A ESTAS alturas del partido, a Javier Duarte de Ochoa le da lo mismo que metan en prisión a cualquiera de sus colaboradores cuando se desempeñó como Gobernador del Estado, le da lo mismo acostumbrado a empinar y hasta mandar a reprimir a quienes en sus inicios le ayudaron, como ha quedado de manifiesto una y otra vez. Pero lo que realmente le preocupa es que alguno de los siete que ahora tienen órdenes de aprehensión, encabezados por los ex secretarios de Finanzas, Tomás José Ruiz González, Salvador Manzur Díaz y Fernando Charleston Hernández, pudieran abrir la boca en aras de salvarse, y en ese tenor su condena de 9 años por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero, pudiera incrementarse, toda vez que la Cuarta Transformación tiene como costumbre exprimir a indiciados para sacarles toda la información –y el dinero- posible en aras de empinar a otros que les permita seguir engordando el “cochinito”, sobre todo ahora que se avecinan elecciones de Presidente de la República, nueve gubernaturas incluida la jefatura de Gobierno de la ciudad de México, 500 diputaciones Federales y 128 senadores, además de legisladores locales y alcaldes, en total se votarán más de 19 mil cargos, y MoReNa recurrirá a todo con tal de quedarse con la mayor parte del pastel, y lo que más requiere para ello es dinero. Por esa razón, no es fortuito la expropiación de 13 fideicomisos al Poder Judicial por más de 15 mil millones de pesos, como tampoco lo será la aprehensión de adversarios que estén dispuestos a despepitar y “convidar” buena parte de lo que robaron con tal de hacer menos larga su estancia en prisión. Duarte de Ochoa, lo sabe el gobierno de la 4T, acumula una enorme fortuna que hasta el momento no se sabe en qué bancos del extranjero y bajo que nombres están las cuentas registradas, pero de eso se trata: de que hablen los que estuvieron más cerca de las fastuosas operaciones y de los recursos, y acaso con la promesa de beneficios estén decididos a abrir la boca en aras de alcanzar menores penas, sobre todo porque las órdenes de arresto no provienen de la Fiscalía Estatal sino de la General de la República, en suma, son delitos del orden Federal y la presión será directa del altiplano.
LOS INDICIADOS son (como se ha informado con oportunidad): los ex secretarios de Finanzas, Tomás José Ruiz González, Salvador Manzur Díaz y Fernando Charleston Hernández, aunque, también, se encuentran en el mismo dilema: Carlos Aguirre Morales, ex subsecretario de Egresos y Gabriel Deantes Ramos, ex subsecretario de Finanzas –quien acaba de abandonar la prisión Estatal de Pacho Viejo por otros ilícitos-; José Francisco Díaz Valenzuela y Carolina Estrada Acosta, ex subdirectores de Operación Financiera de Veracruz. Sobre ellos pesan nuevas órdenes de aprehensión por su probable responsabilidad en el delito de peculado por presuntamente participar en el desvío de más de 1 mil millones de pesos del erario estatal, de acuerdo a la carpeta de investigación integrada por la Fiscalía General de la República (FGR), entre el 31 de enero y el 19 de diciembre del 2013. Dice la FGR que los, ahora acusados, probablemente transfirieron de manera irregular 1 mil 79 millones 200 mil pesos a cuentas abiertas por la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno de Veracruz, concentración de recursos que carecían de autorización para el manejo de los recursos públicos del Programa denominado Fondo de Aportación Múltiples. Mientras tanto, la FGR ya anda tras los mencionados para cumplimentarles las órdenes de captura, aun cuando algunos enfrentan otros procesos en libertad, situación que les complicará aún más sus respectivos casos, pero les queda el recurso de convertirse en testigos protegidos o colaboradores en aras de hacer menos penosa la prisión que seguramente pisarán, aunque para ello tendrán que deshacerse de algunos millones y de paso delatar por instrucciones de quien realizaron las operaciones, en que bancos o naciones, y bajo qué nombre están los dineros, lo que terminará por alargar su estancia en la cárcel al inefable ex gobernante, ahora inquilino del reclusorio Norte de la ciudad de México.
PERO AHORA Duarte se dice sorprendido de lo que ya se sabía, y desde su cerrazón, negado a aceptar la corrupción en la que se vio inmerso –lo que podría traer extraditada a su ex esposa Karime Macías Tubilla desde Londres a una cárcel mexicana, dejando desamparados anímicamente a sus hijos-, ahora dice que es “mucha coincidencia” la orden de arresto contra sus excolaboradores, luego de que “sale a relucir el nombre de Miguel Ángel Yunes Linares en Palacio Nacional”. De acuerdo a lo redactado en su cuenta X antes Twitter, el ex gobernador argumenta: “¿No es mucha coincidencia que cada vez que sale a relucir el nombre del pederasta de #Yunes en Palacio Nacional por las fechorías que ha hecho se desata una campaña mediática en contra mía y de mis excolaboradores? @lopezobrador_ @rocionahle”, y se la dirige, también, a la zacatecana Nahle con la esperanza de que intervenga a su favor, tras declararse –por conveniencia y no por convicción- fans de la zacatecana, burlándose incluso del PRI, el partido que erróneamente lo llevó al poder.
PERO NO hay nada de eso. Las ordenes de aprehensión contra sus ex colaboradores están sustentadas en hechos reales, pues la corrupción que se vivió en ese infausto gobierno provocaron severos daños al sector salud, a la educación, al sector laboral, y de paso se alentó a una delincuencia protegida que desapareció a jóvenes y adultos con la complicidad de la policía Estatal, como ha quedado demostrado con la aprehensión de diversos elementos y jefes policiacos de alto y medio nivel, además de tropa. Fue un gobierno manchado por la polución de un sujeto que pasó de lo verde a lo podrido, y que no tuvo miramientos en traicionar a sus ex amigos trasmutado en dictadorzuelo.
Y TAN nada tiene que ver con Yunes Linares las instrucciones de arresto contra ex colaboradores, que existen averiguaciones y denuncias, como lo hace ver la Fiscalía General de la República cuando asume que del 31 de enero al 19 de diciembre del 2013 los exfuncionarios probablemente transfirieron de manera irregular 1 mil 79 millones 200 mil pesos a cuentas aperturadas por la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno de Veracruz. Y si bien Duarte tiene amparo definitivo en contra del auto de vinculación a proceso dictado en su contra por su probable participación en el delito de desaparición forzada de personas, no en este nuevo caso. Duarte busca librar el proceso por desaparición forzada, pues asegura que la acusación fue una decisión para que las autoridades de Veracruz “ganaran tiempo” y permaneciera un lapso más largo en prisión. Hace unos días, el exmandatario estatal afirmó que “pronto” podrá reencontrarse con su familia al recordar que se cumplen 7 años de que pidió licencia al cargo ante el Congreso del Estado, aunque con las nuevas órdenes de aprehensión en contra de colaboradores, el sueño guajiro podría frustrarse. OPINA carjesus30@hotmail.com
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