ES FÁCIL para una diputada cuenqueña que se siente descendiente de españoles, y que tuvo una vida, sino de opulencia, si cómoda en su niñez y ya, posteriormente, casada, viuda y heredera de una gran fortuna por parte de su conyugue, el ingeniero Arturo Guzmán, ya fallecido, se volvió millonaria, maltratar a grupos indígenas que solo saben hablar chinanteco o Juú Jmii, no porque quieran, sino porque la educación y el progreso no ha llegado a sus comunidades en muchos años, y hasta exigirle a gritos a un grupo de pobladores de la localidad Ideal de Abajo, municipio de Tierra Blanca -que la visitaron para demandar un camino vecinal en la comunidad que serviría no sólo para acceder, sino para comercializar sus productos-, que a ella se le habla en español: “yo respeto su lengua, pero no la hablo. Y aquí se me habla de frente y en español”, vociferó la terrablanquense, exigiendo a humilde ciudadana marginada un imposible, y no por necedad sino porque el abandono en que han vivido les ha impedido acceso a escuelas bilingües. Corro tal vez debió entenderlos, y reclamar no a los chinantecos que no hablan español, sino al titular de la Junta de Coordinación Política de la legislatura, Juan Javier Gómez Cazarín por no contratar traductores, a sabiendas que en Veracruz se hablan todavía 15 lenguas indígenas o 12 lenguas y 3 variantes: Huasteco, Popoluca de Oluta, Popoluca mixe de Sayula, Popoluca de Texistepec, Popoluca de la Sierra, Mixe, Zoque, Chinanteco, Zapoteco, Mazateco, Mixteco, Otomí, Totonaca, Tepehua y Náhuatl, pero los recursos que debería ser para ello los usan en todo menos en la atención de los grupos más vulnerables, agrediendo en descargo a los más humildes cobijados en el poder y las fortunas que ellos poseen, muchas de dudosa procedencia, por lo que vergüenza debería darle a la legisladora su altanería, más aun cuando se dice la mujer de todas las confianzas de la virtual candidata de MoReNa y sus aliados a la gubernatura, Rocío Nahle García, en la Cuenca del Papaloapan, por lo que, si esa va a ser la tónica de la zacatecana si es que llega al poder, los oriundos de esta tierra terminaremos extrañando al funesto gobierno de Cuitláhuac García Jiménez cuando concluya su gestión.
LA LEGISLADORA Margarita Corro, arrogante, como suele ser, debería empaparse un poco de la problemática que enfrenta el pueblo Chinanteco en Veracruz, a donde fueron traídos por la fuerza tras la expropiación oficial de las tierras que ocupaban para la construcción de la presa que, pomposamente, fue renombrada como Miguel de la Madrid. Y es que, en efecto, a partir de 1972, miles de indígenas chinantecos fueron desplazados forzosamente por el gobierno Federal para la construcción del gigantesco dique, en el municipio de San Lucas Ojitlán, región de la Cuenca del Papaloapan, y 52 años después continúa su lucha para que el gobierno federal cumpla con su promesa de entregarles nuevas tierras, y donde ya las dotó, se carece de infraestructura como caminos o carreteras de acceso, escuelas –ya que muchos indígenas aun hablan chinanteco o son iletrados-, clínicas y otros beneficios que se han quedado en el tiempo, y que la legisladora de Tierra Blanca, que representa el distrito de Cosamaloapan jamás se ha preocupado por atender.
