Hace algunas semanas decíamos que el estado de Veracruz ha recibido un trato preferencial por parte del gobierno federal durante los dos últimos años. Nunca había recibido tantos recursos como en este gobierno.
Pero Veracruz hoy tiene una economía empeñada y deprimida, donde toda actividad de gobierno está dirigida a ganar elecciones en lugar de resolver los graves problemas que viven empresas, comercios, familias y los veracruzanos en general.
Vivimos en un estado pobre con un candidato oficial que dispone del presupuesto estatal para su campaña. Prueba de ello -como ayer quedó registrado en Catemaco-, son las despensas del programa "Veracruz comienza contigo", que sirven para "acarrear" supuestos simpatizantes a sus mítines.
Apenas este fin de semana, la organización “México: ¿Cómo Vamos?”, confirmó lo que ya sabíamos: Veracruz mantiene un decrecimiento sostenido en su economía, lo que significa que cientos de empresas estén cerrando, que se sigan perdiendo empleos y que las familias tengan cada vez menos dinero para satisfacer sus necesidades más básicas.
El informe del organismo establece que nuestro estado es el cuarto a nivel nacional con el mayor crecimiento negativo con el 3.2 por ciento, sólo atrás de Campeche, Tabasco y Durango, mientras hay estados que mantienen un crecimiento por encima del 5 por ciento como lo son Baja California Sur (13%) y la Ciudad de México (6%).
Para el gobierno de Miguel Ángel Yunes -que invierte cientos de millones de pesos en sostener una estructura electoral integrada por miles de burócratas que son obligados a realizar actividades de promoción del voto-, esto no es más que una percepción y una crítica infundada de quienes considera sus adversarios.
La realidad es otra. Las cifras no mienten. El decrecimiento de la economía de Veracruz registrado por el INEGI, ha obligado a miles de empresarios y comerciantes a buscar recursos hasta por debajo de las piedras, en una economía deprimida y con un gobierno irresponsable.
En cualquier país del mundo, el sector de la construcción es el motor de la economía, incentivando el crecimiento y la generación de empleo. En cambio, en nuestro estado, es un sector estigmatizado que hoy enfrenta serias dificultades para subsistir.
Muchas empresas constructoras han tenido que recurrir a créditos bancarios e incluso al empeño de su maquinaria, parque vehicular y hasta propiedades para solventar los adeudos con sus proveedores y el pago del reparto de utilidades correspondiente al presente año. El empeño empresarial se ha convertido en la norma en un estado donde la inversión pública no existe.
La industria de la construcción, en general, está deprimida. Con la reducción de las remesas que llegan de Estados Unidos, un sector inmobiliario en crisis y el aumento de los precios de los insumos a causa de la imposición de aranceles, los particulares construyen cada vez menos y los gobiernos municipales no tienen recursos para realizar obra pública.
Estos dos factores, la imposición de aranceles al acero -en uno de los estados con la producción más importante del país-, y la caída en el volumen de las remesas –de las que se sostienen miles de familias veracruzanas-, han agravado la crisis que los veracruzanos vivimos desde hace varios años.
Sin embargo, hasta ahora, Miguel Ángel Yunes ha preferido ignorar estos factores externos porque no tiene idea de cómo resolverlos y mitigar su impacto en nuestra economía local. El dinero del gobierno hoy está destinado a llenar plazas, y en unas semanas más, a llenar urnas. Paralelamente se ocupa de financiar espionajes, comprar complicidades y sostener un aparato electoral que les garantice una reelección disfrazada.
Pero no todo está perdido. Es cierto que faltan 179 días para que concluya el peor gobierno en la historia del estado, pero sólo restan 26 días para que tomemos la decisión de que esto no vuelva a ocurrir. Veracruz no merece otros seis años de oscuridad.
Los veracruzanos debemos votar con optimismo. No podemos permitir que se siga empeñando nuestro futuro y deprimiendo nuestras oportunidades.
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