NADIE DESEARIA pensar que la detención de 13 policías Estatales -al iniciar la semana al interior del Centro de Estudios e Investigación en Seguridad (CEIS), conocido como Academia de Policía del Estado, a donde fueron citados dizque para un curso sobre derechos humanos-, obedezca a una cortina de humo para distraer la atención acaparada por el asesinato del diputado Federal por Zongolica y ex alcalde de aquel lugar, Benito Aguas Atlahua, reconocido líder indígena en la región. Y es que ha transcurrido una semana desde el alevoso crimen que costó, paralelamente, la vida a un arquitecto poblano, y las autoridades judiciales no han logrado dar con los involucrados, y acaso nunca lo hagan, pero el tema ha ido creciendo, muy a pesar de que la presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que el Gobierno federal colaborará con la investigación, e incluso asume que se evaluaría si se requiere de la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR), habida cuenta de que el funcionario asesinado era un diputado de rango federal, y así se hizo, pues 60 elementos de la corporación fueron trasladados y hospedados en un lujoso hotel de Orizaba, en tanto realizan las indagatorias. Quizá lo que más preocupó a las autoridades locales fue el hecho de que la Diócesis de Orizaba, vía el vocero, párroco, Helkyn Enríquez Báez dejara en claro que el asesinato de una persona siempre impacta y confirma que todavía hay crisis de violencia en nuestro Estado y, eso mantiene prisioneras a las comunidades que viven con miedo de sufrir un atentado. “Las comunidades viven con temor de que les roben la paz, pues si hechos como ese sucede con funcionarios como fue el caso de Benito Aguas Atlahua, diputado federal por el Distrito de Zongolica, pueden ocurrir también con la gente de los pueblos. Por ello anotó que la Iglesia Particular de Orizaba espera, como siempre, que se clarifique el homicidio del legislador originario de la sierra de Zongolica ocurrido la tarde-noche del domingo pasado y, que se siga trabajando para fortalecer las estrategias de seguridad y el restablecimiento de paz en las comunidades y municipios, pues solo así, las familias y todas las personas que viven en el estado podrán tener la seguridad necesaria para desarrollar sus actividades ordinarias sin el temor de ser víctimas de la violencia.
LA DIOCESIS recordó que la nueva gobernadora, Rocío Nahle se comprometió a poner atención a todos los temas que lo requieren, y eso se espera que haga. “Si es necesario, se deben revisar las estrategias de seguridad y cambiar algunas o hacer lo que se tenga que hacer, para responder, por un lado, a la solicitud de justicia y aclarar los crímenes que se han cometido y, por otro, garantizar la paz y la seguridad en las comunidades”. Y fue más allá: “Sabemos que hay rubros prioritarios, uno de ellos es el de la seguridad junto con el de la educación y la salud en nuestro estado, esperamos, por tanto, que se vaya atendiendo lo necesario, para evitar más violencia en nuestra Entidad”. De paso, la Diócesis hizo un exhorto a los legisladores que se pelean en lugar de hacer su trabajo, para que, en un dialogo de altura, lleven con dignidad la investidura por la cual han sido elegidos, y que el recinto donde tienen que legislar sea un referente justo de civilidad, legalidad, de educación y también de formalidad. Esperarían también, que haya respeto recíproco, y que los conflictos se diriman con diálogo, argumentos y con las leyes que están resguardadas en un Estado de Derecho. Y es que el vocero de la curia refrenda que la violencia y las descalificaciones no caben ni en un recinto ni en su persona, por eso piden que corrijan esas actitudes y, “que se manifiesten como lo que son, legisladores que velan por el bien común y la legalidad en nuestro país”.
