defensa Nacional, quedando a descubierto los serviles que anteponen la política a los jurídico, esto es, al Estado de Derecho que una vez más se impuso, demostrando que por fortuna la Suprema Corte sigue siendo un auténtico contrapeso al poder desbordado de López Obrador que deseaba llevar a México hacia el militarismo total.
EN MÉXICO, desde la Revolución Mexicana y al triunfo de esta en 1917 y, posteriormente hasta 1946 cuando el poder regreso a los gobiernos civiles con Miguel Alemán Valdez, no se había visto una intromisión tan penetrante de la milicia en asuntos de Gobierno. Y es que el Ejército adquirió centralidad en la posrevolución, pero desde 1946 a la fecha había prevalecido un consenso político donde el poder militar está subordinado al poder civil. La democratización que sobrevino en el cambio de siglo no alteró ese consenso, pero desde entonces sí ha incrementado gradualmente el poderío militar con la guerra del narco que el presidente Felipe Calderón declaró en 2006. Y aunque en teoría el Ejército mexicano tiene como finalidad enfrentar amenazas externas, en la práctica siempre se ha centrado en la seguridad interior, pero no con tanta presencia como ahora, salvo durante la Guerra Fría, vocación que fue justificada por los militares argumentando que el descontento tenía influencia extranjera, en especial referencia al comunismo. El despliegue de soldados contra estudiantes el 2 de octubre de 1968 fue sólo el caso más conocido de una práctica constante en escenarios tanto urbanos como rurales a lo largo de todo el país.
PERO A diferencia de aquella época, actualmente no hay un pretexto ni real ni ficticio de una amenaza proveniente del extranjero. Sin embargo, las fuerzas armadas fueron colocadas en un limbo jurídico desde 2006, al asumir tareas propias de la Policía Federal. Un contorno que solo tenía dos soluciones: regresar al Ejército a los cuarteles o legalizar la presencia del Ejército en las calles. AMLO prometió lo primero, pero llevó a la práctica lo segundo.
EN MÉXICO nadie quiere más militarización, por el contrario, se desearía que los militares regresen a los cuarteles y que, incluso, dejen de ser usados como albañiles en la construcción de obra de la Cuarta Transformación como fue el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y como es el Tren Maya y otras infraestructuras, porque se ofende su función primordial que es velar por la seguridad ante ataques internacionales al País y coadyuvar en tareas de salvamento en casos de desastres, pero traerlos en tareas de albañilería es denigrante, mientras una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad en alianza con Fábrica de Periodismo, revela los millonarios viajes del general Luis Cresencio Sandoval González al extranjero, que hasta hace poco eran poco conocidos. Lejos de los reflectores, sin alardes, los viajes del titular de la SeDeNa son de “terciopelo”, como se dice en el argot militar: en jets del Ejército, hoteles de alta gama, comidas y cenas en buenos restaurantes, viáticos en suficiencia y visitas a museos y lugares emblemáticos de las ciudades visitadas. Pero esos gustos, dice el especialista en planeación y dirección de empresas informativas, Ignacio Rodríguez Reyna, no los disfruta en solitario. El general Sandoval suele viajar acompañado. Varias de las plazas de los jets del Ejército mexicano son ocupadas por su esposa, su hija, su hijo (un alto funcionario federal de inteligencia), su nuera, su pequeña nieta y a veces su consuegra.
AL SECRETARIO de la Defensa Nacional, ilustra Rodríguez Reyna, lo acompaña siempre, además, una célula de al menos 10 militares que atiende sus necesidades: ayudantes de campo, asistentes para él y para su esposa, jefe de seguridad, médico, enfermera, intérprete, además de los efectivos encargados de la avanzada, y nada en esos viajes recuerda al espíritu de la austeridad republicana ni la justa medianía. Exhibe, en cambio, el hinchado músculo de la influencia pública y el poder presupuestal de la Defensa Nacional, esto mientras cientos de militares son usados en tareas que nada tienen que ver con la responsabilidad que debe tener un militar, según reza el artículo 28 del
reglamento general de los deberes militares que a la letra dice: “Queda prohibido a todo militar, desempeñar funciones de policía urbana o invadir las funciones de ésta, debiendo prestar su contingente sólo en los casos especiales en que lo ordene la Secretaría de Guerra. Cuando intervenga directamente, en caso de flagrante delito, de acuerdo con el artículo 16 de la Constitución de la República, dicha intervención terminará desde el momento en que un miembro de la policía u otra autoridad se presente. En fin, que bueno que la corte puso un alto a los afanes de dictador del Presidente Andrés Manuel López Obrador que al igual que los gobiernos de izquierda en América Latina sustentan su poder y permanencia en los militares. OPINA carjesus30@hotmail.com
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