Si el propósito de los diputados locales de Morena y sus aliados cuando votaron la ilegal reforma constitucional en materia electoral de esta semana era asegurar que Cuitláhuac García no sea sometido a la consulta para revocar su mandato como Gobernador del estado, deben estar tranquilos. Quien se deberá someter a esta consulta será quien lo sustituya en el cargo dentro de 197 días.
Independientemente de los despropósitos de Morena en el Congreso local, antes de junio de 2021, la Constitución de Veracruz deberá armonizar la figura de la revocación de mandato, haciendo posible que los veracruzanos decidamos en las urnas la continuidad de quién, en el momento de la consulta, sea el Gobernador del Estado.
La reforma ilegal que el martes pasado aprobaron el grupo parlamentario de Morena y sus aliados, como se apuntó oportunamente en este espacio, sólo intenta debilitar a los partidos políticos y desmantelar el sistema electoral veracruzano. Sin embargo, fracasará en su intento de blindar al titular del Poder Ejecutivo estatal.
El pasado 20 de diciembre entraron en vigor las reformas y adiciones a la Constitución General de la República en materia de Consulta Popular y Revocación de Mandato. El transitorio sexto del Decreto señala que las constituciones de las entidades federativas, dentro de los dieciocho meses siguientes su entrada en vigor (19 de junio de 2021), deberán garantizar el derecho ciudadano a solicitar la revocación de mandato del titular del Poder Ejecutivo local.
De esta forma, quien sustituya a Cuitláhuac García a partir del primero de diciembre de este año, estará obligado a someterse a la revocación de mandato establecida en la Constitución federal. La armonización de la legislación local a la federal en este caso específico, deberá cumplimentarse antes de las elecciones de 2021. Lo único que Morena logró en la última sesión del Congreso del Estado fue diferir el debate sobre la revocación. No más.
La solicitud de revocación deberá plantearse durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional -1 de diciembre de 2021-, por un número equivalente, al menos, al diez por ciento de la lista nominal de electores de la entidad federativa, en la mitad más uno de los municipios o alcaldías de la entidad.
En números significa que la revocación de mandato la podrán solicitar al menos 575 mil 171 electores –hasta el corte del 27 de marzo de 2020 la lista nominal en Veracruz era de 5 millones 751 mil 718-, en 107 municipios del estado, y deberá presentarse entre diciembre de 2021 y febrero de 2022.
Según el mismo transitorio, podrá llevarse a cabo en una sola ocasión durante el periodo constitucional, mediante votación libre, directa y secreta; y será vinculante cuando la participación corresponda como mínimo al cuarenta por ciento de dicha lista y la votación sea por mayoría absoluta.
La jornada de votación se efectuará en fecha posterior y no coincidente con procesos electorales o de participación ciudadana locales o federales. Es decir, al igual que el Presidente de la República, el proceso de revocación de mandato tendría que llevarse a cabo en el año 2022.
Según la Constitución federal, quien asuma el mandato del Presidente revocado será quien concluya el periodo constitucional. Sin embargo, en el caso de Veracruz, eso requerirá de la Ley reglamentaria, una vez que las disposiciones federales sean incorporadas a la Constitución local.
Por ejemplo, para el caso del Presidente de la República, de consumarse la revocación de mandato –algo que López Obrador observa cada vez con mayor preocupación-, será el Presidente del Congreso quien asuma provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo, para que dentro de los treinta días siguientes, sea el Congreso quien nombre a quien concluirá el periodo constitucional. Al armonizarse la Constitución veracruzana, el procedimiento deberá ser el mismo.
Sin embargo, debo decir que para cuando se realice la revocación de mandato en Veracruz (año 2022), la composición del Congreso será absolutamente distinta a la actual mayoría autoritaria y pendenciera que ejerce Morena al servicio del Gobernador.
Por esta razón, esta misma semana presentaré ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un Punto de Acuerdo para hacer un exhorto al Gobernador del Estado y al Congreso local para que presenten la iniciativa que armonice la legislación local con las disposiciones contenidas en la Constitución federal en materia de revocación de mandato.
En su ignorancia, el mandatario estatal justificó que se eliminó la revocación de mandato de la Constitución de Veracruz debido a que significaría «un gasto» para los veracruzanos. Las dos cosas son falsas. No se eliminó la revocación y más caro nos ha salido a los veracruzanos un gobierno omiso e incapaz, donde la corrupción ya brota por todos lados.
“El pueblo pone y el pueblo quita” será la horca y cuchillo del cuatroteísmo.
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