ALGUNOS MORENOS, como el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez –que ya acudió presuroso ante la Presidenta Electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo en busca de empleo para cuando asuma el poder-, creen que cambiando el nombre o desapareciendo a una organización policiaca que surgió como brazo armado del Gobierno de Javier Duarte de Ochoa, y que se mantuvo cometiendo arbitrariedades con Miguel Ángel Yunes Linares hasta convertirse en cuasi grupo criminal con Cuitláhuac García Jiménez, basta con integrar a sus elementos a un solo mando de la Secretaría de Seguridad Pública para que todo cambie, y de la noche a la mañana los integrantes de Fuerza Civil se conviertan en blancas palomas o hermanitos de la caridad. Nada más iluso. Decían los viejos que “perro que come huevo, aunque le quemen el chipo”, o lo que es lo mismo, quien tiene costumbres inveteradas las seguirá irremediablemente cometiendo, y la mayoría de los miembros de la FC convirtieron en salvajismo la función de que deberían ejercer con apego a la ley. Y es que la corporación fue creada e integrada por la Fuerzas de Reacción y Apoyo (FRYA), Policía Estatal Acreditable (PEA), Fuerza Estatal de Caminos (FEC), Grupo Tajín, Grupo Jaguar, Fuerzas Especiales, División Motorizada, División Canina y División Montada. Todos esos grupos, se supone, deberían estar integrados por personal altamente capacitado, que constantemente realiza exámenes de acreditación y confiabilidad, ya que, incluso, algunos de sus elementos provienen del ejército, otros de la Marina y otros más de la base de la Academia de Policía que capacita al nuevo prototipo de Policía Estatal para conformar un equipo diseñado para sumar la experiencia con la innovación en materia de seguridad pública. Son casi 3 mil elementos dotados con armamento proveniente de Italia, República Checa e Israel, de tal suerte que, con el propósito de recibir capacitación directa, algunos han visitado los países de origen para recibir instrucción sobre el uso de esas armas, anteponiendo siempre el bienestar de los ciudadanos veracruzanos por cuya seguridad deberían velar. Y es que aunado a las ventajas que tienen, los salarios de sus integrantes son los siguientes: Policía: 25 mil 730 pesos. Policía Tercero: 28 mil 686 pesos. Policía Segundo: 32 mil 266 pesos. Policía Primero: 36 mil 665 pesos.
PERO, ENTONCES ¿qué fue lo que ocurrió con la fuerza civil que de pronto comenzó a acumular atrocidades en perjuicio de los gobernados? Los gobiernos, desde Javier Duarte a la fecha, la usaron como grupo de choque contra los adversarios políticos o, incluso, periodistas, sector privado, estudiantil y clerical, incluida la sociedad civil que no piensa igual, les permitieron alianzas inconfesables y, por tanto, las dejaron hacer y deshacer siempre y cuando reportaran ganancias a los altos mandos. Para ser parte de la misma se vendieron plazas, mandos y grados, y se le concedió tanto poder que se creyeron aquello de que eran un grupo de élite, casi agentes 007 con licencia para matar, y en ese tenor se fueron convirtiendo en intolerantes, agresivos, una horda de bárbaros –aunque no todos, habría que aclararlo-. Eran casi tan autónomos que montaban retenes como les venía en gana, y quienes se opusieran a una revisión innecesaria eran golpeados, agredidos, detenidos, y en muchos casos desaparecidos, y hubo quienes perdieron la vida víctimas de las embestidas.
QUIZA LA gota que derramó el vaso fue el asesinato de dos ciudadanos la noche del domingo en San Antonio Limón Totalco, municipio de Perote, durante el desalojo de una protesta ciudadana que exigía su derecho al acceso al agua, ya que es acaparada por la afamada Granjas Carroll de México instaladas en el municipio de Perote, una compañía que es protegida por funcionarios Estatales y legisladores como el diputado Paul Martínez Marie cuyo gobierno municipal concedió grandes prerrogativas a la empresa, incluso, el consumo del vital líquido sin límites, dizque por la creación de empleos que genera. Y fue durante el desalojo que uniformados realizaron de la población que bloqueaba la carretera, que surgieron armas amenazantes y comenzaron a disparar sin ton ni son, muriendo los hermanos Jorge y Alberto Cortina que ni siquiera estaban en la protesta, aunque ese suceso fue uno de tantos que venían ocurriendo en distintas partes de la Entidad, encubiertos siempre en la impunidad que fue otro motivo por el que terminaron convirtiéndose en una agrupación policiaca nefasta, autoritaria, abusiva. Eran tácitamente intocables, pues los crímenes que cometían eran solapados por la Fiscalía.
