El sábado pasado, el gobernador del estado Cuitláhuac García Jiménez ofreció un mensaje a los veracruzanos con motivo de su la presentación de su Primer Informe de Gobierno, el cual fue entregado al Congreso del Estado el 15 de noviembre, conforme lo marca nuestra Constitución local.
Como es común en este tipo de ceremonias, el recuento sobre el estado que guarda la administración pública estatal suele poner énfasis en los principales logros y acciones, prescindiendo de un análisis objetivo y autocrítico de la realidad que viven los ciudadanos. En esta ocasión no fue la excepción.
La administración estatal no puede reconocerse ni desde el optimismo oficial ni desde el catastrofismo de sus enemigos. Pero de poco le sirve a Veracruz convertir un acto republicado en un espacio para el autoelogio, el aplausómetro y el futurismo. La principal aspiración del gabinete debe ser cumplir con la tarea encomendada.
El informe de gobierno merece una crítica objetiva que ponga énfasis en los graves problemas y rezagos que enfrenta el estado, no como un instrumento de descalificación política, sino como herramienta para elaborar un diagnóstico adecuado que nos permita alcanzar soluciones comunes.
Durante los últimos años, en Veracruz las diferencias políticas se han convertido en antagonismos personales, en una lucha descarnada por el poder, lo que sólo ha traído violencia y pobreza a mis paisanos. Como vemos todos los días, lo que se debería dirimir en las urnas se termina resolviendo en los juzgados y las cárceles.
Se gobierna para aniquilar a la oposición, no para satisfacer las necesidades de una población pauperizada y sometida por la delincuencia. Los presupuestos se usan para conservar el poder y no para lo que son: prestar servicios de salud y educación, garantizar la seguridad pública, generar inversión y construir mayor infraestructura. Hay mucho dinero para la política y muy poco para la gente.
El diagnóstico es muy poco alentador: Veracruz vive una crisis económica nunca antes vista -casi 500 empresas han cerrado y hemos perdido más de 5 mil empleos de diciembre a la fecha-, y la violencia es incontrolable; en total suman más de mil las personas ejecutadas -poco más de cien de esos homicidios dolosos son feminicidios, los que equivalen a la quinta parte de todos los registrados en este año en el país- y cerca de 300 casos de secuestro denunciados. Estos números nos ubican en el nada honroso primer lugar nacional tanto en feminicidios como en secuestros.
En materia de salud -particularmente para el tratamiento contra el cáncer- continúa el desabasto de medicinas; también somos el primer lugar nacional en casos de transmisión de VIH, el segundo en enfermos y defunciones por dengue, y estamos entre los primeros en las principales enfermedades que resultan del síndrome metabólico, entre ellas, diabetes, hipertensión y altos niveles de colesterol.
En obesidad infantil también somos primer lugar nacional. Y frente a ello, la Secretaría de Educación de Veracruz celebra un convenio con la empresa refresquera Pepsi para que sea la única marca que se venda en escuelas públicas; convenio que contraviene la ley y, no obstante ello, ha sido defendido por diputados de Morena.
Es cierto que la administración que apenas hace tres días presentó su primer informe encontró una entidad con muchos y muy complejos problemas; pero también es cierto que ya sabía de ellos cuando decidió competir para resolverlos. A ello se comprometió y no ha cumplido. Peor aún, al igual que el gobierno federal, ha optado por taparse con las enaguas del pasado. ¿Querían gobernar? Pues gobiernen y no dispendien el tiempo en tratar de justificar el incumplimiento de su compromiso de poner en orden la casa.
Veracruz necesita reconciliarse, pacificarse. Los días de furia deben quedar atrás. Los grupos y los partidos políticos deben olvidarse de la mezquindad de intentar gobernar sobre las ruinas de un estado contra el que muchos se han esmerado en vulnerar su grandeza.
Es evidente que el gobierno no podrá resolver por sí solo la problemática que enfrenta. Para atender la emergencia que enfrentamos los veracruzanos, el Gobernador debe convocar a las diferentes fuerzas políticas, a los empresarios, a los académicos, a las iglesias, a los colectivos y a las organizaciones civiles. Todos tenemos justas demandas que se deben atender pero también tenemos mucho que aportar para su solución.
Como representante popular de oposición que soy, tengo claro que el señalamiento de los errores del gobierno y el reconocimiento de sus aciertos deben darse desde la objetividad que abone a un estado en paz. El futuro de Veracruz debe ser lo que nos convoque y no lo que nos confronte.
Veracruz seguirá siendo mi casa. Y quiero una casa limpia y segura, por ello, cuando pregunto: ¿Cómo lo ayudamos señor Gobernador? No hay la menor carga de ironía ni de dobles intenciones. Simple y llanamente es mi disposición para participar en la solución de la crisis que a todos nos agobia.
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