EL MARTES 2 de abril, el entonces candidato a diputado federal por Zongolica, Benito Aguas Atlahua pidió seguridad al Instituto Nacional Electoral para poder participar en los comicios que le convirtieron en legislador de la Cámara Baja, y ahora en difunto. El aspirante externo temores –que, ahora se sabe, no eran infundados-, y para tratar de suavizar las cosas, dejó en claro que no era el único que solicitaba seguridad personal, aunque no dio nombres de quienes también temían por sus vidas. El asunto quedó allí, y el abanderado del Partido Verde Ecologista de México por el Distrito XVIII mantuvo su andar, aunque dejó el antecedente ante el INE de los temores que sentía. Esa vez también alertó que otros candidatos de la región de las altas montañas habían pedido al Instituto este requerimiento, toda vez que han visto en las noticias hechos ocurridos, entre otros, a la alcaldesa de Mixtla de Altamirano, así como a su contrincante político de Movimiento Ciudadano, aunque lo cierto es que Benito sabía algo, pues hasta donde se sabe, confió a un cercano que temía que una mujer atentara contra su persona, aunque no dijo de quien se trataba, y si era por cuestiones políticas o pasionales, y los temores del representante popular se concretaron la noche del lunes, cuando trascendió la noticia de que Aguas Atlahua había sufrido un atentado que lo dejó gravemente herido, pues uno de los proyectiles se le introdujo en el cerebro y el otro en el pecho cuando se dirigía a su comunidad de la comunidad Tepenacaxtla, falleciendo horas después. Los hechos ocurrieron cuando viajaba a bordo de su camioneta y de pronto se le emparejó uno o dos sujetos a bordo de una motocicleta color negra, quienes, sin mediar palabras se le emparejaron y dispararon en varias ocasiones, recibiendo un balazo en el tórax y otro en la cabeza, este último muy delicado. Tras los sucesos y pasados algunos minutos, Benito Aguas fue trasladado al hospital IMSS-Bienestar de Zongolica donde su estado de salud fue reportado como delicado, en tanto sus auxiliares solicitaban un helicóptero para trasladarlo a Orizaba para su atención donde, finalmente falleció. Hay un segundo muerto durante la agresión, aunque, por cierto, es menester dejar claro que tras los hechos, fuerzas de seguridad tanto Federales como Estatales y Municipales desplegaron un intenso operativo en la zona sin que, por supuesto, hayan detenido a nadie, a no ser algún chico expiatorio.
HASTA ABRIL del año en curso, Veracruz, Estado controlado, mayoritariamente, por Morena debido a que tiene mayoría en los ayuntamientos locales y en el Congreso del Estado, las campañas electorales enfrentaban crispación por las denuncias de corrupción, de uso de recursos públicos, grupos políticos afianzados en el poder y la violencia que habían dejado en el último año al menos 15 políticos asesinados. Y es que, durante la gestión de Cuitláhuac García Jiménez fueron encarcelados una veintena de personajes políticos, quienes, tras su aprehensión lograron la libertad tras ganar amparos y demostrar su inocencia. Aún se recuerda el caso de la jueza Angélica Sánchez, acusada de supuesta actuación indebida en la liberación de un detenido, siendo capturada por la Fiscalía, pero logró librar varias imputaciones, situación que incluso derivó en una alerta de la ONU. También se recuerda cuando en 2021, el, ahora, ex gobernador morenista ordenó una reforma al Código Penal para endurecer las penas por los delitos de “Ultrajes a la autoridad y delitos contra las instituciones”, que implicaron cárcel para castigar a quien amenazara o agrediera a un servidor público por ejercer sus funciones, incluidos policías. El delito fue derogado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación por ser violatorio de los derechos humanos, pero dejó en prisión a más de mil personas en cárceles veracruzanas, entre estos varios políticos adversarios de la 4T, o quienes no se doblaron a los intereses de esa corriente.
BASTA LEER el informe “Violencia contra la prensa” presentado por la organización Artículo 19 en marzo pasado, donde se advirtió que en Veracruz hay un “efecto cascada” de estigmatización en contra de periodistas que cuestionan al gobernador. En ese sentido, el académico del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana, Alberto Olvera, considera que esas expresiones revelan que en Veracruz se vive o se vivió un régimen autoritario, pues desde que llegó Morena al poder, en el Estado restablecieron las peores prácticas del gobierno priista, las más radicales”. Olvera consideró que Veracruz estaba entre dos posturas: “Si sigue Morena en el poder me temo que vamos a seguir con esta lógica de concentración del poder y restauración priista, del régimen más autoritario que es lo que en la práctica ha sufrido Veracruz. Por el contrario, el PRI —que antes era el partido autoritario—, ahora puede significar el combate a los autoritarios del presente y jugar un papel de fuerza democratizante. Un mundo al revés”, y MoReNo ganó los comicios, y ahora habría que esperar si sus pronósticos se cumplen o cambian con Rocío Nahle en la Gubernatura, aunque, que se sepa, hasta el momento no se ha producido ningún acercamiento con la prensa, ya no se diga de la mandataria, sino de su coordinación de comunicación social, lo que no permite dilucidar avances sustantivos.
UN ESTUDIO de Data Cívica “Votar entre balas”, señala que Veracruz, junto con Guerrero, Guanajuato y Oaxaca, registraron el 38.4 por ciento de los eventos violentos durante el pasado proceso electoral. La numeralia revela que, en octubre del 2023 fue asesinado el exalcalde de Gutiérrez Zamora, Wilman Monje, quien era aspirante de Movimiento Ciudadano. Tres meses más tarde, Alejandro Naredo, presidente del comité municipal de Cuitláhuac, del PRD, fue ultimado a balazos. En febrero de este año fueron asesinados Andrés Valencia Río, exalcalde de San Juan Evangelista por la alianza PAN-PRD y Manuel Hernández, funcionario municipal de Misantla y aspirante a una diputación local por Morena, y el asesinato más reciente fue el de Policarpo Ramírez Coria, primo de dirigente del PRI en Veracruz, Adolfo Ramírez Arana. Otros políticos y funcionarios asesinados durante el último año son: Fernando Pérez Vega, excandidato de Fuerza por México en el municipio de Coxquihui, ultimado junto a su familia en enero de 2023; Leonardo Guzmán, director del Bienestar en Tlapacoyan; Alexis Sánchez, exdiputado local, así como Antonio Hernández, director de obras públicas en Amatlán, entre otros. A estos ataques se suman por otro lado varias masacres, como el abandono -en dos hechos distintos- de al menos 15 cuerpos en hieleras en espacios públicos de Tuxpan al norte de Veracruz, el de otros cuerpos que fueron dejados frente al palacio municipal de Cazones y el asesinato de siete personas en Acultzingo, y ahora el atentado contra Benito Agua Atlahua que le costó la vida junto a un ingeniero que le acompañaba. Y no se trata de diputas de bandas del crimen organizado como solía decir el susodicho Cuitláhuac, sino de la inoperancia de un Gobierno que dejo ser y hacer a los grupos de poder. A ver que sigue pasando, pero lo principal, a quien culparan de estos hechos. ¿Al pasado? Ya nadie lo creería por quedó muy atrás, y seria desfachatado hacerlo y no asumir una realidad que nos devora OPINA carjesus30@hotmail.com
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