Por Héctor Yunes Landa
No cumplen un mes en el cargo y la mayor parte de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se han visto envueltos en una serie de escándalos: desde su ignorancia para desempeñar el cargo, su ambición por llenar la nómina de familiares y amigos, hasta de sus primeras resoluciones para favorecer al gobierno en litigios contra los ciudadanos.
Tan evidente ha sido su incompetencia, que el propio morenista Ricardo Monreal ha pedido ‘paciencia’ porque los nuevos ministros aún “están en proceso de formación y deberán adecuarse a las exigencias del país”.
¿Desde cuándo la Suprema Corte se convirtió en claustro de aprendices del Derecho?
El nuevo presidente de la SCJN ha sido objeto de críticas por cometer un desliz verbal al decir «juimos» en lugar de «fuimos», lo que provocó que se cuestionara su capacidad y legitimidad para el cargo; ojalá y haya algún lingüista entre los ¡103 asesores que fueron contratados sólo para él!
Lo mismo sucede con la ministra Lenia Batres, quien para decir que “la controversia constitucional es una especie de juicio de amparo”, contrató a ¡78 colaboradores que cobran 3 millones 721 mil pesos al mes!
En mi rancho no se necesitan a tantos peones para alimentar a un burro.
Apenas la semana pasada, la nueva SCJN salvó al Gobierno federal de pagar 63.9 millones de pesos a una familia de Coahuila que lleva catorce años esperando a que la compensen por 423 hectáreas que le quitaron para asignarlas a un ejido. Decidieron convertir una indemnización en un despojo.
El tema no es menor si se analiza los temas que están pendientes y en los que están involucrados los intereses del gobierno en contra de particulares. Entre los casos más complejos se encuentra un rezago masivo de mil 500 asuntos, incluyendo 382 listos para discusión, y cientos de controversias constitucionales y amparos.
Pero hay además otros de gran envergadura en los que no hay margen para la “curva de aprendizaje”.
La prisión preventiva oficiosa, figura penal controvertida y con sentencia negativa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sigue sin resolverse.
A esto se suman las impugnaciones a las reformas de la 4T, que incluyen fideicomisos, órganos autónomos, austeridad, minería, agua, Poder Judicial, telecomunicaciones y programas sociales, entre muchos otros.
Las consecuencias que deriven de estos asuntos se magnifica por la falta de experiencia y conocimiento de los nuevos integrantes de la Corte.
La Suprema Corte de Justicia no es un apéndice del Estado. No es un órgano sin importancia, sino que en el radica el epicentro de la gobernabilidad y la justicia en un Estado de Derecho que se deteriora de manera apresurada.
Nunca antes se habían elegido a Ministros de la Corte para que fueran al máximo tribunal del país a aprender. Eran juristas con una larga trayectoria en el Poder Judicial.
Hoy, la ignorancia y la ambición de los nuevos integrantes, puede provocar que la nueva Suprema Corte de Justicia tenga un costo altísimo para los mexicanos.
Entonces contaremos la historia de cuando Tres Patines, Nananina y Rudecindo Caldeiro se convirtieron en ministros.
La puntita
Las maromas del huachicol. Dice la presidenta de Morena, Luis María Alcalde que el “verdadero huachicol” (robo de combustible en ductos), se acabó con AMLO. Pero PEMEX reporta que perdió 5,471 millones de pesos tan sólo en el primer trimestre de 2025 por… ¡huachicol! Cínicos. |
|
