SE ACERCA el proceso electoral de 2024 que renovará la gubernatura del Estado (además de la Presidencia, el Congreso de la Unión, diputaciones locales y algunas presidencias municipales), y aunque ciertos duartistas ya negociaron con el Gobierno de la Cuarta Transformación para evitar ser procesados y detenidos, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez lanza dos advertencias: una para los jueces Federales que se atrevan a otorgar algún nuevo amparo en favor del nefasto ex mandatario Estatal, Javier Duarte de Ochoa, sobre todo para evitar ser procesados por los presuntos delitos de desaparición forzada, un pendiente que aún tiene el cordobés con la sociedad y la justicia, y la otra para el ex secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita a quien advierte que la Fiscalía General del Estado lo sigue investigando por los mismos ilícitos, aunque, paralelamente le siguen indagando el origen de su fortuna que desde 2016, siendo diputado Federal, Cuitláhuac atribuía a ciertos nexos con la delincuencia, y acaso quiere una tajada de ambos. Tal vez ignora el sedicioso gobernante veracruzano -que encabezará el sábado 20 a sus huestes en la ciudad de México para protestar frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación-, que entre las funciones de los jueces se encuentra el hacer efectivos los derechos, obligaciones, garantías y libertades consagradas en la Constitución y en las leyes con el fin de lograr y mantener la convivencia social, pero que, además, un juez de amparo nunca sustituye a la autoridad responsable del conocimiento directo, ni en los trámites, ni en el fondo del asunto en que se produjo el acto reclamado, ni siquiera cuando el amparo se intenta ante el superior de la autoridad judicial a quien se atribuye una violación de garantías en los casos que especifica el artículo 37 de la ley de la materia, porque dicho superior no resuelve en grado, o sea, en segunda instancia, sino precisamente como juez de distrito sustituido y, por tanto, con las mismas calidades y efectos que este.
PERO DICE el mandatario -que al igual que su tutor invade facultades del Poder Judicial-, que denunciará a jueces que otorguen algún amparo al ex gobernador Javier Duarte por desaparición forzada, ignorando que todo procesado tiene derecho a ese tipo de recursos, y que los jueces en el ejercicio de la función judicial no solo resuelven un conflicto en particular, sino que al hacerlo realizan otra serie de funciones que van desde la aplicación, interpretación y creación del derecho hasta la generación de la paz social y de seguridad jurídica de los acusados entre otras cuestiones. Sin duda a Javier Duarte de Ochoa debe juzgársele por delitos que aún tiene pendientes como la desaparición forzada por la que es procesado desde el 2022, pero de eso a amenazar a los jueces, como lo hace Cuitláhuac García creyéndose señor de horca y cuchilla hay mucha diferencia. La reacción del titular del Ejecutivo del Estado surge a partir del amparo concedido a Duarte por el delito de incumplimiento de un deber legal el pasado martes, por lo que inconforme con la decisión, el gobernador lanza la amenaza a los jueces federales y a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que quien se atreva a otorgar un amparo al ex gobernador que enfrenta ya proceso por el delito de desaparición forzada, tendrá consecuencias. La postura del mandatario que motivó que el aludido replicara que la actitud de García solo evidencia que su caso es más político que judicial, y en ese tenor exhorta a los juzgadores a no hacerle caso.
NO ES secreto que desde hace varios años, colectivos de familiares de desaparecidos en Veracruz habían pedido que Duarte de Ochoa fuese juzgado por este delito, por lo que ahora que finalmente ha sido imputado y vinculado a proceso por su probable participación en la desaparición forzada de personas, celebran tal decisión. Y es que la
Fiscalía del Estado detalló que Javier Duarte, quien ya está preso en Ciudad de México por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa, ahora está bajo sospecha de haber estado involucrado en la desaparición de una persona, cuya identidad no fue revelada, sin embargo, Rosalía Castro, integrante del Colectivo Solecito, dice que de acuerdo con las cifras de esa organización, al menos 300 personas desaparecieron de 2010 a 2016, durante el mandato del procesado. “Él ya nos destrozó la vida, y por eso que se quede encerrado en la cárcel toda su vida, porque ni así pagará todo el daño que nos hizo. Estamos con esperanzas y fe que la justicia nos llegue poco a poco”, asume.
POR ELLO, ante la posibilidad de que un juez Federal le otorgue un amparo, García Jiménez dice estar atento del proceso penal que se le sigue al ex gobernador por desaparición forzada, y deja en claro: “hay que insistir a los jueces federales y a la Corte que nosotros vamos a estar atentos, no me voy a quedar callado; voy a denunciar al juez que malversando las leyes y el derecho se atreva a emitir un amparo a Javier 'N'”, amenaza. Pero no solo eso, advierte que al ex secretario de Seguridad, Arturo Bermúdez Zurita se le mantiene abierta una investigación por ese mismo delito. “La investigación no ha concluido, y aún no hay sentencia por el delito de desaparición forzada”, por lo que en caso de ser encontrado culpable podrían revocarle la medida cautelar de libertad condicionada por la de prisión preventiva oficiosa.
PARA VARIAR, apenas el pasado tres de Abril, Karime Macías Tubilla, ex esposa del ex gobernador Duarte de Ochoa fue notificada de que su proceso de extradición a México continua vigente, ya que un Tribunal Colegiado en la Ciudad de México le negó el amparo que solicitaba para frenar su entrega por el delito de fraude específico. De acuerdo con la lista de notificaciones del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), la exesposa de Javier Duarte solicitó el amparo contra la “omisión de informar a las autoridades en el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda, que el Gobierno de México, cesa en su intención de requerir la extradición de la quejosa, en tanto se ha consumado la prescripción de la acción penal sobre la imputación que existe en su contra...; los actos tendentes a continuar el proceso de extradición en contra de la quejosa (causa penal 150/2018)”. Pero al realizar el estudio del recurso, los integrantes del cuerpo colegiado determinaron que son infundados los argumentos presentados por Karime Macías, al mencionar que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía de Veracruz probaron que “no tenían esa obligación, porque la orden de aprehensión seguía vigente y estaban supeditadas a seguir la resolución judicial que resolvió que no estaba prescrita, en la medida en la que se interrumpió”. La Dirección General de Procedimientos Internacionales de la Fiscalía General de la República también negó ser omisa en informar que había operado la prescripción de la acción penal que refirió la quejosa, porque dijo esa autoridad, que, si bien es cierto que interviene en los casos de extradición internacional, también lo es que lo hace en sus facultades de cooperación y no como fiscalía requirente ya que esa facultad, en este caso, la tiene la del Estado de Veracruz. De modo que, si la orden de aprehensión contra Karime Macías sigue vigente y ejecutable, la autoridad ministerial requirente mantiene su intención de lograr la extradición y no tiene instrucción en contrario; entonces no tiene la obligación de informar lo que pretende la quejosa”. Asi las cosas. OPINA carjesus30@hotmail.com
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