LA LLAMADA ministra del Pueblo, Lenia Batres Guadarrama, la que llegó a la suprema Corte de Justicia de la Nación recomendada por su hermano, el jefe de Gobierno capitalino, Martí Batres Guadarrama e impuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, por fin tuvo un momento de lucidez y congruencia en su infinita cerrazón producto de pretéritos resentimientos, y en ese contexto acepta que, con la reforma al Poder Judicial propuesta por el titular del ejecutivo Federal no se resuelve el problema de la justicia en el país, por lo que, también, las adecuaciones se deben enfocar en cambios profundos en los ministerios públicos o fiscalías. Y lo dice, de la siguiente manera: “es muy obvio porque hay unas fallas muy fuertes en nuestro sistema de justicia, pero fíjense, yo acoto ahí que tuvimos ocho años de reforma del sistema acusatorio en materia penal en nuestro País, se invirtieron más de 35 mil millones de pesos, y después de que terminamos es cuando dicen: ay, se nos olvidó el ministerio público”. Y nos guste o no, tiene razón la alegórica ministra, porque la justicia es como la construcción de un gran edificio. El arquitecto puede ser muy bueno, pero si los albañiles no cumplen con los estándares establecidos, simple y llanamente el inmueble tendrá fallas estructuras que podrían provocar hasta su caída. Por ello la importancia de que la construcción inicie desde abajo, cumpliendo las normas, de tal manera que los inspectores que son los que examinan los planos e inspeccionan las obras de construcción en curso puedan dar el visto bueno de que si cumplen con los reglamentos. Llevada al tema judicial, los policías preventivos o ministeriales, según sea el caso, ponen a disposición de un fiscal al presunto transgresor, y estos tienen la obligación de armar carpetas sustentadas en la realidad y no en ocurrencias, agotando todo tipo de investigaciones antes de pasarla a un juez que es quien determina la culpabilidad de la persona en base a la carpeta que le armaron, porque los juzgadores no son investigadores sino intérpretes de la ley, y en base a ello determinan las sanciones que merece cada imputado.
PERO LOS fiscales forma parte del Poder Ejecutivo, llámese Federal o Estatales, y son estos quienes los imponen usando al Congreso del Estado, casi siempre favorable al Presidente o Gobernadores en turno, convirtiendo al Fiscal General de la República o de los Estados en instrumentos o brazo armado para sus propios fines. Los fiscales sirven a ciegas al ejecutivo, porque de ellos dependen económica y políticamente, y no someterse implicaría graves errores que podría costarle la permanencia, aun cuando la simulación plasmada en la Constitución local establece que: La procuración de justicia y la vigilancia del cumplimiento de las leyes, de acuerdo con las disposiciones de la Constitución federal que rigen la actuación del ministerio público, para ejercer las acciones correspondientes en contra de los infractores de la ley, así como las que tengan por objeto la efectiva reparación del daño causado y la protección de los derechos de la víctima del acto ilícito. Esta actividad estará a cargo del organismo autónomo del Estado denominado Fiscalía General, que para su estricto cumplimiento contará con una autonomía presupuestaria (algo que no es cierto) que podrá ser mayor pero no menor al uno punto cinco por ciento del total del presupuesto general del Estado previsto para el ejercicio anual respectivo y que deberá ministrarse conforme al calendario autorizado en los términos que establezca la ley. Por si quedaban dudas, la propia Constitución señala que: “La función de procurar justicia encomendada a la Fiscalía General, se regirá por los principios de autonomía, eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto a los derechos humanos, de acuerdo con las siguientes bases (juzgue usted si es cierto): a) El titular de la función del Ministerio Público ejercida por este órgano autónomo será el Fiscal General del Estado quien, para el ejercicio de sus funciones, contará con los fiscales auxiliares, agentes, policía ministerial y demás personal, que estará bajo su autoridad y mando directo, en los términos que establezca la ley, la cual señalará los requisitos y, en su caso, el procedimiento para los nombramientos, sustituciones y remociones.
EN FIN, todo un aparato al servicio del Estado, porque de autónomas las fiscalías no tienen nada, y acaso por ello, si los ministros y jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y de los de los Poderes Judiciales de los Estados serán electos en base a la reforma que propone el Presidente en turno, que los Fiscales como el general de la República y los Estatales, también, sean electos por el pueblo, ya que en esos cargos han sido impuestos amigos, compadres, parientes, compromisos de campaña, pero menos juristas capaces de armar carpetas de investigación que permitan a los jueces ejercer la ley como corresponde partiendo de ilícitos cometido por la persona que es juzgada. Porque el verdadero cuello de botella en la procuración de justicia comienza en los ministerios públicos o fiscalías, de tal suerte que cuando una carpeta llega a mano de un juez, si esta carece de sustento o contiene violaciones al debido proceso, es lógico que este la deseche y, por tanto, el acusado obtenga su libertad como ha sucedido, y ahí están los casos de infinidad de políticos a quienes a conveniencia les han armado indagatorias con recovecos que permitan, una vez consignados antes las autoridades, librar la cárcel o la reparación de los daños cometidos.
Y ES que, si bien, como argumenta la ministra Batres Guadarrama, defensora de reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) de AMLO, que es necesario que ese poder del Estado sea sometido a controles democráticos, administrativos, jurisdiccionales y financieros, lo cierto es que de ser aprobada la adecuación presidencial, la siguiente fase debe ser una reforma a los ministerios públicos federales y Estatales, esto es, que los fiscales, desde el más arriba al menor sean electos por el pueblo, como en el viejo Oeste, para que ya no dependan más del ejecutivo, incluso, cuenten con presupuesto autónomo plenamente para que ejerzan su labor sin presiones y sin intervenciones de los gobernadores o del Presidente en funciones, porque a la fecha las fiscalías o ministerios públicos sirven al Poder Ejecutivo, de tal suerte que en Veracruz, el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez, en ese afán de demostrar su poder, se ha convertido en vocero de la Fiscalía, adelantándose siempre a los comunicados oficiales de la dependencia o de la propia Fiscal.
SI QUIEREN democracia y que la ley esté en manos del pueblo, esto es, de personas en muchos casos sin la experiencia o capacidad necesaria para la aplicación del Estado de Derecho, pues que se elijan, también a las fiscalías o ministerios públicos, de tal manera que se termine con los brazos armados o represores al servicio del ejecutivo, y que tanto ministros, jueces y Fiscales puedan ser removidos del cargo en base a encuestas sociales cuando falle en la responsabilidad que les compete. O todos coludos o todos rabones, dijeran en mi pueblo…OPINA carjesus30@hotmail.com
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