SER MUÑECO de guiñol o de ventrílocuo del Presidente Andrés Manuel López Obrador no siempre resulta ser lo correcto, aun cuando el jefe del Ejecutivo Federal los manipule introduciéndoles una mano en la parte de trasera para que hagan su santa voluntad, como ocurre con los dummy o vent figure (figura con abertura) que manipulan Paco Miller, don Carlos con Neto y Titino y hasta Frank y su conejo Blas por solo citar algunos. Y es que ciertos personajes como Cuitláhuac García Jiménez suelen salirse del guion, como Pinocho que quería ser un muñeco real para parecerse a su creador Gepetto, y hasta trataba de pensar –a pesar de tener cerebro de aserrín- como lo hacía el carpintero mágico de cabellos canos. Y en ese tenor se encuentra García Jiménez que no deja de imitar a su manipulador a ver si el Hada Azul que dio vida a Pinocho le concede emancipación y liderazgo para ya ser él, y no solo una figura más de las que utiliza Gepetto para sus fines. Por ello se le ocurrió irse a la yugular de jueces y magistrados, luego de que el mandatario nacional pidió a funcionarios federales y Estatales que desobedezcan a jueces cuando éstos ordenen la liberación de algún detenido si consideran que hubo corrupción en su proceso (el criterio por encima de la ley). Molesto por la decisión de la Corte de eliminar la prisión preventiva forzosa para delitos fiscales, al primer mandatario lo primero que se le ocurrió fue ordenar a los encargados de aplicar la ley…¡ignorarla! Lo grave del tema es que la orden presidencial atenta contra el Estado de Derecho, convierte al mandatario en delincuente, expone a funcionarios que lo sigan a ser procesados por desacato judicial (como Cuitláhuac), y pinta al país ante el mundo, ¡otra vez!, como un lugar donde las leyes no valen nada.
DE ESA manera, Cuitláhuac García, para quien el Presidente AMLO es una especie de Alter Ego, al igual que este decidió golpear al Poder Judicial de la Federación, en especial a la juez Federal Daniela María León Linarte, quien en días pasados fue criticada durante por el mandatario Estatal que la acusa de defender a corruptos, y de manera particular citó el caso del ex subsecretario de Administración y Finanzas en el gobierno yunista, Bernardo Segura, quien habría obtenido un amparo para reponer su audiencia donde podrían resultarle ciertos beneficios. Acostumbrado a hablar sin presentar pruebas de sus dichos, el Gobernador fue advertido por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, de que el incumplimiento injustificado de un dictamen judicial da lugar a responsabilidad tanto administrativa como penal” y le recordó al Presidente López Obrador que alentar tal actitud sobre las decisiones jurisdiccionales atenta contra la Constitución, la división de poderes y el Estado de Derecho". De esa manera, la agrupación respalda a la juez federal Daniela María León Linarte, quien en días pasados fue desacreditada por el mandatario Estatal que ahora presume ser mejor empacador de chícharos, elotes y hasta chiles que Clemente Jacques.
LA ASOCIACION defendió a la juez que emitió tal resolución con justificada razón, y consideró que las acusaciones hechas por el mandatario estatal fueron ofensivas al exhibirla públicamente de manera injustificada, “por cumplir con su delicada función constitucional de impartir justicia”. Tales actos, indican, no sólo vulneran su dignidad sino, también ponen en riesgo a su familia, máxime si se trata de titulares mujeres como el caso de la jueza de distrito Daniela María León Linarte, adscrita al Juzgado Décimo Quinto de Distrito con sede en Xalapa", agregan en un comunicado. El documento fue firmado por el director Froylán Muñoz Alvarado, quien refirió que la Asociación reitera todo su respaldo a los juzgadores y juzgadoras federales al emitir sus resoluciones con independencia de cualquier tipo de presión, al tiempo que increpan a Cuitláhuac García Jiménez por “exhibir y vulnerar” a su colega Daniela María León Linarte, Juez Decimoquinto de Distrito en Veracruz, advirtiendo que sus dichos podrían derivar tanto en “responsabilidad administrativa como penal”, y le recuerdan que “de igual forma, ofende la exhibición pública e injustificada de las personas juzgadoras federales, por cumplir con su delicada función constitucional de impartir justicia, tales actos no solo vulneran su dignidad, sino también ponen en riesgo a sus familias”.
EL JUEVES pasado en su habitual conferencia de prensa con la que busca emular a su jefe, Cuitláhuac García manifestó su desacuerdo con "los criterios emitidos por jueces federales” al ordenar a jueces de control del Poder Judicial de Veracruz repetir audiencias con beneficios a acusados de delitos de corrupción, para no aplicarles la prisión preventiva oficiosa. “Es lamentable que suceda así porque no solamente resultan muy garantistas, ojalá fuera eso, la garantía del Derecho que todos tenemos a la justicia plena, sino que, es extraño que pudientes, personas de las administraciones anteriores que tienen muchos recursos y por lo que veo muchas amistades en el nivel de justicia federal” sea beneficiadas por la ley, y sin más, en otra burda imitación de su patriarca, se refirió al caso de Bernardo "N", quien fuera subsecretario de Finanzas en el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares, luego de que la juez Daniela María León ordenó que se repusiera su audiencia abriendo la posibilidad de que quedase en libertad.
CUITLAHUAC QUE ha demostrado tener la lengua muy floja, dijo diferir del criterio que utilizó la jueza “en beneficio de Bernardo “N”, ex subsecretario de Finanzas de la administración anterior. “Vamos a estar muy atentos y como yo lo dije; que sepa la gente que en el nivel federal todavía hay algunos jueces que se exceden en favor de los presuntos culpables de corrupción”. Bernardo "N", como bien se sabe, fue detenido en Octubre de 2019 acusado de los presuntos delitos de ejercicio indebido del servicio público y abuso de autoridad, sin embargo, a Segura Molina se le acusa, junto a otros ex servidores públicos, de haber malversado al menos 32 millones de pesos. El mismo proceso se abrió en contra de la ex titular de Finanzas, Clementina Guerrero, así como de Adrián Viccon y Francisco Virúes, todos ex trabajadores de la dependencia. “En conclusión, se estima que el acto reclamado conculca los derechos humanos de seguridad jurídica en su vertiente de legalidad (indebida motivación), ya que el actuar del juzgador responsable no se ajusta a ninguna hipótesis legal de las contenidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, aunado a que vulnera el principio de presunción de inocencia del imputado como regla de trato procesal, ya que se prejuzga sobre alguna posible culpabilidad en la imposición medida cautelar”, determinó la juez, algo que al abogado Cuitláhuac García Jiménez no le pareció. Así las cosas. OPINA carjesus30@hotmail.com
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