NO ES fortuito que el Presidente Andrés Manuel López Obrador arremeta contra los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pretendiendo hacerlos parecer la causa de todos los males que ocurren en el País, cuando en realidad lo que ejercen es simple y llanamente la defensa de la Constitución que el Ejecutivo Federal pretende reformar a modo, aunque por fortuna ha encontrado un dique en la mayoría de quienes integran el Poder Judicial de la Federación. Y es que además de los reveses que ministros independientes encabezados por Norma Lucía Piña Hernández han provocado a las ocurrencias presidenciales surgidas, no de mentes estadistas sino de verdaderos dictadores, el Gobierno Federal está usando a la Corte como cortina de humo para tapar las trapacerías de su administración, pero sobre todo el clima de violencia que se abate contra el País, a tal grado que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador ya impuso récord de 156 mil 136 asesinatos registrados en el periodo de diciembre de 2018 al 24 de mayo de 2023, por lo que ya es considerado el sexenio más violento de la historia reciente de México, y eso que aún le falta 16 meses para concluir, esto es, 1 año y cuatro meses, y no lo decimos nosotros, sino las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp) y del Reporte Diario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). En ese sentido, la llamada Cuarta Transformación, creadora de la estrategia “Abrazos, no Balazos”, superó las 156 mil 066 víctimas de homicidio doloso contabilizadas en el sexenio del priista de Enrique Peña Nieto, que tenía la marca como el más sangriento, dejando muy atrás a la administración del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa que tanto critica. Es por ello que el Gobierno de AMLO pretende tapar el sol con un dedo argumentando que la criminalidad va a la baja, cuando en realidad, su gobierno ha sido el que menos se ha preocupado por la seguridad de los gobernados a los que tiene maiceados con limosnas para que no protesten, en tanto golpea a la corte con toda la alevosía, premeditación y ventaja que le permite el alto cargo que detenta.
ACASO POR lo anterior, la ministra Presidenta de la SCJN, Norma Piña le recordó que el Poder Judicial Federal no puede ni debe confundir legitimación con popularidad, advirtiendo que las instituciones públicas no deben usarse para buscar aprobación social, pues los integrantes de esa instancia tienen una responsabilidad frente a las personas que defienden, asesoran o apoyan. Refiere la excelentísima dama que esa responsabilidad y el principio de proporcionar un servicio gratuito a la población sirven para construir la legitimación del Poder Judicial Federal, adaptando a la defensoría pública a las exigencias ciudadanas, pero sin caer en la búsqueda de popularidad. “Pero en el camino, en la evolución y adaptación de nuestra Institución a las exigencias ciudadanas, no debemos confundir legitimación con popularidad. Eso nunca ha estado, ni debe estar, en nuestra misión axiológica, en nuestros valores institucionales. En suma, una respuesta con guante blanco de la destacada profesionista que evita, por su gran formación académica, incurrir en pleitos de lavaderos, en la camorra o la ofensa vil como los seguidores de AMLO y el propio Presidente la ejercen contra ella.
QUIZA POR ello, el poco caballeroso General metido ahora a subsecretario de Seguridad, Luis Rodríguez Bucio, recurrió a lo más bajo –seguramente por órdenes superiores- en contra de la ministra, a la que acusó, durante la conferencia mañanera de estar dentro de la lista de “Jueces que Favorecen a Delincuentes”. Al presentar el Informe de “Cero Impunidad”, Rodríguez Bucio señaló a Norma Lucía Piña Hernández, en su calidad de presidenta del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), y a la magistrada María Gabriela Rolón Montaño, secretaria Ejecutiva de Disciplina del CJF por “sostener criterios parciales” que benefician a cuatro supuestos responsables en el caso de la desaparición de Francisco “N”, pepenador detenido en diciembre de 2018 por elementos de la Fiscalía de Aguascalientes y escoltas del gobernador de dicha entidad, Martín Orozco. En la mayor de las vilezas, el militar agregó que tanto Piña como Rolón desecharon una queja administrativa que se promovió en contra de la jueza Beatriz Eugenia Álvarez Rodríguez quien, acusó, ha sostenido criterios parciales que benefician a los cuatro presuntos responsables de la desaparición forzada de José Francisco “N”. “En este caso hubo otro detenido Jaime N que se suicidó de manera dudosa en diciembre en 2019 en una celda del Cereso de Aguascalientes y aún continúa una persona más por detener por estos hechos”.
EL SERVILISMO del General Rodríguez Bucio es a todas luces descarado, aunque nada dice de la violencia cuando se desempeñó como titular de la Guardia Nacional. Apenas el año pasado, gobierno de López Obrador rebasó los 120 mil 463 asesinatos del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, y antes los 60 mil 280 alcanzados en la gestión del panista Vicente Fox Quesada, todo en tiempo de Bucio al frente de la GN, por lo que de ahora en adelante, cada día que transcurra se impondrá nuevo récord de violencia homicida en el acumulado de muertes intencionales durante el primer gobierno de izquierda. En esa coyuntura, a un año y medio de concluir, la administración del presidente López Obrador cuenta con varios récords en materia de homicidios dolosos, en números absolutos, pues según cifras del Inegi, en 2020 se registraron en el país 36 mil 773 asesinatos, lo que es considerado el año más violento de que se tenga registro. Le siguen 2019, con 36 mil 661; 2021, 35 mil 700; 2022, 31 mil 944. De enero a mayo de este año suman 11 mil 967 asesinatos, según datos estadísticos del Sesnsp y del Reporte Diario de la SSPC.
PERO POR si fuera poco, acumula el mayor número de meses con más de 3 mil asesinatos: octubre de 2020, 3 mil 347; diciembre de 2019, 3 mil 309; diciembre de 2020, 3 mil 207; octubre 2919, 3 mil 198; marzo 2021, 3 mil 186. El gobierno de López Obrador también registra los días más violentos de que se tenga registro: 1 de diciembre de 2019, 127 asesinatos; 24 de mayo de 2022, 118; 7 de junio de 2020, 117; 4 de julio de 2021, 115. Y tambien se han registrado diversas masacres en su periodo de gobierno; por ejemplo, en abril de 2019 al menos 14 personas fueron asesinadas cuando se encontraban en una fiesta en Minatitlán, Veracruz, lo que aceleró el despliegue de la naciente Guardia Nacional. En agosto de 2019, un ataque de la delincuencia organizada en el bar “El Caballo Blanco”, en Coatzacoalcos, Veracruz, dejó como saldo 29 muertos; meses después, 9 integrantes, entre ellos 6 niños, de las familias LeBarón y Langford en Bavispe, Sonora, fueron asesinados. En el municipio de Irapuato, un grupo armado asesinó a 24 jóvenes al interior de un centro de rehabilitación sin registro oficial en julio de 2020, en lo que es considerado el mayor ataque homicida en Guanajuato, el estado más violento del país en números absolutos. En junio de 2022, 18 personas murieron en un enfrentamiento en la sierra de Valparaíso, Zacatecas, entidad azotada por la disputa territorial entre los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, y en abril de 2022, presuntos integrantes de la Familia Michoacana masacraron a 20 personas en un palenque en Michoacán, por solo citar algunos de los cientos de masacres. En fin, los morenistas ven la paja en el ojo de la SCJN y no la viga en el Gobierno Federal. OPINA carjesus30@hotmail.com
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