Durante el gobierno de López Obrador han sido asesinados en México un total de 63 periodistas. Tal vez el más mediático fue precisamente el que no se consumó, el de Ciro Gómez Leyva, identificado por el propio Presidente como uno de sus más acérrimos adversarios.
La agresión que sufrió el periodista a unos metros de su casa la noche del jueves no es un hecho aislado; tampoco una casualidad. Se dio precisamente durante la primera quincena del mes de diciembre, la más violenta del año. Además, sucede casi al terminar el 2022, en lo que ya es el año más mortífero para periodistas en las últimas tres décadas.
Tan sólo en el año que está por concluir han sido ejecutados 15 periodistas. Por mucho, México es el país donde más homicidios de comunicadores se han registrado - incluso el doble de los ocurridos en Ucrania-, según la organización Reporteros Sin Fronteras.
El gobierno no mata periodistas, han dicho una vez ante la duda creciente sobre la autoría intelectual de las agresiones. En todo caso, si el gobierno no los mata, tampoco hace nada para protegerlos; por el contrario, ha creado todas las condiciones –polarización, descalificación, omisión, impunidad- para que esto suceda con mayor frecuencia.
Este acecho criminal contra los periodistas podría explicarse desde un contexto de violencia generalizada en el país si no fuera porque todos los días, desde el púlpito presidencial, López Obrador lanza toda clase de agresiones y agravios en su contra. Hay una implícita incitación a la violencia.
Esto no sólo vulnera su derecho al ejercicio de la libertad de expresión, sino que los expone irremediablemente a ellos, a sus medios y a sus familias a ser víctimas de criminales e incluso, de las propias entrañas del poder, en lo que ya se observa como una nueva guerra sucia.
Los tiempos violentos que viven los periodistas también son consecuencia, en buena parte, del discurso de odio que se pregona todos los días desde Palacio Nacional.
Todos los días, en prácticamente todas las regiones del país –Veracruz, una de las más graves-, los periodistas enfrentan violencia e intimidación por parte de grupos de poder, ya sean criminales, fácticos e incluso, de gobierno en sus diferentes niveles.
En efecto, sienten que pueden agredir sin consecuencia alguna; lamentablemente, en la mayoría de los casos tienen la razón. El castigo contra quien mata a un periodista es una excepción.
Enfrentar al poder está en la naturaleza de los periodistas, sin embargo, nunca había resultado tan mortal como en estos tiempos de falsa transformación. En su amplia colección de cifras negras, el gobierno de López Obrador se encamina a ser el que registre el mayor número de periodistas muertos a causa del ejercicio de su profesión.
Si el gobierno y sus instituciones son incapaces de garantizar la seguridad de los periodistas, la de todos, un buen inicio sería que el presidente cancele su discurso de odio y reconozca a la crítica y el libre ejercicio del periodismo como una práctica democrática.
Hay que decirlo muchas veces como lo han expresado los propios protagonistas de esta barbarie: la violencia no puede sustituir a la verdad. Ni siquiera puede ocultarla.
La puntita
Dice el Presidente que es “dañino escuchar a Gómez Leyva, Loret y Sarmiento”, porque “hasta puede salir un tumor en el cerebro”. Habrá que hacer estudios clínicos sobre los efectos de escuchar una ‘mañanera’ completa. Los daños serían irreversibles.
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