HORAS DESPUES del informe de una Presidenta Municipal de la zona centro del Estado, alguien llamó al diputado Federal, Benito Aguas Atlahua para advertirle: vete con cuidado porque van por ti (y eso pueden averiguarlo las autoridades Estatales si revisan el celular del legislador asesinato cuando junto con un arquitecto poblano, platicaban en torno al mausoleo que construiría para su padre). La propia esposa del finado declaró que el día del crimen e, incluso, un día antes, observó que Benito andaba raro, y que el día de su muerte le dijo que iría al panteón a ver la tumba de su padre. Aguas Atlahua, nos comentan, quería imponer a todos los candidatos a alcaldes en la región, no se sabe si por instrucciones de Palacio de Gobierno, pero en eso andaba, y ello pudo incomodar a algún grupo caciquil o incluso delincuencial que buscaba colocar a sus propios abanderados, aunque, la versión que nos relatan es que, quienes manejan la zona de Córdoba no atentaron contra el diputado, por el contrario, hay malestar ya que Benito mantenía buena relación con el responsable de esa zona que, incluso, ha ordenado una investigación para tener claro quien o quienes ordenaron su muerte que podrían no ser de la zona de las altas montañas sino por el rumbo de la cuenca del Papaloapan. Los ejecutores –de acuerdo a las primeras indagatorias- si podrían ser de la región, por el uso de motocicletas y el conocimiento que tenían de las brechas por donde escaparon. De hecho, el arquitecto asesinado junto con Benito es un empresario poblano que surte de refacciones y llantas a gente importante en la zona, y quien tendría la encomienda de hacer un mausoleo al padre del legislador ahora fallecido tras ser atacado por dos motociclistas que transportaban a un segundo pasajero. En total, fueron cuatro los ejecutores, según nos han comentado.
AHORA BIEN, nos informan que el asesinato del diputado Federal por el distrito XVIII de Veracruz, Benito Aguas Atlahua –en la comunidad Tepenacaxtla, municipio de Zongolica-, tiene un mensaje: fue como decir, aquí estoy, no se engolosinen que este es parte de mi territorio. Aquí mando yo, y como todo inicio de sexenio, peor aún, cuando se encuentra la sucesión municipal en puerta, habrá ajustes, muertos, descuartizados y encajuelados, muy a pesar de que en la zona fueron desplegados alrededor de 60 elementos de la Fiscalía General de la República -hospedados en Orizaba-, con instrucciones de sacudir el árbol y que caigan las manzanas podridas, sean quienes fueran el autor o autora intelectual y los responsables materiales del alevoso crimen no solo de Benito sino del empresario que le acompañaba, aunque lo más probable es que vayan por chivos expiatorios para bajarle intensidad a la región antes de que se convulsione mas.
HAY INSTRUCCIONES de llegar hasta las últimas consecuencias, de penetrar al fondo del asunto sin descartar ninguna línea de investigación, pues todo parece indicar que se trata de un tema político o de grupos incrustados en la zona que, muy probablemente, tienen relación con la delincuencia, y que buscan seguir mandando en la región donde varios grupos se disputan el control absoluto que les permita seguir manipulando a las autoridades municipales. Dicen los que saben que el crimen del legislador –que fue visto como un peligro dado el cariño que le prodigaban-, es un mensaje rudo que se replicará en otras zonas, pues el objetivo es, precisamente, imponer autoridades municipales a modo en los comicios que vienen. Y es que, con cerca de 900 ataques en contra de actores político-administrativos por parte del crimen organizado u autorizado, las elecciones de 2024 se convirtieron en las más violentas de la historia moderna. Sin embargo, la violencia político criminal no es un problema anclado exclusivamente a las coyunturas electorales, y sus implicaciones no acaban con el inicio de las nuevas administraciones.
De acuerdo con datos del proyecto Votar entre Balas, el número de víctimas de violencia político criminal a nivel nacional se incrementó en 218.8 por ciento de 2018 a 2024 (considerando, en ambos años electorales, el periodo de enero a agosto). Del mismo modo, dicho problema se ha extendido geográficamente, al pasar de 126 municipios afectados en 2018 a 217 en 2024. El fenómeno podría estar arrojando luz sobre el proceso de expansión del control territorial del crimen, si consideramos que la violencia es una de las principales herramientas para neutralizar a la autoridad gubernamental e imponer la voluntad criminal. En otras palabras, además de reducir la participación ciudadana en las elecciones, en última instancia la violencia político criminal deviene en la explotación de recursos públicos y economías locales por parte de los grupos delictivos, lo que, en pocas palabras, reduce las oportunidades de desarrollo.
BENITO AGUAS fue alcalde de Zongolica, puesto para el que pidió licencia para poder competir en las elecciones federales del pasado 2 de junio. Anteriormente, en las elecciones del 2017 también compitió por la presidencia municipal, sin embargo, en esa ocasión no resultó vencedor. Para el siguiente año, fue suplente en la diputación local del distrito 12 con sede en Zongolica. Estudió la Licenciatura en Ingeniería en Control de Calidad por la Universidad Veracruzana, y durante su campaña a la diputación federal, solicitó protección y seguridad personal ante el Instituto Nacional Electoral, ya que consideró que existían situaciones de inseguridad complicadas en la zona, luego de que se registraran varios robos y atentados contra personajes políticos de la región, incluido su contrincante por Movimiento Ciudadano, en pocas palabras, algo sospechaba en su contra. Según el Seminario Violencia y Paz de El Colegio de México, en México se perpetraron 32 homicidios en contra de aspirantes a cargos de elección popular en el proceso electoral 2023 y 2024. Si bien todos los institutos políticos presentaron víctimas, el partido en el gobierno, Morena, fue el que más víctimas (8) registró en sus toldas, seguidas de Movimiento Ciudadano con 6 homicidios. Cabe resaltar que de los 32 homicidios, solo 11 pueden atribuirse a organizaciones criminales, cifra que es alarmante ya que reafirma la participación e injerencia de la criminalidad como otro candidato más dentro del tablero electoral. En suma, entre 2018 y 2024 se presentaron alrededor de 1mil 709 hechos victimizantes entre ataques, homicidios, atentados y amenazas contra personas que se desempeñan en el ámbito político, gubernamental o contra instalaciones de gobierno o partidos. Y la violencia amenaza seguir si la Gobernadora no decide imponer orden, recurriendo a personas que conocen el tema en las diferentes regiones del Estado. Así de simple. OPINA carjesus30@hotmail.com
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