LA REGAÑINA fue severa, como lo han sido los reclamos nacionales e internacionales por el alevoso crimen, y acaso por ello, no deseamos creer que la detención de policías corruptos sea una caja china, al ordenar la Fiscalía General del Estado la detención de 13 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado acusados por ser presuntos partícipes del delito de desaparición forzada. Se trata de distintos casos en los que los elementos estarían involucrados, y por los que se espera que en breve los jueces les vinculen a proceso. Los detenidos son: José Manuel “N” y José Rosalino “N” quienes se encuentra vinculados a la desaparición forzada de tres víctimas, además de Martín de Jesús “N”, Benjamín “N”, Francisco “N”, Sandra Anayeli “N”, Alfredo Irán “N”, Óscar “N”, Luis Gerardo “N”, Miguel Ángel “N”, Adriana Yamilet “N” y Juan Daniel “N”, que estarían señalados por dicho delito en agravio de dos víctimas de identidad resguardada, mientras que el elemento identificado como Andrés “N” sería partícipe de la desaparición de una persona.
EL TEMA de la desaparición forzada de personas no es nuevo, y ha ocurrido en distintas regiones de Veracruz, y todo el mundo sabe quiénes son los responsables, y tal vez por ello se antoja sospechosos que ahora, y solo ahora, se decida hacer justicia, cuando el Estado se encuentra caliente por el crimen reciente del legislador Agua Atlahua. Hay policías que en el gobierno de Javier Duarte de Ochoa levantaban y desaparecían ciudadanos o adversarios, y los que corrían con suerte eran sometidos a severas golpizas, y el propio ex Gobernador ya fue exonerado de esos delitos que pudieron darle al menos 15 o 20 años de cárcel, pero como ya es aliado de MoReNa fue perdonado. Deseamos equivocarnos y suponer que, ahora sí, se está aplicando la ley, porque el recurso pareciera una vieja estrategia priista y panista para tender una cortina de humo en torno a los verdaderos conflictos que afectan a la Entidad. Nadie desea suponerlo.
AHORA QUE, Veracruz no es una perita en dulce, y menos la región de las Altas Montañas donde se registraron decenas de ejecuciones y hechos violentos a lo largo de este año, destacando la desintegración familiar, la crueldad y la saña con que ocurrieron los crímenes, la mayoría no esclarecidos, por lo que los responsables gozan de impunidad. El 16 de febrero un adolescente de tan solo 16 años de edad apoyado por su abuelo, mató a golpes a su padrastro cuándo éste agredía a su mamá en el interior de su vivienda ubicada en las inmediaciones del Segundo Barrio del municipio de Rafael Delgado. El occiso fue identificado como Juan, de 58 años de edad, de oficio campesino y vendedor de frituras; su cuerpo fue reclamado por su hermana quién radicaba en el estado de Puebla. El 23 de febrero se registró una masacre en el municipio de Acultzingo, luego de que sujetos armados asesinaron a balazos a 7 personas, entre ellas un menor de edad, dos mujeres y cuatro hombres. El hecho sacudió a la región de Las Altas Montañas y al Estado por el grado de crueldad. Los cuerpos acribillados por impactos de arma de fuego quedaron al interior y en las afueras de una camioneta en color blanco la cual se encontraba estacionada al interior de un predio ubicado a un costado de la Avenida de La Presa entre Calle Atzompa y calle Sur 6 de la Colonia Centro, a escasas dos cuadras de la carretera federal 150 Orizaba Tehuacán y del palacio municipal. E1 11 de abril, Beatriz "N", de 21 años de edad, originaria del municipio de Soledad Atzompa, fue privada de la vida al interior de un Hotel denominado "La Miniatura", ubicado sobre la Avenida Oriente 3 entre Norte 6 y 8 en pleno Centro de Orizaba. El 12 de julio, una mujer identificada como Elia Casiano Déctor de 35 años de edad, con domicilio en la Colonia Aquiles Serdán del municipio de Nogales, hija de una conocida Juez de la Subunidad Integral de Procuración de Justicia con sede en el municipio Nogalense, fue privada de la vida a balazos y su cuerpo fue encontrado a un costado de la Autopista 150D Puebla- Orizaba a la altura del kilómetro 274 perteneciente al municipio de Nogales. Son muchos crímenes impunes de los que damos cuenta por separado en el espacio gobernantes.com, lo que corrobora que la inseguridad va al alza pese a promesas. OPINA carjesus30@hotmail.com
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