Por Héctor Yunes Landa
El próximo martes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación –la última con verdadera autonomía a pesar de la presencia de magistrados militantes de Morena-, librará su batalla final: decidir el futuro de la prisión preventiva oficiosa en México.
En lo que será la última sesión que encabece la ministro Norma Piña al frente del máximo tribunal, se prevé la discusión de dos proyectos clave para el futuro inmediato del sistema penal y de la impartición de justicia en el país.
El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo presentará un proyecto que pretende obligar al Poder Judicial a aplicar el fallo de la CIDH, considerándola contraria a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.; por su parte, la ministra Ana Margarita Ríos Farjat, propondrá declarar inconstitucional la reforma de 2021 que amplió el catálogo de delitos con prisión automática.
Por supuesto, ambos proyectos van a contra corriente de la pretensión de Morena y sus gobiernos de mantener una figura jurídica contraria a la Constitución, pero que les ha permitido la persecución judicial de sus adversarios y mantener en alfileres un sistema de procuración de justicia incapaz de investigar y de cumplir con un verdadero acceso a la justicia, independientemente si se trata de la víctima o el victimario.
¿Qué es lo que la Suprema Corte discutirá este martes? La prisión preventiva oficiosa es una medida cautelar decretada en automático, por disposición de la ley y sin previo debate ante el juez para justificarla.
A pesar de que pretende evitar riesgos procesales, rompe con los principios de las medidas cautelares de excepcionalidad, instrumentalidad, provisionalidad y proporcionalidad, eliminando cualquier ámbito valorativo del juez para su imposición justificada, basada en la necesidad de cautela. (MA Arteaga, 2020).
En consecuencia, la prisión preventiva oficiosa es abiertamente contraria al espíritu garantista de un sistema procesal penal acusatorio. Antes que una herramienta, representa un obstáculo para la justicia, pero eso poco importa cuando se trata de la persecución de los adversarios políticos y la fabricación de culpables, mientras hagan que opere el In Dubio Pro Fiscalía.
Por ello, esta medida fomenta el populismo punitivo y suele llevar a la impunidad, ya que, al tener a un presunto culpable en prisión, se puede reducir la urgencia de investigar y resolver el caso. Los ejemplos se cuentan por miles.
Además, ha contribuido al aumento de la población penitenciaria, generando problemas de hacinamiento y condiciones de vida difíciles en los centros penitenciarios, como hoy se observa en todas las cárceles veracruzanas, donde más de 5 mil personas se encuentran recluidas por más de dos años, sin recibir sentencia.
Todos ellos, juzgados con verdaderas ordalías disfrazadas de pruebas racionales.
Con estas sentencias, la Corte cerrará un ciclo histórico. Se termina una era de un Poder Judicial verdaderamente autónomo para dar paso a un régimen de un hiper presidencialismo, que requiere de una herramienta punitiva y represiva, más que un mecanismo para garantizar la justicia y el debido proceso.
La puntita
La nueva reforma electoral es la puerta grande al régimen autoritario. Las reglas que aplicarán en el futuro, las decidirán los empleados de la presidenta Sheinbaum, sin el INE, sin los partidos políticos, sin las organizaciones civiles, sin los ciudadanos. Sólo con lo que diga el dedito de Macuspana… |
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