Bastaron menos de tres meses para desmantelar una de las instituciones más sólidas del Estado mexicano: la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados, su titular Rosario Piedra Ibarra, una activista sin ninguna formación en esta materia, acusó que por mucho tiempo la institución ejerció una autonomía de “pantalla”. Hoy se ha despojado de ella para convertirse en una CNDH al servicio del poder.
Su nombramiento es uno de los capítulos más vergonzosos de la incipiente vida de los organismos autónomos. No se trató sólo de la imposición descarada de una militante partidista –hecho que por sí solo le impedía acceder al cargo-, sino que conjugó lo que ha sido la lógica de la 4T: designaciones de personajes carentes de perfil, sin experiencia y con una cuestionable honestidad.
El epílogo fue una elección tramposa en el Senado para construir la ficticia mayoría calificada que consumó los deseos del Presidente.
El miércoles pasado, en su encuentro con diputados, Piedra Ibarra se mostró como una funcionaria más del gobierno federal, defendida en su ineptitud e ineficacia por una mayoría de Morena dispuesta a censurar incluso a sus propios correligionarios, como sucedió con el diputado Porfirio Muñoz Ledo, impedido para hacer públicos los recientes agravios en contra de la caravana de migrantes.
Hoy la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se encuentra en un proceso de erosión para cumplir con la voluntad del mandatario: dejar de ser un contrapeso del gobierno y que la defensa de los derechos humanos se ejerza sólo cuando así convenga a la autoridad, no a los ciudadanos. En unas cuantas semanas, el organismo ha transitado de defensor a verdugo.
Así lo confirmó su titular cuando asegura que no hay omisión en su trabajo, pero que primero se ha dedicado a limpiar a la CNDH de funcionarios de altos sueldos; al mismo tiempo, caravanas de migrantes sufren vejaciones por parte de la Guardia Nacional, el sistema de salud colapsa en detrimento de los usuarios y la Tde4 -Transformación de Cuarta- promueve reformas que intentan aplicar con mayor severidad una mano de hierro contra sus adversarios políticos que contra los mismos delincuentes.
Todo eso sucede mientras Rosario (el título de doña le pertenece a su madre) se entretiene en revisar la nómina que hoy está regulada por la propia ley de remuneraciones. Sólo en sus ratos libres se dedica a “estar al pendiente de las quejas por falta de medicamentos en el país y por la actuación de la Guardia Nacional en contra de los migrantes centroamericanos”, cuando la Comisión tendría que haber iniciado de oficio los expedientes de queja por estos hechos. No se puede “estar al pendiente” de los casos de violación a los derechos humanos sólo leyendo periódicos y redes sociales.
La CNDH se ha convertido en un organismo ciego, sordo, mudo… y cómplice. La represión ejercida por la Guardia Nacional en contra de la caravana de migrantes está documentada incluso para sus propios compañeros de partido. Por si no lo sabe, la crisis migratoria fue provocada por una apertura irresponsable de la frontera sur y luego por una persecución indiscriminada ordenada por los Estados Unidos; si busca culpables, hace un año, ni siquiera existía la Guardia Nacional.
En el caso de los medicamentos oncológicos pediátricos y la desastrosa operación del Insabi, la irresponsabilidad es absoluta. “Dar seguimiento” no basta para garantizar el abasto y el servicio oportuno. Si la ignorancia de la titular de la CNDH sobre el tema sirviera como medicina para estos enfermos, el mal desaparecería prácticamente de inmediato. Por desgracia, es otro cáncer que se suma a su precaria situación de salud.
Y si bien las iniciativas propuestas para reformar el sistema de justicia han trascendido de manera extra oficial, tendría que ser la CNDH la primera en advertir de los riesgos que conllevan. No sólo es un retroceso de décadas en la impartición de justicia, como ya nos alertó el abogado Ignacio Morales Lechuga, ex rector de la Escuela Libre de Derecho y ex titular de la PGR, sino que sería una acción desesperada ante el fracaso de la estrategia de seguridad del gobierno federal. La violación de los derechos humanos como política pública no va a reducir la violencia, así cuente con el auspicio de la Comisión.
Tras la toma del control político de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Suprema Corte de Justicia (SCJN) por parte del gobierno federal, la CNDH era el último dique para evitar la violación sistemática de los derechos humanos en un régimen que no acepta contrapesos. Morena y su Tde4 pueden estar satisfechas, su camino hacia el Cuarto Reich azteca avanza sin contratiempos. Por ahora…
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