Terminado el periodo electoral, parece ser que se ha conjurado el terrorífico escenario generado durante las campañas, plagados de discusiones y descalificaciones que presagiaban momentos postelectorales de virulencia extrema. Para bien, nada de esto ha sucedido, salvo excepciones puntuales.
Los resultados de estas elecciones suponen cambios profundos en la composición de escenarios y nuevos actores que deberán responder a las complejas circunstancias en las que vivimos y que sin duda originaron los resultados electorales. Una mayoritaria apuesta social por trasformaciones urgentes.
Múltiples problemas nos agobian en el país: violencia e inseguridad, desempleo y la pobreza, bajos ingresos y concentración de la riqueza, arbitrariedad, impunidad y falta de un estado de derecho, abandono del campo y persistente deterioro ambiental, servicios educativos y de salud de baja calidad, desconfianza en las instituciones y un compromiso ciudadano débil, que sigue pensando en el voto como único y fundamental gesto del buen ciudadano.
No obstante esta larga lista, hay un problema que toca toda la vida pública, un efecto negativo de transversalidad que incluso se llega a considerar el origen de una buena parte de nuestros problemas. Se trata de la corrupción como articulador de los arriba mencionados y de muchos más que hacen más compleja y difícil nuestra situación.
Ese es y ha sido el tema sobre el que se bordó el argumento central del ahora presidente electo Andrés Manuel López Obrador, para generar una esperanza frente a la descomposición existente. La corrupción como el piso sobre el que se sostienen el resto de nuestras contradicciones y problemáticas; la corrupción sin freno, que cancela oportunidades de crecimiento económico e imposibilita el desarrollo.
La corrupción es “nuestro” problema por antonomasia. Los niveles de “normalidad” en los que se mueve, truncan los quehaceres públicos, destrozan instituciones y enferman a la sociedad. Nuestro entramado institucional y social está carcomido por las relaciones derivadas de contraprestaciones sobre el manejo de recursos públicos y que suponen actos discrecionales que amparan ilegalidades.
La corrupción es mucho más que un problema de moral, es en sí misma un problema que erosiona los pisos de la convivencia y desarrollo, que implica distorsiones profundas y debe ser enfrentada rebasando las ideas de buenos y malos, de detenidos y encarcelados.
Urge ampliar esta perspectiva persecutoria para fortalecer las acciones preventivas. Generar la información y los mecanismos para prevenir los actos de corrupción, construyendo mapas de riesgos que identifiquen las áreas de opacidad donde se toman discrecionalmente decisiones, involucrando y rescatando una efectiva participación ciudadana que no solo vigile, evalúe y denuncie actos de corrupción, sino que se involucre en la construcción misma de las políticas públicas de prevención y combate a la corrupción.
La corrupción es el flagelo que debe ser enfrentado por los gobiernos y la sociedad impulsando la construcción de conductas sociales que permitan romper la normalidad de la corrupción, acudiendo a las leyes existentes que pueden tener mejoras y dando el respaldo a los esquemas institucionales que se han logrado acordar como el del Sistema Nacional Anticorrupción y los sistemas estatales.
Requerimos de voluntad política y de cero impunidad. Que los tomadores de decisiones se comprometan en eso de "cumplir y hacer cumplir la ley" que protestan en la toma de sus encargos.
Concretar los discursos que alrededor del combate a la corrupción se realizan, pasa por asumir que todo debe cambiar, aprovechando la vitalidad de sectores sociales y académicos que tendrán que aportar su responsabilidad. No es fácil, las líneas y conductos en los cuales se mueven las formas de apropiación ilegal de los recursos públicos han dado muestra de fuerza, de astucia e innegable capacidad para boicotear iniciativas que pongan en riesgo sus pingues ganancias.
DE LA BITÁCORA DE LA TÍA QUETA
Nuevos tiempos en la República. Que sean para bien. |
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