Héctor Yunes Landa
El jueves pasado, el Presidente López Obrador anunció con singular optimismo que México –en colaboración con Argentina- producirá la prometedora vacuna contra el coronavirus que actualmente desarrollan la Universidad de Oxford en alianza con el laboratorio AstraZeneca y que se encuentra en la tercera etapa de su fase de pruebas.
Sin embargo, obvió algunos detalles importantes: fue una negociación entre empresarios que principalmente involucró a la Universidad británica, al laboratorio AstraZeneca con sede en Londres y a la Fundación del mexicano Carlos Slim; que los gobiernos no tuvieron ninguna intervención, salvo en los procesos de regulación sanitaria establecidos en cada país; y que el estudio de la vacuna aún se encuentra en fase 3, por lo que sus resultados finales se esperan hasta finales de año, aún a riesgo de que pudiera no aprobarse por parte de las autoridades sanitarias.
Como en el resto de los países del mundo –incluyendo Estados Unidos y Rusia-, la fabricación y distribución de una vacuna eficaz en contra del coronavirus representaría un triunfo geopolítico estratégico, y al mismo tiempo, responde a la necesidad de ocultar el deficiente manejo de la pandemia que ha provocado, en el caso de México, más de medio millón de contagios y más de 60 mil muertos.
La realidad es que el gobierno de México está haciendo una caravana con vacuna ajena, ya que no participará en su investigación y desarrollo, y tampoco en el financiamiento para producir millones de dosis. Lo que el Presidente intenta es generar un clima de confianza buscando que la gente interprete que su gobierno está haciendo bien las cosas frente a la pandemia y que la solución a la crisis del Covid ya está por resolverse. Ambos argumentos son falsos.
Un día antes del anuncio presidencial, la Fundación Carlos Slim informó que había llegado a un acuerdo con la farmacéutica AstraZeneca para participar en la producción de la vacuna contra el coronavirus, sin beneficio económico de por medio. La posibilidad de “salvar lo antes posible la mayor cantidad de vidas”, fue lo que motivó al ingeniero Carlos Slim Helú para que su Fundación concretara rápidamente el acuerdo para impulsar la producción y distribución de la potencial vacuna, según anunció el Grupo Carso.
Este acuerdo, se dijo, proveerá inicialmente 150 millones de dosis en la región, excluyendo Brasil, que será cubierto por el acuerdo de AstraZeneca con el gobierno brasileño. Se espera iniciar los envíos en el primer semestre de 2021, en caso de que los ensayos clínicos de la fase III –donde se analiza la efectividad y la seguridad de la vacuna- resulten exitosos.
Por su parte, el mismo jueves que se realizó el anuncio por parte de los Presidentes de México y Argentina, el empresario Hugo Sigman, dueño del Grupo Insud en aquél país, explicó cómo llegaron al acuerdo entre su consorcio, el laboratorio inglés y la Fundación de Carlos Slim. Aseguró que ningún gobierno jugó ningún papel, ya que se trató de una “negociación entre privados”.
El desarrollo de cualquier vacuna puede tardar en promedio 10 años, pero la demanda y crisis que esta pandemia está generando, ha permitido el desarrollo de, al menos, 160 proyectos. La vacuna que se producirá en México es uno de los tres proyectos más avanzados a nivel mundial y se buscará producir entre 150 y 250 millones de dosis con el dinero de las empresas, no de los gobiernos.
Sin embargo, la historia que se ha pretendido difundir en México ha sido otra. En todo caso, la aportación del gobierno podría ser de unos 25 mil millones de pesos, no para el desarrollo de la vacuna sino para la compra de dosis suficientes para la población de nuestro país. Hay el compromiso –el cual vigilaremos que se cumpla- para que la vacuna se distribuya de manera gratuita a todos los mexicanos.
Pese a que no se trata de una “vacuna mexicana” en el que el gobierno tenga responsabilidad alguna, la buena noticia se dio, coincidentemente, justo el día en que nuestro país llegó al medio millón de contagios y más de 53 mil decesos.
Lo verdaderamente grave es que llegamos al medio millón de contagios oficiales en medio de la incertidumbre, sin una estrategia sanitaria clara, con una economía colapsada y con decisiones de gobierno contradictorias como parte de sus disputas políticas con los gobiernos locales. El propio gobierno federal ni siquiera ha sido capaz de llegar a un consenso sobre el uso del cubrebocas y las restricciones de movilidad. En efecto, la vacuna les cayó como anillo al dedo.
Por supuesto que todos deseamos tener lo más pronto posible una vacuna contra el coronavirus que sea eficaz y segura, al alcance de toda la población. La diferencia es que mientras la gente la necesita para salvar la vida, el Presidente la necesita para salvar a su gobierno.
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