AUNQUE faltan seis años para el relevo institucional de Rocío Nahle García en la Gubernatura de Veracruz, si algo queda claro es que el diputado local electo, Héctor Yunes Landa no quitará el dedo del renglón, muy a pesar de que su apellido quedó severamente dañado debido a la traición perpetrada por sus primos, los Yunes de El Estero al País o, más concretamente a la oposición que postuló a Xóchitl Gálvez a la Presidencia de México, al votar a favor de la reforma judicial que sepultará la autonomía de ese poder. Como fuera, el oriundo de Soledad de Doblado está decidido a jugársela, aun cuando en política las circunstancias suelen hacer la diferencia. Sabe Héctor Yunes que el apellido será un factor a vencer, y acaso por lo anterior hay quienes ya le aconsejan una campaña encaminada al deslinde de sus parientes –conocidos como los Migueles-, pues de otra forma será difícil que remonte el vuelo. Por ello, Héctor podría asumirse en el futuro como el Yunes Tadeo, para diferenciarse de sus familiares ahora conocidos como los Yunes Iscariotes, que acaso será el nombre que los distinga unos de los otros. Y es que, en mesas de café, convivios, comederos o corrillos políticos, el tema sale a colación inevitablemente, arrastrando también a otro Yunes: José Francisco Yunes Zorrilla, ex candidato a la Gubernatura del Estado a quien, a pesar de no ser pariente de los Migueles ni de Héctor, los relacionan como consanguíneos, un asunto con el que tendrán que batallar en los años por venir, sobre todo aquellos que como Yunes Landa aspiran a la candidatura a la gubernatura en 2030, y tal vez por ello es bueno comenzar a diferenciar entre quienes son los Yunes Iscariotes y quienes los Yunes Tadeos, de tal manera que los primeros son los autores de la traición a México mientras que, los segundos fueron arrastrados, inevitablemente, por las circunstancias. Héctor será legislador local plurinominal, mientras que Pepe Yunes buscará reposicionarse, no se sabe si con miras al 2030 o solo en aras de recuperar espacios en el 2025 cuando se celebren los comicios para elegir a quienes serán los 2012 alcaldes del Estado. Se sabe que el rancho San Julián, en Las Vigas podría convertirse en su bunker y, desde ese sitio operar para mantener el control de su región, acaso en espera de que en 2027 pudiera disputar una diputación Federal ya sea uninominal o plurinominal que bien merecida la tendría dada su trayectoria transparente, alejado de tentaciones fuera de las normas establecidas.
POR LO pronto, en aras de mantenerlo vigente, un partido político con registro propondrá a Pepe Yunes para la alcaldía de Xalapa, pues de acuerdo a las mediciones que han realizado de cara a los comicios del 2025, tiene fuertes posibilidades de derrotar al abanderado o abanderada de MoReNa a la Presidencia Municipal, dado el prestigio del oriundo de Perote. La propuesta se la harán en los días por venir, y aunque Yunes Zorrilla seguramente no aceptará dado que, incluso, desde el año pasado y principios del actual le propusieron ser el abanderado de ese instituto a la Gubernatura, Pepe no aceptó debido a su lealtad institucional. En efecto, Movimiento Ciudadano lo quiere en sus filas, y la mejor demostración es la candidatura a la alcaldía de Xalapa que no es cualquier cosa, puesto que aquí residen los tres poderes que conforman en Estado. MC está dispuesto a una gran campaña para sumarle al ex Senador y ex diputado Federal y local los apoyos necesarios de partidos como el PAN y otros para llevarlo en alianza. El tema es que, en el remoto caso de que Pepe aceptara y perdiera, el capital político que aún tiene podría irse por la borda y su carrera política quedaría arruinada. Por ello, incluso, al interior del instituto naranja se duda que Yunes Zorrilla aceptara el ofrecimiento, sin embargo, de aceptar y ganar, nadie le quitaría la posibilidad de seguir intentándolo en el 2030, incluso si no acepta y se convierte, finalmente en diputado Federal.
