EL MOVIMIENTO de Regeneración Nacional tiene en puerta otro caso de presunta corrupción (independientemente del asunto Roció Nahle García y sus fastuosas residencias, cuentas en paraísos fiscales y gasolineras), que podría afectar la elección del 2024 para ese partido, dependiendo del manejo que las autoridades de la Fiscalía General del Estado determinen. Y es que en caso de que decidan darle para adelante, sin consideraciones políticas de ninguna especie, y solo atendiendo el combate a la corrupción, varios cercanos al Gobernador Cuitláhuac García Jiménez se verán involucrados, sobre todo aquellos que en su momento la impulsaron y ahora buscan encarcelarla, apelando a la consigna de Hernán Cortez que ordenó quemar los pies a Cuauhtémoc, el último emperador azteca, solo para que revelara donde se encontraba el tesoro de la gran Tenochtitlán. Y este es un caso similar: Joana Marlén Bautista Flores fungió como administradora del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado por imposición del, entonces, Subsecretario de Planeación y Finanzas, el otrora poderoso primo hermano del mandatario en funciones, y con el aval del Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Juan Javier Gómez Cazarín, quien ahora se ostenta como futuro Secretario General de Gobierno en caso de que gane Rocío Nahle la elección. Pero algo pasó, y en septiembre del año pasado, Bautista Flores fue destituida de su cargo como administradora del Poder Judicial del Estado tras asistir a la inscripción de Rocío Nahle García como aspirante a la candidatura para ser coordinadora de la 4T en la entidad, aunque ese fue el pretexto, ya que días antes sus colaboradores, Elvis Viveros Arroyo, jefe de recursos generales, y Ofir Ali Gutiérrez Ponce, subdirector de Recursos Materiales fueron señalados por presuntos derroches. Lo que extrañó fue el cese, puesto que Joana Bautista era muy cercana al subsecretario de Finanzas, Eleazar Guerrero Pérez (que la impuso en el puesto sin tener el perfil necesario), siendo acusada durante su gestión de diversas acciones que la evidenciaban como nueva rica, además de que en varias ocasiones se le vio realizar actos de proselitismo a favor de Morena.
CUATRO MESES después del cese –luego de permanecer tres años en el puesto al que llegó impuesta el 6 de agosto de 2020 tras desempeñarse como secretaria particular de Eleazar Guerrero Pérez-, a Joana Marlén la Auditoria Superior de la Federación le detectó irregularidades como, el no haber solventado una observación por el probable mal uso o manejo de 82 millones de pesos detectados en la cuenta pública de 2021, cuando fungía como administradora del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado. De acuerdo al documento: Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación de la ASF, el Poder Judicial del Estado reconoce haber utilizado recursos federales etiquetados en los capítulos 2000, 3000 y 5000 con tal de poder hacer frente a obligaciones laborales en el ejercicio fiscal 2021, y de acuerdo a la indagatoria, la administración del Poder Judicial no contempló el pago de servicios personales en el ejercicio fiscal de 2021 (salarios, bonos y prestaciones). En consecuencia, habría empleado indebidamente recursos del Fondo Auxiliar para la Impartición de Justicia a fin de hacer frente a esos pagos, considerados en la acción 2021-E-30004-19-1870-03-001, pese a que los recursos que debió usar estaban etiquetados para ello. Por esa razón, la auditoría de la ASF determina que, el Poder Judicial de Veracruz no fue capaz de aclarar o justificar “el haber incrementado durante el ejercicio fiscal 2021 la asignación global de servicios personales aprobada originalmente en el Presupuesto de Egresos del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y registrar un monto pagado superior al originalmente aprobado”. Por ello, refiere, subsiste el monto observado por 82 millones 4 mil 811 pesos.
Y ESO ocurre, a pesar de que, en junio de 2021, la entonces presidenta del Poder Judicial, Isabel Romero Cruz, anunció el cierre de 29 juzgados en Veracruz, con lo que dijo, ahorraría un total de 22 millones de pesos, como parte de un plan de austeridad, optimización y disciplina presupuestal. La decisión fue anunciada con bombo y platillo por el gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, quien presumió al Poder Judicial como ejemplo nacional de austeridad y disciplina financiera, pero lo cierto es que no hubo tal ahorro, sino un gasto extraordinario de más de 82 millones de pesos que fueron tomados del fondo auxiliar, por lo que se desconoce dónde quedaron los recursos que por ese monto debieron aplicarse, lo que ha provocado indignación entre los abogados que conocen el caso, y que pugnan porque se aplique la ley no solo a Joana Marlén sino, también, a sus cómplices que estarían en la cuerda floja si la ex funcionaria hablara, pues de acuerdo a informes que se tienen, y que estaría dispuesta a dilucidar.. Y es que los recursos desviados, además de otros 300 millones de pesos se destinaron a gastos de cierto ex poderoso “servidor público” caído del aprecio de Rocío Nahle, y de un diputado local tuxtleco, pues hasta donde se sabe, la ex administradora tiene pruebas testimoniales que hundirían a más de tres, y acaso por ello la Fiscalía ha sido cauta al proceder en su contra, además de que son tiempos electorales.
POR EJEMPLO, el miércoles Batista Flores fue citada a comparecer por la Fiscalía, pero no se presentó debido a que presentó un comprobante de salud deteriorada, cuando en realidad goza de cabal energía e inmunidad. A la ex protegida de Eleazar Guerrero y Gómez Cazarín le iban a informar que su situación jurídica cambio de testigo a imputada, y sabedora de que al comparecer podría quedar detenida, recurrió a sus influencias para mostrar una dispensa médica que la liberaba de asistir, algo que no podrá usar permanentemente, porque lo que se sabe, ya prepara su defensa, sabedora de que la quieren en prisión para obligarla a devolver, no a las arcas sino a los bolsillos de vivales, parte de los recursos que le acreditan como defraudados.
POR LO PRONTO, hace dos meses la presidenta del Poder Judicial de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, confirmó la existencia de 4 denuncias penales por presuntos actos de corrupción cometidos al interior del organismo, y aunque se presentaron contra quienes resulten responsables, los hechos corresponden a 2023, el último año que Joana Marlén Bautista Flores fungió como administradora del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado. Jiménez refiere que las 4 denuncias están soportadas con una auditoría realizada por la Contraloría Interna del Poder Judicial, y entre los posibles actos constitutivos de delito, destaca la probable existencia de una red de empresas fantasma mediante las cuales el Poder Judicial contrató servicios por casi 50 millones de pesos. De acuerdo con la también presidenta del Consejo de la Judicatura, las denuncias se presentaron desde octubre de 2023 ante la Fiscalía de investigaciones Ministeriales (FIM) y serán las autoridades encargadas de procurar justicia quienes delimiten responsabilidades. Ojalá hablara doña Marlén para que muchos nuevos ricos del periodo cuitlahueco pagaran sus culpas. OPINA carjesus30@hotmail.com
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