CON LA detención del ex gobernador chihuahuense, Javier Corral Jurado ejecutada por agentes judiciales del Estado de Chihuahua y, posteriormente liberado –casi a sangre y fuego por ministeriales encabezados por el espurio encargado de despacho de la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México, Ulises Lara-, se entiende, finalmente, para que quiere el Presidente Andrés Manuel López Obrador la reforma al Poder Judicial Federal –y en los Estados-: para proteger a los aliados y perseguir a quienes no se dobleguen, una especie de Nicolás Maduro que socava todo lo que le estorba, le hace sombra o critica, en tanto otorga beneficios a quienes se prestan a su juego perverso. Porque resulta inexplicable que Ulises Lara, acompañado de personal ministerial, impidiera la aprehensión de Corral Jurado por parte de la Fiscalía Anticorrupción chihuahuense, que anoche intentó detenerlo en el restaurante Gin Gin, ubicado en la colonia Roma, por los delitos de peculado y corrupción, presuntamente cometidos durante su mandato en el estado, que inició en 2016. La orden habría sido librada por el juez penal de Primera Instancia Distrito Judicial Morelos del Estado de Chihuahua, en la causa 3050/2024 con fecha del pasado 9 de agosto. Lo curioso es que, como si se tratara de una burla, en marzo pasado la Presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo y Javier Corral Jurado anunciaron que trabajan en un plan anticorrupción que presentarán próximamente, esto es, la futura mandataria pondrá su Iglesia en manos de un moderno Martín Lutero o, peor aún, encomendará la vigilancia de los recursos públicos a Ali Baba. Como fuera, la coordinación que debería existir entre fiscalías Estatales, Ulises Lara López –por supuesto, por instrucciones superiores que pudieron emanar de la mismísima Sheinbaum o del Presidente López Obrador-, se la pasó por el arco del triunfo, luego de que personal de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua se presentó minutos después de las 22:00 horas en el mencionado restaurante de la colonia Roma, de la alcaldía Cuauhtémoc, donde se encontraba el ex mandatario cenando, para cumplimentarle la orden de aprehensión. Ante esa situación, el encargado de despacho de la Fiscalía capitalina se presentó en el establecimiento, y junto a agentes ministeriales capitalinos rescataron al senador electo y próximo ¡fiscal anticorrupción! en el gobierno de Claudia Sheinbaum, un sujeto acusado de diversos delitos en su Entidad pero protegido por el poder supremo de quienes dirigen al País, desgarrándose las vestiduras al exigir una Reforma al Poder Judicial, dizque corrompido a no poder, en tanto apadrinan y salvaguardan a quienes son artífices de delitos, pero por el solo hecho de ser, ahora, MoReNos ya se purificaron.
EL VIDEO del interior del establecimiento es más que evidente: se observa el momento en que Javier Corral informa a Ulises Lara que le intentan cumplimentar una orden de aprehensión, pero el encargado de despacho respondió que las autoridades capitalinas decidieron “no colaborar” en el caso y acudió al sitio como guarura de Corral. “Decidimos no colaborar, una cosa es recibirla (la notificación de la Fiscalía Anticorrupción) y otra cosa es que ustedes se hayan arriesgado así sin actuar”, respondió Lara, quien dijo a los ministeriales de Chihuahua: “Ustedes nos ingresaron el documento hoy 14 de agosto, nada más lo dimos por recibido, pero no hemos respondido que ustedes puedan actuar en Ciudad de México sin nuestra autorización”, y acto seguido, valiéndole un comino la ley, porque son morenos y pueden hacer lo que les venga en gana, acompañado de personal ministerial de la ciudad de México sacaron a Javier Corral del restaurante entre empujones y flanqueado por el encargado de despacho de la fiscalía, siendo trasladado a las instalaciones del búnker de la Fiscalía de CdMx, ubicado en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, en la capital del país.
POCOS SABEN que Corral Jurado, de 58 años, fue alguna vez periodista, académico, activismo social y político. Y aunque se graduó como licenciado en derecho y ciencias sociales por la Universidad de Occidente con mención honorífica, el inicio de su carrera estuvo caracterizada por la defensa de la libertad de expresión y los derechos humanos. Desde joven mostró su inclinación por el periodismo, fundando un periódico estudiantil a los 11 años, lo que lo llevó a recibir el Premio Internacional de Periodismo en la Casa Blanca. Su carrera en los medios incluyó roles como reportero, columnista y editor en varios periódicos de Ciudad Juárez, y como académico, fue integrante de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) y profesor en la UNAM. En política, Corral se unió al Partido Acción Nacional en 1982 y desarrolló una carrera parlamentaria que culminó con su elección como gobernador de Chihuahua en 2016, cuando se convirtió en el segundo gobernador de oposición en la historia moderna de Chihuahua. Durante su gobierno se llevó a cabo la denominada “Operación Justicia para Chihuahua” que consistió en la investigación, aprehensión y enjuiciamiento de su predecesor, el priista César Duarte Jáquez, así como varios de sus colaboradores, además de diversos actores políticos y sociales de Chihuahua y de México. Como senador fue un duro crítico y detractor de la denominada Ley Televisa de 2006, aquella que buscaba una serie de modificaciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones (LFT) y Ley Federal de Radio y Televisión (LFRT) publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 11 de abril de 2006. La controvertida ley fue aprobada en marzo de 2006, por el pleno de la Cámara de Diputados prácticamente por unanimidad, en un lapso de 7 minutos y sin lectura previa, algo insólito en la historia de México. La ley fue confirmada por el Senado, "sin cambiarle una coma", durante el último año de la presidencia de Vicente Fox y poco antes de las elecciones generales de 2006. Fox pudo haber vetado la ley por los señalamientos hechos por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes contra la ley, pero decidió publicarla, haciendo que entrara en vigor a partir del 11 de abril del mismo año. Para ello pretextó la democracia que imperó en las cámaras en su aprobación.
COMO FUERA, ya siendo Gobernador, Javier Corral incurrió en varias inconsistencias, de tal suerte que el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) inició un proceso en su contra bajo el folio 073/2024-3JRA. Este proceso se activó tras la resolución de la Secretaría de la Función Pública (SFP), que turnó el caso al TEJA después de una audiencia celebrada el 23 de julio. Aunque se trata de un procedimiento administrativo y no penal, en caso de que se comprueben las acusaciones, el exgobernador podría enfrentar una inhabilitación. La denuncia fue presentada por el diputado local Omar Bazán Flores, quien acusa a Corral Jurado de enriquecimiento ilícito por no haber declarado una propiedad adquirida en Ciudad Juárez y por no justificar su origen, esto comprende durante su mandato de 2016 a 2021. La propiedad en mención es un terreno de 15 hectáreas, valorado en cuatro millones de pesos, ubicado en el ejido Nombre de Dios. Además, tiene un adeudo fiscal de 60 mil pesos por impuesto predial. En fin, esa es la reforma al poder judicial que se quiere en México, de tal suerte que: para los amigos justicia y gracia, para los enemigos, justicia a secas. OPINA carjesus30@hotmail.com
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