Por Héctor Yunes Landa
Con la confesión voluntaria de la existencia de un Código Rojo dentro de la policía del estado, Cuitláhuac García busca auto exonerarse de la responsabilidad penal que le corresponde como mandatario y otorgar impunidad por los abusos policiacos denunciados.
El gobernador, el titular de la SSP y algunos elementos policiacos son imputables por los delitos cometidos en el homicidio de dos personas en Totalco y la agresión a dos jóvenes en Xalapa. Hasta ahora, la impunidad ha sido absoluta.
Cuitláhuac García dejará un estado ensangrentado y secuestrado por la violencia. Además, pasará a la historia por imponer dos figuras que dieron una patente de corso para perseguir, agredir y, en algunos casos, hasta asesinar a ciudadanos por orden superior.
Del ultraje a la autoridad al Código Rojo, el gobierno estatal aplicó una práctica policiaca para hostigar y encarcelar a sus adversarios y a ciudadanos inocentes. Sin embargo, no se puede generalizar a toda la policía, donde la gran mayoría de sus elementos cuentan con formación profesional y son respetuosos de la ley.
En febrero de 2022, la SCJN declaró inconstitucional e invalidó el delito de ultrajes a la autoridad contemplado en el artículo 331 del Código Penal de Veracruz. No obstante, cientos de personas siguen en prisión acusados de un delito que ya no existe.
Ante la ausencia de la figura perversa de ultrajes a la autoridad, Cuitláhuac reinventó el Código Rojo para mantener la persecución y ejecución extrajudicial.
El Código Rojo, como lo sugiere el gobernador, es una licencia para matar que está por encima de cualquier autoridad, que vulnera los derechos humanos y elimina la presunción de inocencia. En su infinita y criminal ignorancia confiesa que, ante un Código Rojo, los policías pueden disparar sin recibir órdenes de nadie.
¿La aplicación de un Código Rojo exonera al gobernador, al secretario de Seguridad Pública y a los mandos policiacos por los crímenes cometidos? No. Entonces, ¿pueden ser llevados a juicio por eventos como el homicidio de dos personas en Totalco y la agresión a los jóvenes del fraccionamiento El Lago en Xalapa? Sí.
Con su declaración, Cuitláhuac aceptó la autoría mediata de su gobierno, es decir, la ejecución de un hecho punible a través de otro de quien se sirve como instrumento, en este caso, la policía del estado. Con el Código Rojo, también aceptó que hay una predisposición superior a que la autoridad actúe al margen de la ley.
Al justificar la aplicación del Código Rojo, como lo establece la teoría de la imputación objetiva, Cuitláhuac acreditó los cuatro supuestos que darían lugar al inicio de un juicio en su contra: el poder de mando, el apartamiento del derecho, la fungibilidad de los ejecutores y la predisposición a la realización del hecho ilícito.
El Código Rojo no existe para el Código Penal del Estado. Lo que sí existe es el abuso de autoridad cuando un servidor público ilegalmente ordene o ejecute un acto en beneficio propio o ajeno o en perjuicio de alguien, como es el caso.
Ante la confesión pública del Gobernador, basta con que los familiares de las víctimas de abuso policial o cualquier otro veracruzano, presenten una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción para que se inicie la carpeta de investigación y sea llevado ante la justicia.
La puntita
Con su renuncia anticipada, Cuitláhuac García por fin podrá cumplir una añeja demanda de los veracruzanos: ¡Que ya se largue! |
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