MENOS MAL que los cambios a la Ley de Delitos en Materia de Imprenta, la que pretendía aumentar las multas a quienes injurien al mandatario Federal, a funcionarios públicos, legisladores, magistrados y jueces finalmente no será aprobada, porque en tiempos electorales habría sido aprovechada por los “adversarios” para calificar al Presidente Andrés Manuel López Obrador de autoritario, como ocurre en Nicaragua con José Daniel Ortega Saavedra que, incluso, tiene a un obispo en la cárcel por injuriar a su gobierno; en Cuba con Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, donde las cárceles están repletas de disidentes y voces contrarias al régimen, y Venezuela con Nicolás Maduro Moros y la persecución en contra de los opositores que es casi similar a la que se vive en Nicaragua. Las reformas a la ley ya habían sido votadas en la Comisión de Gobernación, fueron legisladores de MoReNa, las llamadas focas aplaudidoras quien lo hicieron sin chistar, pero de pronto el coordinador de la bancada, Ignacio Mier Velazco, que aspira a la gubernatura de Puebla, sorprendió al afirmar que la iniciativa de su compañera Bennelly Jocabeth, “no es parte de nuestra agenda”. Y aunque más tarde, en un mensaje en Twitter trató de explicar que el hecho de que la reforma pasara en comisiones no es “error político ni estratégico, solo (fue) un trámite legislativo. Y erigiéndose en todo poderoso, indica que “la actualización a multas por injurias aprobada en la Comisión de Gobernación no pasará mientras yo presida la Junta de Coordinación Política y nuestra coalición sea mayoría”, cuando se sabe de antemano que todas las iniciativas las revisa, y está más porque está plagada de servilismo al Presidente.
AHORA QUE no se trata de la única ley con la que el Presidente López Obrador busca socavar a los medios de comunicación para que desaparezcan. Basta echarle una ojeada a la Ley General de Comunicación publicada en el Diario Oficial de la Federación en su Artículo 26 que establece: Los Entes Públicos deben elaborar el Programa Anual de Comunicación Social considerando la prioridad temática y cronología de la difusión de las Campañas a efecto de dar cumplimiento con la Estrategia de Comunicación Social. Las Campañas se sujetarán al objetivo de comunicación que persigan los Entes Públicos. En los Programas Anuales de Comunicación Social, los Entes Públicos deben observar: I. Que las Campañas de Comunicación Social tengan relación directa con sus atribuciones y facultades; II. Que los recursos a utilizar sean proporcionales a los objetivos de la campaña no rebasen los límites de ejercicio establecidos en esta Ley; III. Que las herramientas y medios previstos para la difusión de la campaña sean idóneos para tener impacto en el público objetivo; IV. Que sus objetivos sean claros y precisos para comunicar; V. Que establezcan metas y procedimientos de evaluación de las campañas; VI. Que utilicen, en primera instancia, los tiempos oficiales conforme a las disposiciones legales y administrativas aplicables, en el caso de los Entes Públicos que tengan derecho a ello, y VII. Que cumplan con los principios rectores de la Comunicación Social, los criterios para la aplicación del gasto y las reglas para la asignación de Campañas de Comunicación Social previstas en esta Ley.
Y AQUÍ viene lo bueno: “El límite del gasto del Programa Anual de Comunicación Social, en su conjunto, no debe rebasar el 0.1 por ciento del Presupuesto de Egresos Anual correspondiente (cuando antaño era de 3 por ciento). En las Entidades Federativas, el límite de gasto que se haga en Comunicación Social a que se refiere este artículo deberá estar homologado con lo dispuesto en el párrafo anterior. Artículo 27.- Los Entes Públicos pueden presentar a la Unidad Administradora modificaciones al contenido del Programa Anual de Comunicación Social, a más tardar, el último día hábil de febrero del siguiente ejercicio fiscal. En caso de que la modificación implique un incremento del gasto asignado, el Ente Público debe explicar en la solicitud las situaciones de carácter emergente, caso fortuito, fuerza mayor o, en su caso, si fueran necesarias para generar ingresos para el Estado. Corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizar las adecuaciones presupuestarias en los términos de la normativa aplicable.
EN POCAS palabras, ya no será por injurias al Presidente y su sequito como se atacará a los medios, sino restringiendo el dinero, lo que ha motivado que infinidad de alcaldes, incluidos los de MoReNa se rebelen, porque no les dejan margen de maniobra para autopromoverse para el siguiente cargo. Hay malestar en los medios, sobre todo los que con esfuerzos han consolidado su imagen y son contratados para difundir las acciones de los ayuntamientos a los gobiernos Estatales, lo que les deja en la indefensión con la reducción de recursos que irán a parar al bolsillo de los adultos mayores, sobre todo los clasemedieros que contra lo que se suponía, también cobran sus pensiones bajo el lema: si el presidente regala dinero, quienes somos nosotros para despreciarlo.
COMO FUERA, el Presidente López Obrador detesta a los medios de comunicación a los que ha endilgado una serie de epítetos, pero a sus legisladores no les gusta que lo injurien, cuando el principal injuriador es AMLO en las mañaneras, un espacio que ocupa para hablar mal de todos, denunciar sin bases y arremeter contra su propia gente cuando le llevan la contraria. Es un constante vómito ácido que no cesa, y por ello ha ordenado que se reduzca la partida asignada para medios a la mínima expresión, que tal suerte que los medios queden desprotegidos y también los políticos que contratan espacio para promover sus logros.
DE NO ser echada abajo esa iniciativa, luego de los amparos que comienzan a enderezarse contra la ocurrencia, la vida de muchos medios de comunicación estará contada, ya que en las condiciones en que se encuentra el sector privado difícilmente podrán llevar el espacio. La publicidad oficial, se quiera o no aceptar, constituye un aliciente para los medios de comunicación, y si estos cierran por falta de recursos, se estaría solapando a un régimen autoritario que solo busca promoverse asi mismo, sin contrapesos que le recuerden su papel que no es la de una dictadura, sino una democracia. OPINA carjesus30@hotmail.com
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