EL DECRETO de expropiación, reacomodo y entrega de tierras a los despojados, a los que ahora Margarita Corro, hija de un tornero en Tierra Blanca de clase media baja que logro acumular mediano capital, data de 1972, cuando era presidente de la República Luis Echeverría Álvarez; en él, se expropian diversos núcleos agrarios de la población indígena bajo la promesa de la entrega de nuevos terrenos en los que podrían continuar con sus actividades agrícolas, la construcción de carreteras y viviendas, entre otras, algo que 52 años después no les han cumplido, pero la aprendiz de cacique, émula de Juana Catalina en el Istmo de Tehuantepec, en vez de atender, recrimina el analfabetismo de los aborígenes que acuden en busca de soluciones, y les exige que a ella le hablen en español, pues no entiende su lengua, cuando debería preocuparse por hacerlo ya que los representa en el Congreso Local, además de que se dice la futura Secretaria de Desarrollo Social con Rocío Nahle, porque mucho le deberá si gana la Gubernatura el próximo año. Y es que a los pobres indígenas afectados los echaron de su lugar de origen para llevarlos a las inhóspitas tierras del Uxpanapa, donde de las 260 mil hectáreas entregadas, el 90 por ciento no son aptas para la agricultura, sólo para la cría de ganado tirando la selva, actividad que culturalmente los chinantecos no desarrollaban. Tampoco los predios que les dieron en la cuenca cuentan con infraestructura, por lo que sus habitantes exigen a este gobierno que vocifera que primero los pobres, cumpla su palabra.
IRMA JUAN Carlos, quien es lidereza indígena chinanteca, diputada federal y presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas en el Congreso de la Unión, dice que desde hace algunos años el Comité Prodefensa de los Derechos de los Pueblos Indígenas Chinantecos desplazados por la Presa Cerro de Oro, han insistido ante diferentes instancias del gobierno federal para que atiendan sus demandas y cumplan con sus promesas, y lo único que han encontrado son desplantes como el de la legisladora cuenqueña Corro. Sus reclamos actuales se basan en que fueron reubicados en predios que no son aptos para la actividad agrícola, no se les dotó de las cantidades de tierras que se les prometieron, la calidad que se les dio es muy inferior a la que tenían y/o casi inservible para la siembra, y no cuentan ni se les otorgaron sistemas de riego, porque en muchos poblados carecen de agua y, en otros casos, sus tierras se inundan y quedan inservibles. Tampoco se les indemnizó económicamente de forma justa y adecuada, presentándose en la mayoría de casos falsificaciones de firmas y entregas de menores cantidades de dinero de las que se especifican en los libros que recabó la Comisión del Papaloapan. Además, no les entregaron los materiales correctos para la construcción de sus viviendas y no les pagaron de forma adecuada las prestaciones a las que tenían derecho, en su calidad de expropiados y ejidatarios. Y ES todo eso lo que debería abanderar la petulante legisladora que se siente propietaria de Tierra Blanca, más ahora que presume la amistad de la zacatecana que como buena candidata, usa lo que le sirve y al final depurará, sacando a lambiscones de sus afectos. Por lo pronto, para el consejero estatal de Morena en Veracruz, Rafael Santos Govea, la dirigencia estatal de ese partido, que preside Esteban Ramírez Zepeta y la presidenta del Consejo, Dorheny García Cayetano, deberían pronunciarse contra el actuar de la diputada Margarita Corro Mendoza por su actitud agresiva y discriminatoria en contra de una indígena del sur del Estado cuyo delito es hablar chinanteco y no español. Por ello el morenista se pronuncia porque los legisladores inciten a otros diputados y diputadas a que no olviden que el pueblo fue quien los eligió, pero a la señora Corro ni le va ni le viene, esto a pesar de que el consejero insiste en que la actuación de la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado contra una indígena, “es una falta de respeto a las y los ciudadanos del municipio, de la región, y a los indígenas de Veracruz". También el coordinador nacional de los pueblos originarios y comunidades indígenas, Juan Ronzón Hernández, a través de un pronunciamiento público, rechazó el comportamiento de la diputada de Morena y exigió una disculpa pública para sus compañeros indígenas, y por lo pronto ya fue denunciada ante Conapred, pero si la protege la zacatecana, nada le harán, por el contrario, la festejarán. Vaya caso de engreimiento supino. OPINA carjesus30@hotmail.com
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