DICEN LOS que conocen los entretejidos de la telaraña de la siguiente historia, que el caso Joana Marlen Bautista Flores, quien se desempeñaba hasta hace poco como administradora del Poder Judicial del Estado por obra y gracia del subsecretario de administración y finanzas, Eleazar Guerrero Pérez, primo hermano del Gobernador Cuitláhuac García Jiménez, y con el aval del diputado local, Juan Javier Gómez Cazarín, podría poner contra la pared a más de tres “honestos” morenistas, incluidos los padrinos que la encumbraron y explotaron, convirtiéndola de la noche a la mañana en una viajera frecuente en clase premier, presumiendo, por supuesto sus lujosos traslados a destinos vacacionales de excelencia (el nada tiene y logra tener loco se quiere volver), siempre y cuando cumpliera con lo que le ordenaban, se ignora si por instrucciones del mandatario en turno, aunque, seguramente no es un tema que ignorara el inquilino de Palacio de Gobierno ya que de todo está enterado. Como fuera, el pasado 27 de Septiembre la, hasta entonces, influyente mujer fue removida como directora administrativa del Tribunal Superior de Justicia por, dizque, “asistir a un acto proselitista”, ya que estuvo en el registro de Rocío Nahle cumpliendo órdenes, y en ese tenor, a través de un actuario fue notificada de su cese, lo que fue confirmado por la aludida a los medios de comunicación. Se informó someramente que el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial estatal decidió relevarla de su puesto por “actos de proselitismo”, luego de que la hoy ex funcionaria asistiera al registro de la secretaria de Energía, Rocío Nahle en el proceso interno de Morena para buscar la candidatura a la gubernatura de Veracruz. Pero ese fue solo un pretexto, ya que Joana Marlen había asistido a gran cantidad de eventos político-partidistas previamente, usando recursos financieros y humanos del TSJEV, esto es, camionetas y choferes asignados sin que le aplicaran sanción alguna o reprendieran. Incluso se le vio en aquel evento, cuando obligaron a burócratas estatales a “celebrar” en la plaza Lerdo de Xalapa la “victoria” de Claudia Sheinbaum en el proceso interno de Morena para la candidatura presidencial.
AHORA BIEN, con la renuncia obligada vinieron las denuncias contra el “ángel caído”, acusándola de haber desviado millonarias sumas del Poder Judicial para su beneficio personal, pero la telenovela, hasta donde se sabe, no solo involucra al Poder Judicial del Estado, sino también al congreso local y a la fiscalía estatal, y lo curioso es que la carpeta abierta contra Bautista Flores contienen elementos para ser judicializada ipso facto, pero curiosamente no lo hace la fiscalía porque el asunto es realmente serio. Joana Marlen tiene información que pondría de rodillas al diputado de Los Tuxtlas, ya que existe un fondo auxiliar que se integra con recursos que aportan los abogados postulantes de muchas maneras que no aparece por ninguna parte, y nada tienen que ver con los 82 millones de pesos que encontró como daño patrimonial la Auditoria Superior de la Federación. No, de ninguna manera: se trataría de casi 300 millones de pesos que la ex funcionaria transfirió a cuentas que le ordenaron, y que bastaría con que se diera un seguimiento bancario para detectarlo. Según nuestro informante, la tumba política de Joana fue negarse a seguir transfiriendo recursos, pero tuvo buen cuidado de guardar testimoniales, y acaso por ello la Fiscalía Estatal no procede, ya que de otra manera comenzarían a rodar muchas testas coronadas. Y uno se pregunta: ¿tendrá tanta información comprometedora la ex administradora del poder judicial en contra de algún diputado muy cercano a Cuitláhuac y, hasta hace poco, a Rocío Nahle, además de otros funcionarios?
PORQUE EL problema del poder judicial no queda en los 82 millones de pesos que dice la presidenta Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre que fueron desfalcados, robados o defraudados, sino que es mucho más, y bastaría darles una revisada a las llamadas ciudades judiciales donde ella es cómplice al guardar silencio de un gran acto de corrupción con la compra de climas sin compresores, y solo para simular que se estaban instalando, independientemente de su construcción con decenas de anomalías. Dicen que la titular del Poder Judicial habría condicionado a la Fiscalía Estatal que si quería se siguieran emitiendo órdenes de aprehensión, se procediera contra Joana Marlén, pero, al parecer, la instrucción es congelar el caso el tiempo que sea necesario, ya que de judicializarse la carpeta se llevarían entre las coces a un “distinguido” legislador paisano de la titular de la FGE, e incluso al primo cómodo, detestado por Rocío Nahle, a quien responsabiliza de haber financiado la difusión de la arenga que hizo el esposo de la zacatecana, comportándose como si se tratara de una especie de vicecandidato y acaso, si gana su cónyuge la gubernatura, el poder tras el trono.
Y AUNQUE Eleazar Guerrero Pérez niega a Joana Marlén, lo cierto es que todos los puestos administrativos tienen la venia del primo cómodo, y solo como dato, antes de ser nombrada directora administrativa del Poder Judicial, Joana laboraba al lado de Eleazar Guerrero Pérez en la Subsecretaría de Finanzas y Planeación. Como fuera, el pasado 9 de febrero de 2024, la presidenta del Poder Judicial del Estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre confirmó la existencia de 4 denuncias penales por presuntos actos de corrupción cometidos al interior del organismo. Aunque dichas querellas se presentaron contra quienes resulten responsables, los hechos corresponden a 2023, el último año cuando Bautista Flores fungió como administradora del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado. Las 4 denuncias están soportadas con una auditoría realizada por la Contraloría Interna del Poder Judicial, y entre los posibles actos constitutivos de delito, destaca la probable existencia de una red de empresas fantasma mediante las cuales el Poder Judicial contrató servicios por casi 50 millones de pesos. De acuerdo con la también presidenta del Consejo de la Judicatura, las denuncias se presentaron desde octubre de 2023 ante la Fiscalía de investigaciones Ministeriales (FIM), y serán las autoridades encargadas de procurar justicia quienes delimiten responsabilidades, pero curiosamente el caso descansa el sueño de los justos.
POR LO pronto, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) concluyó que el Poder Judicial de Veracruz no logró solventar una observación por el probable mal manejo de 82 millones de pesos detectados en la cuenta pública cuando Joana Marlen Bautista Flores fungió como administradora del Consejo de la Judicatura. Según el documento de la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación de la ASF, el Poder Judicial de Veracruz reconoció haber utilizado recursos federales etiquetados en los capítulos 2000, 3000 y 5000 con tal de poder hacer frente a obligaciones laborales en el ejercicio fiscal 2021. Por esa razón, si no tienen nada que temer ¿por qué no ejercen acción penal contra Joana Marlen? ¿a quién o quienes protegen realmente? Y es que si el próximo congreso local queda en manos de la oposición, que vayan pensando en algún juicio político contra el Poder Judicial, la Fiscalía Estatal, algún diputado del Congreso y hasta contra la propia Marlen. Así las cosas…OPINA carjesus30@hotmail.com
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