MAL ARRANCO el 2024 con cuatro crímenes políticos en menos de quince días, y un sinfín de agresiones contra aspirantes a cargos de elección popular, lo que podría convertir al proceso electoral 2024 en el más violento de la historia, pues según el conteo de Data Cívica, organización feminista que utiliza los datos y la tecnología como herramientas para la defensa de Derechos Humanos, del 7 septiembre de 2023 -cuando inició el actual proceso electoral-, al 28 de noviembre de 2023 se habían registrado ya 81 asesinatos, seis amenazas, 18 ataques armados, 13 atentados, cinco desapariciones y ocho secuestros. Y si bien el año pasado fue tétrico, éste amenaza ser peor, considerando que ya suman cuatro asesinatos y el más reciente fue perpetrado contra de Samantha Gomes, activista defensora de los derechos de la comunidad LGBTTTQ+ y aspirante a Senadora por MoReNa. La mujer trans fue acribillada por un solitario sicario que ya le esperaba cuando viajaba en su vehículo acompañada de un conductor en las calles Cuauhtémoc y Del Trabajo, en la colonia Santiago Tepalcaltlapan de la alcaldía Xochimilco. Las otras tres víctimas, anteriores a Samantha, fueron aspirantes a cargos de elección popular en diferentes municipios del país que militaban en partidos políticos de oposición. El primer caso ocurrió el 4 de enero, y la víctima fue Alfredo Giovanni Lezama, regidor de Cuautla y precandidato a diputado local por el PAN asesinado en un gimnasio cuando se encontraba ejercitándose. El hecho ha sido catalogado como un “cobarde asesinato” por el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco. Pero los criminales no dieron tregua y el viernes 5 de enero asesinaron a otros dos aspirantes. Uno de ellos, David Rey González buscaba la candidatura a la Presidencia Municipal de Suchiate, Chiapas, por el Frente Amplio por México. El ataque se dio cuando el político se movilizaba en una motocicleta por un camino de terracería que dirige al ejido La Pita, casi con límites con Guatemala. Ese mismo día, pero en Colima, un comando interceptó a Sergio Hueso, precandidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia del municipio de Armería.
PERO DE septiembre de 2023 a noviembre del mismo año ya habían ocurrido 81 asesinatos en el proceso electoral en marcha, destacando –este y el año pasado- los crímenes de Ricardo Taja Ramírez, ocurrido el 21 de diciembre, en Acapulco, Guerrero, quien era aspirante a diputado federal por Morena; el del regidor panista de Cuautla, Morelos, Alfredo Giovanni Lezama Barrera, acribillado el 4 de enero; el de Sergio Hueso, de Movimiento Ciudadano, que buscaba la candidatura de ese partido a la presidencia municipal de Armería, Colima, ocurrido el 5 de enero y el de David Rey González, aspirante a la candidatura por PRI, PAN y PRD a la presidencia municipal de Suchiate, Chiapas, ocurrida también el 5 de enero pasado. En 2023 destacan los asesinatos de siete personas relacionadas con partidos políticos (cinco con Morena uno con MC y uno con el PAN), entre ellos un excandidato a síndico, dos encuestadores, dos precandidatos a alcalde, un consejero político de Morena y un dirigente municipal de ese partido. Además, se reportó el secuestro del expresidente municipal de Santa María Jacatepec, Oaxaca, Gerardo Domínguez. De los casos de ataques armados, la mayoría son contra policías, aunque también están los casos donde las víctimas fueron un secretario de ayuntamiento y un expresidente municipal.
EN ESE sentido, para la consultora Integralia, lo mismo que para otras empresas consultadas, la violencia política constituye un riesgo político para 2024, ya que los grupos criminales aprovechan la coyuntura electoral para ampliar su control sobre los gobiernos y los mercados locales: a corto plazo, eso aumenta la violencia política, y a mediano plazo fortalece su autoridad a nivel territorial, dejando vulnerables a las comunidades y organizaciones frente a delitos como extorsiones, cobro de piso o robos. Si bien, aclara que dicha captura puede ocurrir en cualquier momento, los grupos criminales aprovechan las coyunturas electorales para mantener o extender su control sobre gobiernos locales. En ese breve tiempo electoral, el fenómeno incrementa los incidentes de violencia político-electoral, es decir, las agresiones físicas o amenazas a personas candidatas y funcionarias públicas o sus círculos cercanos para obligarlas a cooperar con grupos criminales o retirarlas de la contienda electoral para favorecer a candidatos afines a los intereses de las organizaciones delictivas.
POR ESA razón, se esperaría que 2024 se posicione como el año más violento debido al número de cargos en disputa a escala local; la proliferación de organizaciones criminales y la diversificación de los mercados ilícitos, ya que, según la consultora, lo delicado es que la ampliación del dominio territorial del crimen organizado tiene implicaciones para el entorno de negocios y la gobernabilidad en las regiones controladas por las organizaciones delictivas. Por otra parte, el proyecto Elecciones y Violencia del programa Noria para México y América Central, realizó el análisis “Violencia política – electoral en México, 2020-2021. Lo que dicen y lo que esconden los datos”, a partir de reportes de prensa, según el cual, en este proceso electoral, el más grande realizado durante los últimos años, —pues no solo se renovaron la presidencia de la República, el Congreso de la Unión, sino 15 gubernaturas y los congresos y las presidencias municipales en 30 de las 32 entidades federativas—, se registraron 101 homicidios de políticos entre septiembre de 2020 y el día de la elección. Además, ocurrieron otros 157 incidentes violentos como amenazas, atentados, desapariciones forzadas y heridas en riñas. Destaca que en 62 de las incidencias hubo armas de fuego. Del total de incidencias contempladas en el análisis coordinado por la académica María Teresa Martínez Trujillo, 55 por ciento son atentados; 39 por ciento asesinatos. El resto son casos de desaparición forzada, presuntos accidentes, heridas en riña o protestas.
EL DOCUMENTO destaca que 58 por ciento de las víctimas de violencia son precandidatos, aspirantes o candidatos a puestos de elección popular, lo cual demuestra que las candidaturas, en tanto procesos de reacomodo del poder político, se convierten en espacios de interés que se buscan gestionar con violencia. Para colmo, Veracruz está clasificado como el Estado el más inseguro para participar en política. En las gráficas realizadas a partir de los datos de esa elección destaca que Veracruz fue el estado más inseguro, pues concentra 15.9% de los ataques, seguido por Oaxaca, con 9.3, Puebla, 8.5% y Guerrero, Michoacán y Chiapas con 6.6%; 6.6% y 6.2%, respectivamente. Dicho de otra forma, 48% de las incidencias ocurrieron en Veracruz, Oaxaca, Puebla, Guerrero y Michoacán. Así las cosas. OPINA carjesus30@hotmail.com
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