Por Eros Ortega Ramos*
De acuerdo con declaraciones oficiales de la Fiscalía General de la República (FGR), son 31 los investigadores integrantes del Foro Consultivo Científico y Tecnológico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) los acusados por peculado, operación con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Con esta, sería la tercera vez que se les imputan tales ilícitos a todos ellos, ya que anteriormente fueron acusados por daño patrimonial por más de 235 millones de pesos, supuestamente recibidos en dicho foro durante la administración peñanietista, sólo que en esa ocasión un juez desechó la emisión de las órdenes de aprehensión.
La ignominiosa lista negra se muestra a continuación:
· Jorge Antonio Villegas Rodríguez
· Teresa de León Zamora
· Rafael Pando Cerón
· Lorena Archundia Navarro
· Julio César Ponce Rodríguez
· Inocencio Higuera Ciapara
· Elías Micha Zaga
· Luis Mier y Terán Casanueva
· Patricia Zúñiga Cendejas
· Francisco Mora Gallegos
· Miguel Gómez Bravo Topete
· María Mónica Ramírez Bernal
· Mauricio Francisco Coronado García
· Regina María Alarcón Contreras
· Salvador Emilio Lluch Cota
· Marcial Bonilla Marín
· Pablo Rojo Calzada
· Rosa Eugenia Sandoval Bustos
· Gabriela Dutrénit Bielous
· José de Jesús Franco López
· José Rodrigo Roque Díaz
· Luis Gabriel Torreblanca Rivera
· Miguel Guajardo Mendoza
· María Dolores Sánchez Soler
· Rafael Ortega Reyes
· Jesús Arturo Borja Tamayo
· Víctor Gerardo Carreón Rodríguez
· David García Junco Machado
· Adriana Ramona Guerra
· Julia Tagüeña Parga
· Enrique Cabrera Mendoza
Ante esto, el mandatario Andrés Manuel López Obrador enfatizó en la necesidad de llevar a cabo las investigaciones pertinentes para deslindar de responsabilidades a los involucrados en este escándalo, y pese a que aseguró que ni él ni su esposa están involucrados en dicho proceso penal, señalan que han sido injustamente descalificados por los rumores de venganza política, ya que de acuerdo con un informe de la propia directora del CONACYT, algunos de estos investigadores fundaron una asociación civil para beneficiarse económicamente por parte de este Consejo:
“Entre 2002 y 2018 la asociación civil recibió alrededor de 100 millones de pesos a proyectos de ciencia y tecnología y 471 millones para cubrir gastos de operación entre los que se incluían choferes, celulares, servicios de bocadillos, salarios e impuestos de alrededor de 40 personas, comidas en restaurantes de lujo, viajes al extranjero […] Asimismo, la asociación civil recibió un inmueble de lujo en el Centro de Coyoacán con recursos que no justificó ante el Conacyt” (LaJornada, 24/IX/21).
Lo cierto es que mientras se esclarece todo este asunto, CONACYT nuevamente ha sido expuesto al escarnio público. Su dudosa reputación lo precede, pues en octubre de 2020 la directora del Consejo, María Elena Alvarez-Buylla, informó en conferencia de prensa que entre 2013 y 2018, tanto por el Programa de Estímulos a la Innovación (PEI) como por fideicomisos, se transfirieron directamente al Consejo más de 40 mil 624 millones de pesos al sector privado. De ahí que estallara la bomba con el tema de los fideicomisos, ya que el Gobierno Federal sostenía que era a través de estos apoyos económicos en los que la supuesta investigación nacional incurría en exorbitantes desvíos de recursos, corrupción, malversación de fondos, estructuras paralelas y entregas a entidades extranjeras, trasnacionales y privadas:
“Empresas como Intel, Whirlpool, Volkswagen, Mabe, Honeywell e IBM recibieron en ese periodo 891 millones de pesos, pero también, están, sostuvo, “Monsanto, Bayer, Kimberly Clark” […] Mencionó que los recursos están ligados a uso discrecional y opaco en beneficio del sector privado, lo que contrasta con el objetivo del organismo de contribuir al avance de desarrollo científico y tecnológico desde México. Explicó que a los privados se les transfirieron más de 15 mil millones de pesos a través de fideicomisos y mediante el PEI, 26 mil 140.4 millones de pesos” (LaJornada, 21/X/20).
Por eso no es de extrañar que de nueva cuenta se esté investigando a los que están al frente de la ciencia en este país, como es el caso del hermano de la periodista Adela Micha, Elías Micha Zaga, quien por cierto fue director general adjunto de Desarrollo Regional de este Consejo durante el sexenio de Peña Nieto ¿Coincidencia? No lo creo. Por eso que se investigue a quien se tenga que investigar y que se castigue a quien se tenga que castigar.
Gracias por su lectura.
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Correo electrónico: sociologia_uameros@hotmail.com
*El autor es licenciado en Sociología por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana y maestrante en Estudios Políticos y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México |
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