GRAVE, SIN duda el nuevo orden político que habrá de experimentarse a partir de Septiembre, con una Presidencia de la República que tendrá mayoría calificada en el Congreso de la Unión –cámara alta y baja-, lo que ha provocado fundados temores en mercados internacionales depreciando el peso ante el dólar. Y es que los inversionistas ven con recelo al menos dos factores: la perdida de contrapesos entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, lo que podría dar pautas a reformas constituciones sin precedentes, entre otros, al Poder Judicial que sigue siendo, al menos hasta el momento, el único equilibrio en la balanza de poder. Si este es modificado para imponer magistrados a modo, sin carrera judicial y electos al estilo del Movimiento de Regeneración Nacional, esto es, mediante tómbolas o a partir del consenso de quienes desconocen el derecho, la justicia en México estaría en riesgo, y eso lo ven con reticencia nuestros vecinos en Estados Unidos y Canadá, porque quedarían desprotegidos ante eventuales conflictos internacionales enmarcados en el Tratado Comercial de Libre Comercio. El carro completo, lejos de ser positivo para MoReNa se convertirá en un arma de doble filo de cara a los mercados foráneos y a los inversionistas, ya que la división tradicional se ha basado en la existencia de tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial que se justifican por necesidades funcionales y de mutuo control. Y es que el propósito central de la separación de poderes es permitir el funcionamiento de las ramas de jerarquía similar que integran el Estado, pero de manera separada y sin que una interfiera con la otra, libres de controles, obstrucciones o presiones intimidatorias. Sin embargo, si los poderes Legislativo y Judicial quedan supeditados al Ejecutivo, podría incurrirse en la tentación abusiva de poder, en mecanismos autoritarios y dictatoriales de Gobierno en detrimento de la sociedad.
NO ES secreto que los formuladores de la teoría de la división de poderes son John Locke y Charles Louis de Secondat (Montesquieu), y ambos parten de la necesidad de que las decisiones no deben concentrarse, por lo que los órganos del poder han de autocontrolarse a través de un sistema de contrapesos y equilibrios. En ese sentido, la división tradicional se ha basado en la existencia de tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además de que en los sistemas democráticos se concibe como un complemento a la regla de la mayoría, ya que gracias a él se protegen mejor las libertades individuales. En ese sentido, la Constitución mexicana localiza y precisa las diversas funciones del Estado mexicano en tres órganos distintos e independientes, como principio de limitación y colaboración de un poder de la Federación, mediante fórmulas constitucionales de competencia, función y equilibrio de los citados órganos. Sin embargo, si el legislativo está supeditado al Ejecutivo, este puede manipular la Carta Magna a modo, incluso para concretar un Poder Judicial supeditado incapaz de responder a las demandas de justicia de la sociedad, pero, sobre todo, de operar como garantes de la Constitución.
EN ESE tenor, México enfrenta un inicio de mes rojo para los mercados financieros tras la jornada electoral del domingo pasado, pues si bien los resultados preliminares oficiales de la contienda confirmaron que la candidata oficialista Claudia Sheinbaum será la próxima presidenta del País, la sorpresa fue el resultado de las elecciones para el Congreso de la Unión, lo que llevo a que el peso mexicano y la Bolsa Mexicana de Valores se desplomaran el lunes como no lo hacían desde que inició la pandemia. En ese sentido, el peso mexicano acentuó su caída en un 4.3 por ciento con el tipo de cambio ubicándose en los 17.73 pesos por dólar, siendo su mayor desplome desde el 16 de marzo de 2020, de acuerdo con los datos en tiempo real. Y es que según Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico y Financiero en Grupo Financiero Base, se vivió un lunes muy negro para los mercados en el País, y los primeros tres días de la semana van a ser de mucha volatilidad y eso incrementa mucho la probabilidad de que el tipo de cambio pueda subir a niveles de 18.00 o 18.50 pesos por dólar, y acaso esa sea una de las causas por las que Claudia Sheinbaum Pardo haya pedido al Secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, seguir al frente de la dependencia, para evitar vivir la misma historia de Ernesto Zedillo Ponce de León cuando asumió el poder, y el peso se le vino a pique a Enrique Serra Puche.
SIN CONTRAPESOS, Claudia Sheinbaum tendrá un cheque en blanco para complacer al, todavía Presidente Andrés Manuel López Obrador, a partir del 1 de septiembre, cuando se instalará la LXVI Legislatura, en la cual Morena y sus aliados tendrán “carro completo”, lo cual les permitirá pavimentar lo que Claudia Sheinbaum llama el segundo piso de la Cuarta Transformación, de modo que se espera una intensa agenda de reformas. En septiembre todavía estará en funciones el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien tiene la intención de promover una reforma constitucional para que la Guardia Nacional quede bajo el control total del Ejército, lo que podrán hacerlo con sus 243 diputados por Morena, 48 por el Partido del Trabajo y 74 del Partido Verde Ecologista de México, lo que significa una mayoría calificada (365 en total), es decir, de dos terceras partes.
AMLO HA externado su deseo de llevar a cabo una reforma al Poder Judicial antes de concluir su mandato, e insiste en su propuesta de que los ministros sean electos a través del voto popular, tal como sucede con el Ejecutivo y Legislativo. Lo peor es que Sheinbaum ha expresado en los últimos meses su compromiso de seguir con la agenda reformista del presidente López Obrador, tal como la reforma energética, además de una reforma político-electoral para desaparecer la figura de diputados y senadores plurinominales. Como fuera, el proceso legislativo en México para reformar la Constitución se compone de los siguientes pasos: la propuesta de reforma puede ser presentada por el Presidente de la República, los diputados y senadores del Congreso de la Unión, las legislaturas de los estados, y los ciudadanos en un número equivalente a por lo menos el 0.13% de la lista nominal de electores. La iniciativa se turna a comisiones en ambas cámaras (Diputados y Senadores) para su análisis y dictaminación. Posteriormente, se discute y vota en el pleno de cada cámara. Para su aprobación se requiere una mayoría calificada de dos terceras partes de los miembros presentes. Una vez aprobada por el Congreso de la Unión, la reforma constitucional debe ser ratificada por la mayoría de las legislaturas de los estados (al menos 17 de las 32 entidades federativas). Si se obtiene la ratificación necesaria, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión (o el mismo Congreso si está en periodo de sesiones) emite la declaratoria de constitucionalidad de la reforma. Finalmente, el Presidente de la República promulga la reforma y se publica en el Diario Oficial de la Federación para su entrada en vigor, lo que podría ocurrir en bulto durante el mes de septiembre, de tal manera que AMLO asuma la responsabilidad del nuevo orden que heredaría a la sucesora. Que Dios nos agarre confesados. OPINA carjesus30@hotmail.com
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