POCO A poco comienzan a caer los gobiernos de izquierda en Latinoamérica, algunos emanados del pueblo pero que en el ejercicio del poder se transformaron en tiranos que decidieron a la tentación de la corrupción, como el caso de Perú donde fue detenido el Presidente Pedro Castillo tras un intento de disolver el poder legislativo y reorganizar el sistema de justicia, y ha sido el propio Congreso peruano el que le quitó la envestidura, ignorando la decisión arbitraria del mandatario y su golpe de Estado. En ese tenor, el Procurador General en Perú, Daniel Soria, presentó denuncia penal ante la Fiscal de esa Nación por la presunta comisión de los delitos de sedición, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública, apenas unas horas después de que la vicepresidenta de Argentina Cristina Kirchner escuchó el veredicto de una corte que le dictaba seis años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por defraudación al Estado. Y aunque los jueces la absolvieron del delito de asociación ilícita, penada con hasta 12 años, la decisión ya fue tomada impidiendo que la ex Presidenta se presente a futuras elecciones de cualquier tipo. Fue una sentencia a medio camino entre lo que había pedido la fiscalía y la absolución que reclamaba su defensa. Argentina esperó el fallo entre la resignación y la euforia. En el peronismo, y mucho más en su versión kirchnerista, sostienen que están ante la consumación de una larga estrategia persecutoria contra la política más influyente del país. Pero la oposición dice que la justicia ha obrado sobre una dirigente a la que achacan todas las maldades posibles. Kirchner no irá a la cárcel, porque tiene fuero como vicepresidenta, y puede apelar su condena ante la Corte Suprema, un proceso que demora años, pero el impacto político está dado, y en política puede más el escándalo que el delito.
EN EL caso del, ahora, ex presidente Pedro Castillo, a quien el Presidente Andrés Manuel López Obrador entregaría en Perú la presidencia de la Cumbre de la Alianza del Pacífico el próximo 14 de este mes, el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard dijo que “México lamenta los últimos acontecimientos y hace votos por el respeto a la democracia y a los derechos humanos en bien de ese entrañable pueblo hermano”. Y es que horas antes, integrantes de la Policía Nacional montaron un operativo para detener al ahora expresidente Pedro Castillo tras su destitución del cargo por parte del Congreso de aquella Nación, y hay versiones de que Castillo, el hombre del sombrero ridículo se dirigía a la embajada de México en Lima en busca de asilo, o acaso con la intensión de repetir la hazaña de Evo Morales cuando fue destituido de la presidencia de Bolivia y a punto estuvo de ser detenido, pero a don Pedro no le dio tiempo de llegar, ya que fueron los propios ciudadanos los que detuvieron la caravana que lo trasladaba.
Y ES que en un acto desesperado, autoritario y arbitrario, como el de muchos presidentes latinoamericanos, Castillo ordenó disolver el Congreso de su País, lo que motivó que fuera denunciado por los delitos de sedición, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública, y el arrebato lo cometió no obstante que minutos antes la embajadora de Estados Unidos en Lima, Lisa Kenna instó a Castillo a "revertir" la disolución del Congreso que había decretado. No hizo caso a la voz de la potencia del norte, y, en consecuencia, la vicepresidenta Dina Boluarte, que denunció un "golpe de Estado", asumió la presidencia. En pocas palabras, Castillo ya no entendía de razones, se creía la personificación de un nuevo Mesías peruano, pero se olvidó que el Gobierno es un acto de consensos, de diálogo y entendimiento, y aunque tenía a la policía y al ejército de su lado, ambas instancias decidieron hacer a un lado respetando la decisión del congreso peruano.
CASTILLO ASUMIÓ la presidencia en Julio de 2021, y desde entonces vivió varias crisis de gobierno que le obligaron a reemplazar su cartera de ministros en más de una ocasión, y la sesión del miércoles era el tercer intento de la oposición en el Congreso de sacarlo del poder declarando su vacancia del cargo por "permanente incapacidad moral" para gobernar. El día antes, Pedro Castillo acusó a la oposición de querer "dinamitar la democracia" (como lo hacen otros mandatarios latinoamericanos cuando se quedan sin argumentos, incluido Andrés Manuel López Obrador) y volvió a declararse inocente de las acusaciones de corrupción en su contra. La convocatoria del Congreso para discutir la destitución de Castillo, que estaba prevista antes de la declaración del gobierno de excepción, se basaba en la supuesta incompetencia del mandatario para gobernar pues en año y medio de gestión había nombrado cinco gabinetes y unos 80 ministros. Sobre el mandatario pesaban varias acusaciones de corrupción que involucran a miembros de su familia, pero que -en algunos casos- también le tocan directamente. De hecho, en octubre pasado, la fiscalía presentó una denuncia constitucional contra el mandatario, a quien señala por supuestamente liderar "una organización criminal" para enriquecerse con contratos del Estado y obstruir las investigaciones (¿dónde hemos escuchado hablar de eso?), sin embargo, durante la sesión para destituirle el argumento más mencionado por los parlamentarios para votar en su contra era la necesidad de preservar la democracia y el Estado de Derecho. Y si bien para la destitución de Castillo era necesario el voto de dos tercios de los 130 miembros del Congreso, unos 87 parlamentarios, fue aprobada con el respaldo de una holgada mayoría de 101, lo que advierte el rechazo que ya existía contra el mandatario.
AHORA BIEN, con la caída de Pedro Castillo y el ascenso de Dina Boluarte, Perú suma ya seis presidentes de la República desde 2018. En marzo de ese año se produjo la renuncia del mandatario Pedro Pablo Kuczynski, quien había sido electo en los comicios de 2016 y optó por renunciar al cargo antes de que el Congreso procediera a realizar una votación -que el mandatario tenía perdida- para destituirle. Kuczynski fue sustituido por su entonces vicepresidente Martín Vizcarra, quien fue removido del cargo por el Parlamento en 2020. Tanto Kuczynski como Vizcarra están siendo investigados por la Fiscalía, pero hasta ahora no hay procesos judiciales en su contra. Vizcarra fue sustituido por el congresista Manuel Merino, quien renunció al cargo cinco días después de asumir la presidencia. En su lugar, el Congreso juramentó a Francisco Sagasti, quien gobernó el país hasta la elección de Pedro Castillo. En ese tenor, más allá de los posibles casos de corrupción en los que presuntamente puedan estar involucrados estos exmandatarios, los recurrentes cambios en la presidencia del país se explican también por la fragmentación política y por el diseño institucional de la Nación que facilita que el Congreso use sus facultades de control para forzar cambios en el Ejecutivo, algo que debería copiarse en México. Así de las cosas…OPINA carjesus30@hotmail.com
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