NO ES secreto que China es uno de los países del mundo que más vigila y controla a sus ciudadanos, y que el régimen comunista invierte millones de dólares en sistemas de vigilancia supermodernos, para poder monitorear a la población de la enorme nación asiática, especialmente en aquellos lugares donde saben que pueden registrarse actividades adversas a las políticas del Estado. Cuba, por su parte, ha sido un país comunista desde el triunfo de la revolución en 1959, hace 65 años, lo que significa que el estado controla los medios de producción (fábricas y empresas), medios de comunicación y todas las propiedades. Y quizá porque para ambos países, Estados Unidos es el principal enemigo, China está interesada en construir en Cuba una nueva instalación de espionaje que podría utilizarse para interceptar comunicaciones en Estados Unidos, según han declarado fuentes de los servicios de inteligencia estadounidenses a varios medios nacionales. Una sede de ese tipo, a menos de 200 kilómetros de la primera potencia, pondría al alcance de Pekín las comunicaciones electrónicas de bases militares y grandes sectores industriales localizados en las cercanías del golfo de México y el Caribe. Y en ese tenor, se podría hablar de otras naciones comunistas como Corea del Norte y Rusia, donde los ciudadanos son víctimas de persecución, acoso, encarcelamientos y hasta crímenes sospechosos, y tal vez por ello, en México hay preocupación, ya que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador pretende militarizar el internet mediante una iniciativa llamada Ley de Ciberseguridad que consiste en que el Gobierno de la 4T permitiría que el Ejército vigile todos los movimientos, que la Guardia Nacional le entre a la censura o que, incluso, con sus castigos, nos quiten la conexión o eliminen páginas completas. No hay que olvidar que, actualmente, las redes sociales en México son un espacio de libertad de expresión, de movimientos sociales que, sin embargo, podrían cambiar pronto.
DE APROBARSE algo así, como parte de las nuevas facultades de la SeDeNa y Secretaría de Marina, las fuerzas armadas van a poder “monitorear el ciberespacio” con la intención de prevenir cualquier amenaza, creándose una extraña y sospechosa Agencia Nacional de Ciberseguridad que estaría controlada directamente por el Presidente en turno, o por el Poder Ejecutivo, dándole permiso a la Guardia Nacional y a otras instituciones de Seguridad que borren de internet cualquier clase de contenido que no les guste. Y es que según el Artículo 13 de la mencionada ley, en caso de aprobarse, pueden “dar de baja” todo lo siguiente:
Aplicaciones, Dominios, Sitios de Internet y Direcciones IP.
LO PEOR es que dentro de la iniciativa para militarizar el internet, con la llamada Ley de Ciberseguridad se inventan todo un nuevo rosario de Delitos Cibernéticos, entre los que destaca es el Artículo 78 donde dice que podrían darle hasta 6 años de cárcel a quienes “inciten” a la “hostilidad” a través de cualquier contenido en internet. También, castigan con prisión a quienes “desinformen a la población”. La iniciativa fue presentada por el diputado Javier López Casarín, del Partido Verde y, por consiguiente, de Morena o, más bien, servil de la 4T, y pretende ser votada en los días por venir. La iniciativa de la Ley de Ciberseguridad publicada en la Gaceta Parlamentaria el día 25 de abril del año pasado por el diputado López Casarín, amenaza gravemente los derechos humanos en el entorno digital, promueve la militarización y posee serias deficiencias que la convierten en inviable y peligrosa. Como varias organizaciones han observado y comentado en diversos pronunciamientos, tanto esa iniciativa como otras presentadas en materia de ciberseguridad no resultan ser ni constitucional ni operativamente viables, ni han procurado la participación de todas las voces desde una perspectiva multisectorial. En particular, la iniciativa revela un profundo desconocimiento de las nociones básicas de derechos humanos en el entorno digital, del funcionamiento de las tecnologías y la economía digital. Su mala técnica legislativa produce desde la invasión de competencias de órganos constitucionales autónomos, hasta resultados inviables o imposibles.
Y ES que en el análisis se destacan preocupaciones como la facultad a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Secretaría de Marina a “monitorear” y llevar a cabo “operaciones militares” en el “ciberespacio”, sin definir con precisión el tipo de actividades podrían llevar a cabo las fuerzas armadas, bajo qué procedimientos y con qué salvaguardas. De acuerdo a estudiosos del caso, lo anterior conllevaría el riesgo de que las fuerzas armadas profundicen las tareas de vigilancia, espionaje e intervención de comunicaciones privadas de la población que recientemente se ha revelado llevan a cabo de manera ilegal o, incluso, emprendan operaciones militares ofensivas dentro y fuera del país, en contravención de normativa internacional, sin autorización expresa del titular del ejecutivo federal y sin controles parlamentarios o judiciales pertinentes.
PERO LA iniciativa también pretende facultar a una nueva “Agencia Nacional de Ciberseguridad”, a la Guardia Nacional, a la Fiscalía General de la República y a autoridades judiciales a ordenar “dar de baja” direcciones IP, dominios y sitios de Internet de manera discrecional, sin establecer ningún tipo de procedimiento o salvaguarda. Estas medidas son abiertamente inconstitucionales, pues constituyen medidas de censura prohibidas por la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos, además de que facultaría “monitoreo” y realización de “operaciones militares en el ciberespacio”, que la iniciativa pretende otorgar a las fuerzas armadas. El texto contempla otras facultades y obligaciones que amenazan la privacidad de la población, incluyendo la facultad que se pretende otorgar a la “Agencia Nacional de Ciberseguridad” para “fortalecer actividades de inteligencia” o las obligaciones que se impone a los particulares a entregar cualquier información que le sea requerida a autoridades, sin definir con claridad los procedimientos, requisitos y salvaguardas en contra de abusos.
LOS TIPOS penales contemplados poseen términos amplios, vagos e imprecisos que implican la criminalización de conductas legítimas o que su persecución sea prácticamente imposible. En algunos casos, los propuestos abiertamente atentan en contra del derecho a la libertad de expresión, como el contemplado en el artículo 78, que criminalizaría la producción de contenidos digitales que “inciten” a la “hostilidad” o “desinformen a la población”. La iniciativa pretende establecer múltiples tipos penales, sin derogar ninguno de los existentes en el Código Penal Federal, lo que generaría en muchos casos una redundancia innecesaria y peligrosa. Posee, paralelamente, múltiples deficiencias de redacción que hacen imposible o absurda su implementación. Por ejemplo, se pretende crear un “Registro Nacional de Proveedores de Tecnología para la Intervención de Comunicaciones Privadas”, sin embargo, la definición de “Tecnología para la Intervención de Comunicaciones Privadas” es tan amplia y deficiente que prácticamente cualquier dispositivo o software común sería considerado como tal. Inclusive, esta deficiente definición podría implicar la comisión de delitos por parte de personas usuarias o comercializadoras de tecnologías digitales comunes. En fin, otra amenaza a la libertad de los mexicanos se está cocinando desde Palacio Nacional en una franca tendencia hacia un trasnochado comunismo que a nadie conviene. Así de simple. OPINA carjesus30@hotmail.com
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