LOS CAPRICHOS alentados por resentimientos acumulados a través del tiempo caen por su propio peso, y Edmundo Jacobo Molina fue restituido como secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electora (INE) tras el fallo del juez décimo segundo de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, quien le otorgó la suspensión que se deriva del juicio de amparo interpuesto por el aludido que ordenó restituirlo en el cargo, acto con el que, también, dejó en claro la juzgadora, se salvaguarda la autonomía e independencia del INE. El Presidente Andrés Manuel López Obrador que odia a los consejeros del INE, y que desea acotarlos para arrebatarle el control del instituto para perpetuar a quien le venga en gana en el poder, envió el llamado Plan B al Congreso de la Unión que, entre otras cosas, contemplaba la destitución de Edmundo Jacobo, quien solo estuvo doce días alejado de su cargo, aunque siempre confió en que regresaría porque lo que se cometió con él y se pretende cometer con el INE es un acto de injusticia que violenta la constitución, y por ello ahora que retornó por orden una juez, de esos que aborrece López Obrador porque no se someten a su voluntarismo, él nuevamente secretario ejecutivo del INE fue recibido con aplausos y felicitaciones de la mayoría de los presentes en la sesión del lunes, convocada de manera extraordinaria para restituirlo en el cargo. En Palacio de Gobierno deben estar rumiando el fracaso, y en ese tenor se esperaría que la Suprema Corte de Justicia de la Nación actué en consecuencia contra el Plan B que no es otra cosa que vómito ácido contra todo lo que está en contra de un gobierno que se cree dueño de México, y que por tiranía mando construir un aeropuerto en Santa Lucia al que bautizó como Felipe Ángeles, el cual ha sido un fracaso, por lo que el mandamás ha ordenado a varias líneas operar desde el AIFA, incluidos los aviones de carga, pero poco se ha logrado. La terminal aérea es otro de los fantasmas o elefantes blancos que edifica la administración Federal más ocurrente que ha tenido México.
PERO LOS integrantes del INE y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además de otros órganos desconcentrados no son los únicos a los que odia el Presidente de la República en turno, ya que en el mismo Plan B se incluyó una reforma a la Ley General de Comunicación Social, concretamente al Artículo 26 que ahora establece que: “Los Entes Públicos deben elaborar el Programa Anual de Comunicación Social considerando la prioridad temática y cronología de la difusión de las Campañas a efecto de dar
cumplimiento con la Estrategia de Comunicación Social. Las Campañas se sujetarán al objetivo de comunicación que persigan los Entes Públicos. En los Programas Anuales de Comunicación Social, los Entes Públicos deben observar: I. Que las Campañas de Comunicación Social tengan relación directa con sus atribuciones y facultades; II. Que los recursos a utilizar sean proporcionales a los objetivos de la campaña no rebasen los límites de ejercicio establecidos en esta Ley;
III. Que las herramientas y medios previstos para la difusión de la campaña sean idóneos para tener impacto en el público objetivo; IV. Que sus objetivos sean claros y precisos para comunicar; V. Que establezcan metas y procedimientos de evaluación de las campañas; VI. Que utilicen, en primera instancia, los tiempos oficiales conforme a las disposiciones legales y administrativas aplicables, en el caso de los Entes Públicos que tengan derecho a ello, y VII. Que cumplan con los principios rectores de la Comunicación Social, los criterios para la aplicación del gasto y las reglas para la asignación de Campañas de Comunicación Social
previstas en esta Ley”. Y aquí viene lo bueno: “El límite del gasto del Programa Anual de Comunicación Social, en su conjunto, no debe rebasar el 0.1 por ciento del Presupuesto de Egresos Anual correspondiente.
EL PRESUPUESTO para comunicación social destinado a la difusión y promoción en medios por parte de ayuntamientos y los Estados era, hasta antes de esa reforma, de 3 por ciento del presupuesto, pero el Presidente que odia a los medios de comunicación, sobre todo independientes, desea desaparecerlos como suelen hacerlo los dictadores de América Latina y el mundo, y la mejor manera es reduciendo el presupuesto para que municipios y Estados, sobre todo opositores no tengan forma de promocionar sus logros, algo que se espera sea echado abajo junto con el afamado Plan B, ya que al respecto ha sido interpuestas controversias constitucionales y suspensiones, como la que ganó Edmundo Jacobo, el secretario ejecutivo del INE que tuvo que ser reinstalado pese a las burletas presidenciales que lo bautizó como “Porfirito”, en alusión al héroe de la guerra de intervención el 5 de Mayo de 1862 en Puebla, y uno de los mejores ex Presidentes que ha tenido este País, don Porfirio Diaz Mori a quien, sin embargo, le ganó la ambición de perpetuarse en el poder, como pretende López Obrador, aunque lo haga como Plutarco Elías Calles durante el Maximato, cuando durante seis años dominó al País a partir de tres presidentes impuestos por él, a los que manipulaba a su antojo convertidos en marionetas sin voluntad, a tal grado que quien no se doblegaba era objeto de su furia sufriendo, incluso, atentados.
AMLO ODIA a los medios de comunicación, porque considera que no le apoyaron en sus afanes de llegar a la Presidencia desde el 2006, cuando Felipe Calderón le ganó la Presidencia en buena lid, aunque se dijo defraudado, y echo la culpa a la prensa. pero no eran los medios los que controlaban las elecciones sino el Instituto Federal Electoral, y por ello ahora aborrece a los consejeros, a tal grado que desea borrarlos para que sean los legisladores de MoReNa los que califiquen y controlen futuros comicios, algo que se vivió en el viejo PRI, pero que de ninguna manera era democrático. Todo es maldad en el mandatario nacional cegado por el rencor que vuelca en arrebatos, imposición de apodos a sus adversarios, burlas y escarnio como razón de la sinrazón.
POR LO pronto, Jacobo Molina ya fue reinstalado, y el llamado Plan B ha sufrido su primer revés jurídico de muchos que, seguramente vendrán, alentados por otros resentidos que hablan al oído al mandatario nacional, porque tiene razón el secretario ejecutivo del INE: no se trata del caso de una persona, sino de la defensa de Estado de Derecho, y para evitar que el poder se convierta en una amenaza. “El litigio no son simples controversias de la persona que ahora se dirige a ustedes y su permanencia o no en un cargo, tiene que ver con la concepción del Estado mexicano como un Estado de Derecho, en el que se respeten las competencias conferidas por la constitución a los órganos primarios y los derechos humanos reconocidos a las personas”. Porque quebrantar la ley o fingir su vigencia solo erosiona al estado de derecho y nos acerca peligrosamente a la ley del más fuerte por las altas dosis de arbitrariedad que ello significa. Así de simple. OPINA carjesus30@hotmail.com
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