Héctor Yunes Landa
El 21 de marzo pasado, el Presidente López Obrador se detuvo en una estación de gasolina en Oaxaca para enviar un mensaje por redes sociales, en el que dijo que había tomado la decisión de bajar el precio del combustible “para que no se sienta tanto la crisis”. Era la víspera del inicio de la jornada de sana distancia a consecuencia de la pandemia del Covid19.
Pero ante la crisis petrolera mundial y la saturación del mercado internacional, la baja del precio de la gasolina a niveles no vistos en muchos años no fue una decisión del Presidente sino consecuencia de la reforma energética y la competencia en el mercado. No obstante, AMLO presumió voz en cuello como mérito propio esta reducción, lo que contrasta con el silencio que ha guardado a partir del reciente incremento de hasta 5 pesos por litro.
Por décadas, el país ha estado urgido de recuperar los niveles de producción para satisfacer la demanda nacional, por lo que se requerían cuantiosas inversiones y acceso a tecnología de punta, algo que PEMEX estaba imposibilitada a hacer a causa de la carga fiscal y el subsidio que otorgaba a las gasolinas. Sólo a través de esta reforma podríamos lograr estos propósitos.
En el 2013 los legisladores federales reformamos la Constitución para que el capital privado pudiera participar del sector de manera directa, pero siempre mediante alianzas con Pemex, la CFE y el resto de las empresas del Estado. Con la reforma se garantizó que la exploración y extracción de hidrocarburos se mantuviera bajo la rectoría estratégica del Estado. De eso trata la reforma energética.
A diferencia de otras reformas estructurales –se realizaron 11 en total durante la administración pasada- el gobierno federal decidió mantener la reforma energética gracias a los resultados que se han obtenido, la inversión que ha llegado a nuestro país y la generación de miles de empleos en todas las áreas del sector. Cancelar este modelo energético hubiera sido darse un tiro en el pie y el Presidente lo sabe.
Por ello, llama poderosamente la atención que una reforma energética que está sacando a flote a un gobierno que ha colapsado la inversión y el empleo, ahora se quiera revisar a la luz de prejuicios políticos e ideológicos con propósitos electorales y no de sus resultados económicos. Es evidente que el gobierno de la 4T aprovecha en privado sus beneficios, mientras que en público la censura, ahuyentando la inversión y generando incertidumbre.
La semana pasada, López Obrador se refirió a los senadores que aprobamos esta reforma energética, haciendo una inferencia perversa de que se habrían entregado sobornos para garantizar los votos necesarios a favor de su ratificación. El dictamen fue aprobado no sólo por quienes formábamos parte de las Comisiones de Energía y de Estudios Legislativos, sino también por el Pleno de la Cámara donde 95 de los 128 senadores -53 del PRI, 35 del PAN y 7 del PVEM- dimos nuestro voto a favor de la reforma constitucional en materia energética.
Lo que no ha dicho el Presidente es que en cualquier democracia, los grupos parlamentarios del partido en el poder suelen apoyar las iniciativas del gobierno como una forma de cumplir con el proyecto que se ofreció a los votantes, exactamente como hoy lo hace Morena. Eso fue lo que hicimos los senadores priistas al aprobar la reforma energética y las otras diez reformas estructurales.
Y aun en esta práctica hay excepciones. Durante la aprobación del mecanismo de Bursatilización que el gobierno de Fidel Herrera propuso a los Ayuntamientos de Veracruz, como diputado local y coordinador del grupo parlamentario del PRI, emití mi voto en contra y expuse ante el Congreso las razones contrarias a esta iniciativa cuyas consecuencias hoy seguimos padeciendo. El tiempo me dio la razón.
Lo digo muy claro. He sido senador, diputado federal y local siempre como miembro del partido en el poder. En mis casi 14 años de vida parlamentaria, nunca he recibido algo en contraprestación del sentido de mi voto. Siempre son mis convicciones las que definen mi posición en el tablero de votaciones.
En la actual legislatura federal -en la que represento a un partido de oposición- he votado en más de una ocasión a favor de iniciativas presentadas por el Presidente e impulsadas por su partido Morena, entre ellas, la creación de la Secretaría de Seguridad Pública y de Protección Ciudadana así como la Guardia Nacional. A cambio de estos votos, sólo tengo la satisfacción de cumplir con mis convicciones y dar al gobierno de las herramientas para el desempeño eficaz de su responsabilidad.
No sobra recordar que por mi trayectoria y antecedentes, en el Senado de la República fui electo, por el voto de todos los senadores de todos los partidos políticos, como presidente de la Comisión Anticorrupción y desde ahí construimos el sistema que hoy nos rige. También me enorgullezco de esa tarea.
Siete años después, por sus resultados –mismos que hoy presume el actual gobierno-, me enorgullece haber votado a su favor, lo que sin duda, volvería a hacer.
Agradezco el interés de medios de comunicación y amigos periodistas para conocer mi opinión sobre los dichos del Presidente. Esta es mi postura. No abonaré a la perversa pretensión de usar el tema de la reforma energética como un distractor ante la gravísima crisis de salud y económica que vivimos. México tiene otras prioridades.
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