CUANDO LA Cuarta Transformación busca afectar a los adversarios, cualquier pretexto es motivo, incluso, si se trata de medios de comunicación no sometidos a los caprichos del poder en funciones, algo que no soporta el Presídete Andrés Manuel López Obrador que ya perdió la humildad de los verdaderos socialistas para convertirse en un reyezuelo al que molesta, incluso, que un poder paralelo al que representa no le rinda la pleitesía de semidiós que su investidura reclama cuando arriba a un lugar. Ya no es el Presidente sencillo y flexible sino una especie de emperador napoleónico al que todos deben rendirle tributo, incluso, la ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, reconocida por sus méritos como jurista mexicana y no por regalar dinero para comprar consciencias, y cuyo pecado fue no ponerse de pie cuando AMLO llegó al evento conmemorativo de la promulgación de la Constitución. Pero volviendo al tema inicial, ahora el tema que ocupa a la 4T es el presunto soborno (o contrato de publicidad) que, presuntamente, acordó pagar, el ex Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna por 25 millones de pesos mensuales al periódico El Universal para contrarrestar “rumores” sobre los vínculos del, entonces, secretario de Seguridad Pública con integrantes del cártel de Sinaloa, según declaró un testigo cooperante, de esos que solo buscan reducir sus penas aportando, incluso, falsedades, quien dijo haber participado en el arreglo, así como en un esquema de corrupción encabezado por el entonces gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdez, que generó 200 millones de dólares en fondos ilícitos. Se trata de Héctor Villarreal Hernández, ex secretario de Finanzas de Coahuila, quien se presentó en el juicio de García Luna buscando clemencia y contó que, junto con Moreira, en un viaje oficial a la Ciudad de México en 2009, vieron por segunda ocasión al titular de Seguridad Pública, y en ese encuentro, según la declaración, García Luna preguntó al gobernador si conocía a personas en El Universal, ya que le preocupaba que circularan en algunos medios “rumores de que había sido secuestrado” y que “estaba relacionado con algunas gentes del cártel”.
CIERTO O falso, es bueno dejar claro que una cosa son contratos publicitarios con sujetos que intervienen en cada uno de ellos, y otra cosa es el soborno que ahora pretenden endilgarle al propietario de El Universal. Dice la ley que la actividad publicitaria puede ser desarrollada directamente por los operadores económicos siempre que dispongan de medios adecuados para la difusión y propaganda de sus productos o servicios; sin embargo, lo más común es que estos soliciten este tipo de servicios a especialistas. En la Ley General de Publicidad el contrato de difusión publicitaria se encuentra regulado en el artículo 17, entendiéndose como aquel en virtud del cual un medio (en su acepción subjetiva) se obliga a favor de un anunciante, a cambio de una contraprestación fijada en tarifas preestablecidas, a permitir la utilización publicitaria de unidades de espacio o de tiempo disponibles y a desarrollar la actividad técnica necesaria para lograr el resultado publicitario. En este contrato intervienen como sujetos el anunciante o la agencia de publicidad y el medio de publicidad, entendido este último desde su percepción subjetiva, es decir, las personas físicas o jurídicas (empresas) encargadas de dar difusión a dicha publicidad.
SI EL medio contratado para llevar a cabo la difusión no cumpliese con la emisión de la publicidad en los términos pactados por causas imputables al mismo, éste estará obligado a ejecutar nuevamente la publicidad, y de no ser posible, la agencia de publicidad o el anunciante, en su caso, tienen derecho a una reducción del precio pactado y a solicitar una indemnización por los daños y perjuicios causados (Artículo 18 de la LGP). Si el medio publicitario no llevase a cabo la difusión de la publicidad, el anunciante o la agencia de publicidad, en su caso, podrán optar entre exigir su cumplimiento posterior en los términos pactados en el contrato o exigir la devolución del dinero abonado. En cualquiera de ambos casos, el medio publicitario deberá indemnizar por los daños y perjuicios causados (Artículo 19 de la LGP).
PARTIENDO DE esas premisas, no hay nada ilegal en que una persona contrate publicidad o, incluso, espacios para defenderse en los medios de comunicación, siempre y cuando el pago se realice con dinero lícito, esto es, que provenga de una cuenta bancaria y no de dinero en efectivo cuyo origen se desconoce. Moreira, afirmó el testigo, le respondió a García Luna que “era muy buen amigo del dueño” del rotativo y que “lo acercaría” con él “sin ningún problema”, y eso es común también, sobre todo si como dejó en claro el cooperante Villarreal, el dueño de El Universal, Juan Francisco Ealy Ortiz, era “compadre” del gobernador Humberto Moreira. Lo que llama la atención es que el testigo asegure que llegaron a un acuerdo por el que se le pagarían 25 millones de pesos mensuales al diario, para contrarrestar las versiones de otros medios de que García Luna estaba relacionado con el narcotráfico, y para reportar que “la Secretaría de Seguridad Pública hacía un buen trabajo para el gobierno y para la ciudadanía”. Y llama la atención porque los acuerdos de dinero solo se hacen entre el contratante y el contratado sin presentes ajenos a los tratos. Según Villareal, fue enviado a México por Moreira para ayudar en la entrega de uno de los pagos, y de esa manera contó cómo acompañó a Sergio Montaño, un asistente de García Luna, a las oficinas de El Universal, para cerrar el trato. Montaño llegó con una pequeña maleta llena de efectivo e informó que el resto del pago estaba en la camioneta en la que iban, algo que resulta fantasioso pero no increíble.
COMO FUERA, García Luna a la vista de todos no era un delincuente declarado –y ni siquiera lo es en estos momentos hasta que no se pruebe lo contrario-, y en ese tenor, el medio periodístico pudo tener tratos con él, ya que era un funcionario reconocido internacionalmente. Algunos dirán que era mucho dinero en esos tiempos, pero hay que recordar que se está hablando de 2009, hace 14 años, y que El Universal es una empresa privada y no del Gobierno, y que sus tarifas eran las que le impuso a García Luna, y que este se encontraba en todo su derecho de aceptarlas o rechazarlas. Lo cierto es que el gran diario de México ha sido atacado, constantemente, por el gobierno de AMLO debido a que no se ha sometido, e incluso lo acusa de servil a los conservadores, y acaso por ello la versión ha tenido tanta difusión entre medios de comunicación aliados.
PERO INSISTIMOS. En un contrato de publicidad, las obligaciones fundamentales de las partes son: a) Por parte del titular del medio de difusión, la de realizar la publicidad en los términos pactados. b) Por parte del cliente, el pago de la cantidad establecida de acuerdo con las tarifas fijadas por el titular del medio de difusión. Y uno se pregunta: ¿Dónde está el ilícito? Como bien dicen por ahí, en política y en cuestión de medios de comunicación, pesa más el escándalo que el delito, y eso es lo que está ocurriendo. Así las cosas. OPINA carjesus30@hotmail.com
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