AUN SE recuerda cuando en Julio del 2021, dos menores de 13 y 15 años fueron asesinados durante un enfrentamiento entre civiles armados y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, concretamente de Fuerza Civil en la comunidad Guadalupe La Patrona, perteneciente al municipio de Amatlán de los Reyes, en la zona montañosa central. El reporte de la corporación policiaca indicó que hubo un llamado a los agentes de la FC sobre la presencia de un grupo integrado por seis civiles armados a bordo de dos unidades vehiculares, por lo cual, los oficiales se trasladaron a la carretera estatal Amatlán-Cuichapa”. Sin abundar en más detalles, la SSP informó que cuando estuvieron frente al parque de la comunidad de Guadalupe La Patrona, “fueron atacados con disparos de arma de fuego, por lo que repelieron la agresión, y al hacerlo, dos menores de edad resultaron fallecidos, quedando tendidos en el patio de una vivienda, uno junto al otro. Uno de los cuerpos quedó de costado, con el torso desnudo y un disparo en la parte baja de la espalda. El segundo estaba boca arriba con los dos brazos extendidos a los costados. Ambos estaban en bermudas y sandalias, sin armas u objetos que pudieran causar algún daño, lo que generó la indignación de los habitantes de la zona que salieron a la calle a expresar su indignación: “eran mis niños, ellos eran seres inocentes, estudiantes que no sabían nada de maldad, ¿por qué les arrancaron la vida así?”, dijeron los padres. Y es que en ese operativo policiaco la SSP no realizó detenciones, los agresores se dieron a la fuga, únicamente decomisaron un par de camionetas, un arma de fuego, droga y un “poncha llantas”. Tampoco hubo castigo para los policías asesinos pese a demostrarse la alevosía, premeditación y ventaja, ya que la Fiscalía General del Estado no consignó a nadie.
OTRO CASO ocurrió cuando Luis y Alan elementos de Fuerza Civil fueron detenidos en noviembre de 2022 tras una orden de aprehensión por presuntamente secuestrar a una familia de Papantla en octubre de 2019. Los imputados ingresaron a una casa en el municipio de Papantla y privaron de la libertad a una familia y posteriormente solicitaron dinero a cambio de su libertad. Por ello el Juez dictó como medida cautelar de prisión preventiva por dos años dentro del Proceso Penal 299/2022. En noviembre de 2023, miembros de la Fuerza Civil golpearon a dos periodistas que cubrían un operativo de seguridad en la ciudad de Veracruz, y les quitaron los dispositivos móviles que utilizaron para la transmisión en vivo de los acontecimientos, destruyéndolos. Por lo pronto, habitantes de Carlos A. Carrillo, Chacaltianguis, Cosamaloapan y José Azueta, advierten que no permitirán más abusos de parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), quienes día a día los extorsionan e ilegalmente implementan retenes hasta en brechas que los llevan a sus campos de cultivo, pero lo mismo enfrentan automovilistas, motociclistas y trabajadores de esta región de la cuenca del Papaloapan, Hace poco un par de trabajadores de “Laguna Matepec” y “La Reforma”, fueron detenidos por los elementos de la unidad 4008-SP, dónde los uniformados hicieron uso de la fuerza extrema, y bajo amenazas de muerte los despojaron del dinero que habían obtenido por su jornal de trabajo. En fin, no basta desaparecer a fuerza civil, si los elementos que la integraban seguirán ejerciendo como policías, con todos los vicios y corruptelas. Así de simple. OPINA carjesus30@hotmail.com
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