En el año de 2017, se dio a conocer un reportaje por parte del diario estadunidense, The New York Times, en el que se aseguraba que tanto diferentes defensores de derechos humanos y periodistas, como activistas de distintas partes de México que eran reconocidos por criticar duramente al gobierno del entonces mandatario priista, Enrique Peña Nieto, habían sido constantemente espiados por un sofisticado software adquirido por el Gobierno Federal.
Cuando esta noticia explotó en las redes sociales, inevitablemente desató toda una serie de fuertes críticas por parte de analistas y algunos sectores de la opinión pública ya que, de acuerdo con la versión del gobierno de ese entonces, el polémico software había sido adquirido únicamente para investigar a terroristas, criminales y narcotraficantes. La información que proporcionó el periódico norteamericano fue la siguiente:
“Entre los blancos del programa se encuentran abogados que investigan la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, un economista que ayudó a redactar un proyecto de ley anticorrupción, dos de los periodistas más influyentes de México y una estadounidense que representa a víctimas de abusos sexuales cometidos por la policía. Los intentos de espionaje incluso han alcanzado a los familiares de los activistas y periodistas, incluido un adolescente” (TheNewYorkTimes, 19/VI/17).
La empresa responsable de la fabricación del programa de espionaje que lleva como nombre “Pegasus” fue NSO Group. Cabe recordar que Pegasus tiene la capacidad de infiltrarse tanto en teléfonos inteligentes como en otros aparatos electrónicos pertenecientes a la persona que se desea espiar. De esta manera, el teléfono celular que ha sido intervenido puede extraer información de los números de contactos, mensajes de texto, correos electrónicos, calendarios y hasta de la cámara móvil o el micrófono del usuario con el objetivo de vigilarlo, independientemente de que este se encuentre apagado.
Por parte del equipo de NSO Group, la empresa del polémico software desde ese año negó las acusaciones de su mal uso, argumentando que no se trataba de espionaje, sino de una herramienta de vigilancia desarrollada para velar por la seguridad gubernamental de sus adquisidores, en este caso de Peña Nieto y asociados. Asimismo, con la intención de calmar las aguas que en ese entonces eran fuertemente agitadas por varios líderes de opinión que criticaron una supuesta violación de la privacidad de las personas espiadas, la empresa también afirmó que el software le fue otorgado al Gobierno de México por haberse comprometido a combatir <<únicamente>> a grupos delictivos. Para su mala suerte, los hechos
demostraron años después que tan ingenua promesa no fue en absoluto cumplida, ya que a mediados de julio de 2021 la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer en el ahora llamado “Caso Pegasus” que dicha empresa de origen israelí:
“…utilizaba a la empresa mexicana KBH TRACK para realizar espionaje telefónico a “diversos solicitantes”, entre ellos el ex comisionado Nacional de Seguridad (CNS), durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, Manuel Mondragón y Kalb, cuyo teléfono fue intervenido y “grabadas sus conversaciones con funcionarios de la Secretaría de Gobernación y de áreas de seguridad nacional” (LaJornada, 20/VII/21)
De igual forma:
“El Ministerio Público Federal indicó que la empresa NSO Group obtuvo un disco duro con el espionaje realizado por la compañía mexicana, la cual vendió el malware llamado Pegasus a diversas instituciones mexicanas, entre ellas la hoy FGR, y estuvo bajo conducción del ex titular de la Agencia Investigación Criminal (AIC), durante el gobierno de Enrique Peña Nieto” (LaJornada, 20/VII/21).
El tema del también llamado malware fue retomado en una investigación llevada a cabo por Amnistía Internacional (AI) y Forbidden Stories, quienes concluyeron que abogados, periodistas y activistas de todo el planeta fueron objetivos de espionaje. Y por si esto no fuera poco, de la misma forma se identificó a más de 1,500 personas en 50 países diferentes que fueron cuidadosamente seleccionadas por clientes de esta compañía, así como 50,000 números telefónicos, de los cuáles 15,000 corresponden a teléfonos móviles de origen mexicano. De hecho, hasta el propio Presidente de la República junto con su familia fueron víctimas del software, nada sorprendente, creo yo, en ese tiempo cuando la oposición política había crecido a tal punto de que era imposible impedir su triunfo en las elecciones federales de 2018. Medidas desesperadas que al final resultaron inútiles.
Pero lo que más me sorprendió respecto a este siniestro y sucio plan de espionaje fue que entre los activistas cuyos números telefónicos figuraron en la lista de objetivos se encontró a Cristina Bautista, madre de uno de los estudiantes desaparecidos de la normal Isidro Burgos de Ayotzinapa; Vidulfo Rosales, abogado de los padres de dichos estudiantes; Melitón Ortega, tío de uno de los desaparecidos; así como Felipe de la Cruz, vocero del movimiento y familiar de cuatro víctimas de este indignante acontecimiento. En palabras de Rosales:
“Estas acciones de las que fuimos objeto, creo que provocaron mucho daño en el ámbito organizativo de las madres y padres de familia y, sobre todo, es lamentable también, porque se utilizaron recursos públicos para hacer estas intervenciones ilegales […] Definitivamente el espionaje tuvo un impacto y sí hubo un trastabilleo del movimiento, entonces sí se dañó a nuestra lucha por la búsqueda de los desaparecidos […] Esto amerita que se abra una investigación para que esas personas sean sancionadas” (ElSoldeMéxico, 20/VII/21).
¿Qué tan grande debió de haber sido el temor del Gobierno Federal para intervenir ilegalmente a familiares de estos jóvenes desaparecidos? ¿Entonces es cierta la acusación de “terrorismo de Estado” a la administración priista de aquel tiempo? Todo parece indicar que sí. Poco a poco las piezas del ajedrez caen, días antes de que la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes se lleve a cabo; ¿Qué estará pensando Peña Nieto? La ignominia del espionaje mexicano será recordada como una máxima de su fallida administración.
Gracias por su lectura.
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*El autor es licenciado en Sociología por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana y actual estudiante de la Maestría en Estudios Políticos y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México |
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