La versión oficial que nos ofrece la Historia dice que, por allá del 22 de julio de 1968, durante un partido de futbol americano, un zafarrancho entre dos escuelas vocaciones pertenecientes al Instituto Politécnico Nacional (IPN) y alumnos de una preparatoria privada incorporada a la UNAM, fue el evento que dio inicio a uno de los pasajes más oscuros de la historia mexicana; el conflicto estudiantil de 1968. Y digo –oscuros- no porque el conflicto estudiantil en sí haya sido un movimiento plagado de simulación, corrupción o intereses políticos o económicos particulares, al contrario, ya que la lucha de este sector inició por una causa noble, sino porque desde ese entonces nos encontramos ante un gobierno que antepone el asesinato de su propia gente por encima del consenso y el bienestar social.
De acuerdo a esta versión, alumnos de las vocaciones número 5 y 2 del IPN y de la preparatoria “Isaac Ochoterena” comenzaron a agredirse a la mitad de un evento deportivo que se estaba llevando a cabo en la Plaza de la Ciudadela en la fecha anteriormente señalada. Debido a esto, posteriormente se perpetraron tres confrontaciones más: “Primero, los politécnicos atacaron las instalaciones del plantel incorporado a la UNAM y en revancha, los alumnos de la Isaac Ochoterena apedrearon las instalaciones de la Vocacional 2” (ADNPolítico, 02/X/18). Es así como un problema entre instituciones de educación media superior fue el pretexto perfecto para comenzar un movimiento estudiantil que expresaba ese hartazgo que había llegado a su límite con Díaz Ordaz al frente del Ejecutivo.
Por ahí también corre otra versión que afirma que el entonces regente del Distrito Federal, Alfonso Corona del Rosal, había planeado un golpe de Estado contra Ordaz con la ayuda de los Estados Unidos debido a que quería arrebatarle la Presidencia de la República desde el momento que se enteró que Luis Echeverría sería su sucesor, usando a los estudiantes como meros chivos expiatorios para lograr su perverso cometido. De todas maneras, sea cual sea la verdadera versión de los hechos, fue el Estado el que permitió tal masacre.
Es bien sabido que al Estado Mexicano ya se le hizo costumbre borrar del mapa a aquellos que lo confrontan, pero si aún no tiene idea de lo que hablo, permítame ayudarle a refrescar su memoria con cuatro de los casos más emblemáticos respecto a masacres legitimadas por éste: “El Halconazo”, “Acteal”, “Tlatlaya” y “Ayotzinapa”.
En el primer caso, durante el gobierno de Luis Echeverría Álvarez, fue brutalmente reprimida una manifestación estudiantil en apoyo a estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León por parte de un grupo paramilitar al servicio del gobierno llamado: “Los Halcones”. El saldo; más de 110 muertos.
En el segundo caso, durante el gobierno de Ernesto Zedillo, se llevó a cabo una incursión paramilitar en la localidad de Acteal, ubicada en el municipio de Chenalhó al sureste de Chiapas, en donde fueron asesinados 45 indígenas tzotziles pertenecientes a la organización “Las Abejas”.
En el tercer caso, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, militares ejecutaron a 22 personas que se encontraban al interior de una bodega en la comunidad de San Pedro Limón, en el municipio de Tlatlaya, Estado de México. El argumento que tiempo después sostuvo el Ejército Mexicano para justificar la masacre fue que se trataba de “presuntos criminales”, por lo que decidieron actuar de dicha manera. Y el cuarto caso, ocurrido en el municipio de Ayotzinapa, Guerrero, vuelve a involucrar a estudiantes, pero ahora con la novedad de que se les relaciona con peligrosos cárteles de la droga.
De esta manera, nos encontramos ante eventos tremendamente preocupantes que marcaron nuestra historia de manera vergonzosa, no únicamente por la cuestión de que fueron civiles las víctimas mortales de la represión, sino principalmente por el hecho de que fue el propio sistema, que en teoría es el encargado de garantizar la seguridad y justicia de su gente, quien fungió como pieza clave de estos múltiples asesinatos hacia inocentes.
Aquí es cuando como sociólogo y estudioso de la Historia Nacional, aprovecho este espacio para recordarle la importancia que tiene la preservación de la memoria colectiva con el aprendizaje y la divulgación de esa -Historia prohibida-, que llega a incomodar a las “buenas conciencias” cuando cumple su principal objetivo; el de la concientización.
Como bien lo han dicho diferentes personajes a lo largo de la historia: “El pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla”, por eso, es fundamental que todo acontecimiento, por vergonzoso o doloroso que pueda resultar, sea divulgado a las nuevas generaciones que vienen por delante. No debemos de autocensurarnos con los acontecimientos que pueden herir sensibilidades, menos cuando se trata de matanzas hacia estudiantes.
El mejor ejemplo de esto son las recientes acciones que decidió implementar el actual Jefe de Gobierno Interino, José Ramón Amieva, en relación con el movimiento que le da título a este artículo de opinión. Resulta que, por la conmemoración de los 50 años de la masacre estudiantil en la Plaza de las Tres Culturas, éste individuo ordenó retirar unas placas de bronce que se ubicaban en el Metro de la CDMX alusivas al expresidente, Gustavo Díaz Ordaz, quién tan sólo un año después del trágico acontecimiento, más específicamente el 05 de diciembre de 1969, acompañado del mismísimo Alfonso Corona del Rosal inauguró la Línea 1 de este medio de transporte.
Y no está de más aclarar que de ninguna forma pretendo honrar la memoria del prepotente exmandatario, más bien lo que quiero decir de manera concisa es la
responsabilidad que tenemos de preservar esos -pasajes negros históricos- que aunque nos avergüencen cada vez que los recordamos y divulgamos, mantienen firme esa memoria que debe de coexistir para seguir siendo transmitida en un futuro. Así, podemos estar enterados de qué es lo que puede pasar si triunfa la ignorancia por encima del conocimiento, pero lo más importante; podemos actuar con plena conciencia de que, si no mostramos los hechos tal y como sucedieron, en el peor de los casos estaremos condenados a repetirlos.
Gracias por su lectura.
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*El autor es licenciado en Sociología por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana. |
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