Aturdido por el escándalo de los vínculos de Morena y sus gobernantes con las organizaciones del crimen organizado, la confirmación de juicios abiertos en las cortes de Estados Unidos y la eventual detención y extradición de connotados morenistas, el gobierno de Veracruz navega a la deriva.
Los conflictos se desbordan porque los compromisos no se cumplen. Es la crónica del caos.
Las protestas de los pescadores afectados por el derrame de hidrocarburos crecen; los conflictos laborales en la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) y la nueva empresa Limpiaver -encargada de la limpieza de los centros hospitalarios-, no se resuelven; la promesa incumplida del rescate del ingenio San Gabriel y la crisis provocada por el fallido proyecto de los camiones Ulúa y Quetzalli sigue vigente.
El miércoles pasado, pescadores de los municipios de Tuxpan, Tamiahua y Cazones cerraron la carretera que comunica el norte del estado. A un mes que se registró el derrame de hidrocarburo que afectó a la laguna de Tamiahua, no han recibido siquiera los 15 mil pesos ofrecidos a los más de 2 mil afectados.
La contaminación de la laguna ha provocado una caída del 60 por ciento de la producción pesquera.
La UPAV ha sido un desastre absoluto. Lo que pretendió ser un rescate, dejó a miles de alumnos sin clases y a más de 5 mil docentes y personal administrativo sin empleo y sin el pago de los salarios caídos por más de 100 millones de pesos. Mientras, los alumnos siguen pagando sus cuotas puntualmente.
Desde el 11 de abril los trabajadores detuvieron labores ante adeudos salariales y la falta de claridad en su contratación.
Algo similar sucede en la recién creada empresa Limpiaver. A pesar de ser ahora un organismo público descentralizado, empleados reportan que las condiciones laborales empeoraron, denunciando hostigamiento y trato ofensivo, además de no contar con un contrato.
En el caso del ingenio San Gabriel en Cosamaloapan, el gobierno del estado ha incumplido sus responsabilidades como patrón sustituto. En julio pasado, el propio gobierno anunció un avance del 90% en las gestiones para la reapertura del ingenio con una inversión de 650 millones de pesos.
Durante los 18 años que lleva este conflicto ya han muerto más de 50 de los 127 jubilados iniciales que reclaman su pago. Sólo han recibido “largas”.
La semana pasada realizaron un plantón pacífico para exigir al gobierno estatal el pago de prestaciones laborales pendientes que superan los 20 millones de pesos, correspondientes a la prima de antigüedad, jubilaciones y otras prestaciones.
Finalmente, el conflicto provocado por la llegada de los nuevos camiones Ulúa y Quetzalli continúa. Todo ha salido mal. Los usuarios protestan por el servicio y su costo, los choferes denuncian abusos laborales y los nuevos camiones no son aptos para las ciudades donde operan. Ante la renuncia de los concesionarios, el gobierno se tuvo que hacer cargo de su operación.
Veracruz necesita un gobierno con urgencia.
La puntita
Empiezan a caer los morenistas como fichas de dominó. Rocha Moya ya dejó el gobierno de Sinaloa. El alcalde de Culiacán -también de Morena- hizo lo propio. Mario Delgado, ex dirigente nacional de Morena y operador del dinero sucio en las campañas electorales, podría ser el siguiente.
La justicia de Estados Unidos no tarda en ahorcar la mula del seis, que al parecer ya no está en Palenque... |
|
