Por Héctor Yunes Landa
La ignorancia, servilismo y la zalamería de los diputados federales de Morena manifestada en la pretensión de aumentar las multas por injuriar al presidente de la República y a otros funcionarios públicos, terminarían siendo un acto de discriminación y censura al propio mandatario.
De haber prosperado el desvarío legislativo de la diputada zacatecana Banelly Hernández Ruedas -detenida en 2015 en el aeropuerto de Tapachula por no poder acreditar la procedencia de un millón de pesos en efectivo-, el Presidente tampoco habría podido hacer lo que acostumbra cada mañana: insultar e injuriar a los representantes de otros poderes y de otros gobiernos.
El veto anunciado por López Obrador no tiene la intención de evitar a que lo insulten. En honor a la verdad, está acostumbrado y sabe aguantar vara. Lo que no permitirá es que se le impida descalificar a sus adversarios políticos, entre ellos, ministros de la SCJN, magistrados de circuito, jueces, senadores, diputados federales, legisladores locales y hasta gobernadores.
La iniciativa terminó siendo un acto de censura contra el Presidente. Por ello nació muerta. Con el veto, López Obrador defendería su ‘derecho’ a la injuria y el insulto.
Pero más allá de los intereses personales del Presidente, la iniciativa sería un acto de discriminación y censura que terminaría naufragando en la mismísima Suprema Corte.
Hay una clara discriminación porque pone a estos funcionarios públicos por encima del ciudadano. ¿Por qué los funcionarios públicos desde su encargo, sí podrían hacer señalamientos en contra de ciudadanos, organizaciones civiles, partidos políticos y medios de comunicación y, en cambio, gozarían de inmunidad para no recibir el mismo trato?
La libertad de expresión es un derecho universal que debe prevalecer por encima del autoritarismo. Ahora resulta que un representante popular, como un diputado, por ejemplo, no puede recibir críticas de ningún tipo de quien dice representar.
Además, hay un gravísimo riesgo de censura a los medios de comunicación, ya que la iniciativa aprobada en Comisiones de la Cámara de Diputados prevé que las injurias pueden interpretarse “a través de discursos, gritos, cantos, amenazas, manuscritos, dibujos, litografía, fotografía, cinematógrafo, grabado o de cualquier otra manera”.
En esas circunstancias, desaparecerían de la faz de los medios los analistas, columnistas políticos, comunicadores, caricaturistas y artistas cuyo trabajo, información y opiniones, ciertas y fundadas, fueran interpretadas a juicio de la autoridad como un insulto o una injuria. Las marchas se protestas se tendrían que hacer en silencio.
Tal vez la ínclita legisladora morenista pensó que, ante la frustración y el enojo de la gente por la situación del país, manifestada en expresiones que lastiman los castos oídos del régimen, podrían haber hecho un gran negocio: las multas por insultar al Presidente hubieran duplicado en cosa de días el presupuesto del gobierno federal.
Celebro que México cuenta con una Suprema Corte de Justicia autónoma e independiente que no permitiría un nuevo agravio en contra de los mexicanos, aunque tengamos un Presidente que defienda su supuesto derecho a insultar e injuriar.
La puntita
Veracruz está convertido en habitáculo de la tragedia. El asesinato de un veracruzano ejemplar, mi gran amigo Luis E. Fuster Montiel, nos lastima y enfurece a todos. ¡Hagan su trabajo y dejen de pensar en lo que se van a robar!
El veto anunciado por López Obrador no tiene la intención de evitar a que lo insulten. Está acostumbrado y sabe aguantar vara. Lo que no permitirá es que se le impida descalificar a sus adversarios políticos.
|
|
