No sabemos que es peor, si la militancia partidista y la falta de conocimiento de la nueva presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, un proceso de selección viciado que derivó en la fundada sospecha de fraude en su nombramiento o la obsesión presidencial por eliminar cualquier contrapeso a su gobierno. Lo cierto es que los derechos humanos en México caminan al oscurantismo de la mano de Morena.
Como sabemos, el 10 de junio de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma más importante a la Constitución en materia de derechos humanos desde su promulgación en 1917; esta reforma mandató la creación de una nueva cultura de derechos humanos, poniendo al centro la dignidad de las personas y señalando la tutela indeclinable por parte del Estado mexicano.
Por su condición de transversalidad, esta reforma constitucional es una de las más importantes del México post revolucionario, ya que asegura que en todo tiempo y lugar de la función pública exista la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de los mexicanos. Por las razones expuestas, estos principios están en riesgo, ante lo que representa una evidente contrareforma promovida desde Palacio Nacional.
Las modificaciones constitucionales aprobadas hace ya ocho años, constituyen un cambio en el modo de entender las relaciones entre las autoridades y la sociedad, porque colocan a la persona como el fin y sujeto de derecho de todas las acciones del gobierno.
Gracias a estos cambios, se garantizó la incorporación de todos los derechos humanos de los tratados internacionales como derechos constitucionales y la obligación de las autoridades de guiarse por el principio pro persona cuando apliquen normas de derechos humanos, lo que significa que deben preferir la norma o la interpretación más favorable a la persona. Hoy hemos vuelto al pasado.
Todos estos principios y valores han sido puestos a disposición del gobierno, convirtiendo a la autoridad federal en juez y parte. Las recomendaciones de la CNDH siempre se emiten a las instituciones del Estado y no a una persona o funcionario en particular, porque se determina que la violación resulta del actuar institucional y no de carácter privado. No se observa en el horizonte a una Presidenta de la CNDH autónoma, poniendo freno a los excesos del Presidente.
No hay prejuicio alguno en la inconformidad sobre el nombramiento de Piedra Ibarra. Esta responde fundamentalmente a que su designación resulta más de su militancia partidista en Morena y a una historia personal de reivindicación que a una trayectoria profesional como promotora y garante de los derechos humanos. La sola aceptación de su militancia debió ser motivo suficiente para desechar su candidatura.
Por otra parte, la consideración del Presidente de que se trató de “un acto de justicia”, demerita el perfil de la nueva funcionaria y siembra dudas sobre su futuro desempeño. Se trató de un premio concedido por López Obrador y no un reconocimiento a su trayectoria, mostrándola con un perfil “disciplinado y a modo”, como ha acusado a los anteriores presidentes de la Comisión.
Tampoco se puede pasar por alto que, dado el señalamiento histórico de la desaparición forzada de la señora Piedra Ibarra contra la milicia del país, se trata de otro agravio del Presidente a las fuerzas armadas. Así, imponer a Piedra Ibarra en la CNDH, nombrar al senador Salgado Macedonio en la Comisión de la Defensa y atribuir la condición de “jóvenes valientes” u ofrecer una disculpa pública a guerrilleros, sólo alimenta la indiferencia de AMLO hacia un Ejército que hoy representa su única alternativa para lograr la paz, en medio de un país enlutado por la violencia.
Hace algunas semanas, doña Rosario Ibarra de Piedra devolvió al Presidente la medalla Belisario Domínguez que le habría concedido el Senado de la República, en reclamo a que el daño principal cometido en su contra no ha sido reparado. Hoy López Obrador busca otorgar una reparación política del daño a través de mancillar la autonomía de una de las instituciones que por su propia naturaleza debe ser un contrapeso natural y necesario al gobierno y sus instituciones.
Manchada por la duda y el influyentismo, el nombramiento de Rosario Piedra Ibarra como Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos representa una verdadera contrareforma, un agravio a la legalidad y un nuevo insulto a las fuerzas armadas de nuestro país.
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