AHORA QUE, las cosas no serán sencillas para quienes aspiren a las distintas alcaldías el próximo año, sean del partido que fueren. Y es que si bien el, entonces, presidente Andrés Manuel López Obrador celebró a finales de su administración que en su Gobierno (2018-2024) no hubo asesinatos de periodistas ni de políticos “más allá de lo que las circunstancias han ocasionado”, la organización Artículo 19 documentó 48 homicidios de comunicadores en ese fatídico sexenio y casi 100 alcaldes y aspirantes a serlo. La organización Artículo 19 documentó que, desde diciembre de 2018, cuando inició la administración de López Obrador, fueron asesinados en el país a 48 comunicadores por su labor, un número mayor que en el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), mientras que la organización Entre Balas registró 130 actos de violencia contra personas candidatas o aspirantes a un cargo durante el periodo electoral 2023-2024, de las que 34 fueron asesinatos, con lo que fueron los comicios más violentos del país. Previamente, y hasta 2023, en el gobierno amlista al menos 87 alcaldes, exalcaldes y candidatos para ese puesto fueron acribillados, de acuerdo con información de Fiscalías estatales a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). La cifra es casi tres veces mayor a la registrada durante la administración del priista Enrique Peña Nieto (30) y supera a la del panista Felipe Calderón (47).
CON CLAUDIA las cosas no han mejorado, pues en menos de un mes se han presentado ataques armados, levantones y homicidios, mientras que en Chiapas, Oaxaca y Guerrero han sido asesinados tres alcaldes. El caso más escandaloso fue la decapitación de Alejandro Arcos, a seis días de tomar posesión como munícipe de Chilpancingo. Desde entonces, las agresiones solo han escalado al ser ejecutados otros dos presidentes municipales en Chiapas y en Guerrero. En México hay más de 2 mil 400 municipios, y no es secreto para nadie que los presidentes municipales, el tercer nivel de gobierno por detrás del federal y el estatal, sufren enormes presiones del crimen organizado, que se pelea el poder territorial en todos los rincones del país. Esa violencia a la que son sometidos, quedó en evidencia en su forma más brutal en las últimas semanas, cuando la cabeza de Alejandro Arcos apareció abandonada sobre el techo de su camioneta y su cuerpo dentro, debajo de una manta. Y es que en el momento de su muerte, Arcos negociaba con dos grupos criminales rivales, según relataron las fuentes. Su intención era evitar enfrentamientos mayores en la ciudad y acabó pagando el costo de las negociaciones con su vida. Antes de matarle a él, asesinaron además al secretario del Ayuntamiento, Francisco Tapia, y a quien iba a ser su secretario de Seguridad, Ulises Hernández, y el caso sigue impune.
EN OTROS casos, el morenista Aurelio Méndez, que acababa de dejar la presidencia municipal de Huamaxtitlán, en Guerrero, fue secuestrado en un violento episodio en el que un comando armado interceptó su coche y asesinó a su chofer. Los criminales se llevaron del sitio al exalcalde y su cuerpo sin vida apareció un día después. Manuel Justo Gómez, alcalde entre 2021 y 2024 de Marqués de Comillas, en el sur de Chiapas, fue asesinado a balazos en ese municipio. El relato que dio la familia a la Fiscalía estatal aseguraba que había sido atacado en su casa por dos hombres que andaban en una motocicleta, “quienes realizaron diversas detonaciones con armas de fuego en contra de la víctima, siendo trasladado al nosocomio donde perdió la vida”, de acuerdo al comunicado oficial. Tres días antes, en la madrugada del lunes, el alcalde de Chilón, en el norte de Chiapas, fue víctima de un ataque armado. Mario Hernández Aguilar, del Partido del Trabajo (PT), logró salir con vida de la agresión, en la que murió una persona y otra más resultó herida, y eso que aún no comienza el proceso electoral de 2025 que amenaza ser caótico. Así las cosas. OPINA carjesus30@hotmail.com
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