El nombramiento de un Fiscal, en cualquiera de las especialidades de la procuración de justicia, obedece a la voluntad del Estado por garantizar honestidad, transparencia y rendición de cuentas; no debe representar en ningún caso una herramienta para buscar impunidad. En los últimos años, en Veracruz ha sido entendida de la segunda forma.
El jueves pasado, el Sistema Nacional Anticorrupción cumplió un año de entrar en operación. Este sistema es una instancia que coordina a las autoridades de todos los órdenes de gobierno para prevenir, detectar y sancionar los hechos de corrupción. Entre sus objetivos está la fiscalización y control de los recursos públicos que conforman el erario del gobierno a nivel federal y estatal.
Sin embargo, su aplicación en Veracruz ha sido letra muerta, ya que registra uno de los mayores rezagos en la materia a nivel nacional. Luego de que en julio del año pasado el Congreso local aprobó la reforma constitucional -en el límite de la fecha establecida para la armonización legislativa-, no ha habido acciones que sugieran que a la actual administración estatal le interese avanzar en esta materia.
Hasta ahora, el gobierno de Miguel Ángel Yunes ha evitado a toda costa el diseño de políticas integrales en materia de fiscalización de recursos públicos; prevenir faltas administrativas y los hechos de corrupción, y establecer las bases para que todas las autoridades estén coordinadas para hacer una efectiva fiscalización del uso de los recursos públicos.
Durante dos años, el Congreso de Veracruz ha venido atrasando la designación del Fiscal Anticorrupción, una figura clave para el funcionamiento del sistema estatal. Y ha sido por la misma razón: el interés del gobernador en turno –primero Javier Duarte y hoy Miguel Ángel Yunes- por imponer un funcionario de su propia administración, lo que presenta un evidente conflicto de interés, resta autonomía y fortaleza a la Fiscalía Especializada y abre la puerta a la impunidad.
Luego de señalar de manera reiterada los actos de corrupción del gobierno de Javier Duarte, el Gobernador de Veracruz decidió que la transparencia y la rendición de cuentas sólo debían realizarse “en los bueyes de mi compadre”.
"Entiendo que usted y buena parte de su grupo parlamentario no gozan de autonomía, no la hacen valer, están postrados frente a un gobernador que los usa para legitimar sus acciones contrarias a la ley". Esta declaración es una parte de la misiva que envió el entonces gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares a la mesa Directiva del Congreso, ante la intención de imponer a un ex funcionario de la administración duartista.
El gobernador electo dijo entonces que los legisladores del PRI no gozaban de autonomía y pretendían imponer a funcionarios que ocultaran actos de corrupción de la administración de Duarte, de la misma forma que hoy lo hace la bancada del Gobernador en el Congreso local.
La semana pasada la historia se repitió. El gobernador electo Cuitláhuac García solicitó a los diputados que el nombramiento del Fiscal Anticorrupción lo realice la próxima Legislatura ante el mismo intento de imponer a un personaje que se aleje de la justicia y garantice impunidad a los funcionarios de la administración saliente, incluido el gobernador.
Por instrucción del Yunes Linares –como él mismo señaló en su misiva hace un año-, el grupo parlamentario del PAN intentó llevar a cabo el nombramiento de manera ilegal y perversa; sin embargo, la falta de los votos suficientes, obligó a la coacción de algunos diputados y sólo les alcanzó para mantener el control de la Junta de Coordinación Política.
Veracruz seguirá a la zaga en materia de anticorrupción; será la próxima Legislatura del Estado la que realice el nombramiento del nuevo Fiscal, cuya función deberá ser siempre garantizar la justicia y no otorgar impunidad a quien debe su nombramiento
Lo más importante es que exista un verdadero Sistema Estatal Anticorrupción que garantice el uso adecuado de los recursos públicos, previniendo y sancionando todos los actos de corrupción.
Veracruz no puede excluirse de este propósito. Hoy una nueva oportunidad de recomponer el camino y fortalecer sus instituciones. La historia reciente nos ha demostrado de manera reiterada, que buscar impunidad a través de la manipulación de la ley no es una buena idea.
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