Más que el proyecto del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM), lo que realmente estuvo a consulta fue la vigencia del Estado de Derecho.
La consulta, a pesar de que no tiene ningún valor jurídico, tiene al menos tres aspectos que son muy importantes para el futuro del país: la observancia del estado de Derecho; el uso de herramientas de la democracia participativa que no están previstas en la ley y que pretenden evadir la responsabilidad del gobierno; y lógicamente, el futuro del proyecto del aeropuerto y las consecuencias de la decisión que se tome.
El proyecto aeroportuario que se construye en Texcoco sólo fue el pretexto ideal para conocer la tolerancia de la población respecto a hacer excepciones al Estado de Derecho, y al mismo tiempo, una demostración de poder a grupos políticos y económicos considerados como los adversarios de la próxima administración federal.
Además, el nuevo gobierno padece una confusión preocupante: la legitimidad es resultado del respeto a la legalidad y no al revés. Quebrantar la legalidad no genera más legitimidad, acaso una riesgosa y autoritaria popularidad. No se puede confundir legitimidad con popularidad, porque lo popular no necesariamente es legítimo.
Es posible que hayan olvidado intencionalmente el origen de su legitimidad. El gobierno electo es legítimo porque nació de una elección legal; con el remedo de consulta que acaban de realizar, han roto su acta de nacimiento.
Imposible imaginar, por ejemplo, que Felipe Calderón hubiera dicho alguna vez que su triunfo no había sido legal pero sí legítimo, tal y como se ha referido el vocero del presidente electo sobre la consulta sobre el NAICM.
Pero el tema de fondo, la observancia del Estado de Derecho, está en riesgo. Quienes gobernarán nuestro país a partir del primero de diciembre ya decretaron que, pese a errores, su consulta es un éxito y que los mexicanos debemos acostumbrarnos a lo que llaman “ejercicios de democracia”.
Por supuesto que nosotros no nos oponemos a la figura de la consulta popular, la que está establecida en la Constitución, la que tiene un procedimiento válido y otorga la certeza a los ciudadanos; estamos a favor de una consulta popular que la convoquen, organicen, supervisen y califiquen las instituciones facultadas para ello -no los militantes de un partido político- y cuyo resultado sea inobjetable.
Si a los reformadores les molesta el procedimiento que exige la Constitución, no es pretexto para ignorarlo y atribuirse ilegalmente esa facultad mediante “ejercicios de democracia” a modo.
La gobernanza democrática que Morena dice impulsar no florecerá en el caos de la ilegalidad y la ruptura del Estado de Derecho; eso sólo beneficiará a quienes se asumen como la nueva clase gobernante. Tampoco se va a empoderar a la ciudadanía –uno de los propósitos de la consulta constitucionalmente regulada- repitiendo lo que tanto criticaron: la simulación, el acarreo, la mapacheria y el fraude.
Un día después, se confirmó que el ejercicio inicial ha sido poco serio, la muestra de participación no es confiable ni significativa, y su mala organización, fallas logísticas y alta discrecionalidad han sido evidentes. Vimos testimonios de personas que pudieron votar hasta en cuatro ocasiones en un mismo día.
Muchas personas, yo entre ellas, decidieron no participar por varias razones: las decisiones técnicas no se consultan; la consulta no tuvo sustento legal; el diseño estuvo hecho para validar una decisión ya tomada: sus resultados preliminares así lo confirman.
Su falta de fundamentación y rigor metodológico, dio lugar a una serie de dudas que nunca fueron atendidas por los convocantes. Nunca quedó claro cómo se eligieron los 538 municipios, las 1,073 casillas, ni el universo de votantes calculado en 100 mil personas. Por ejemplo, hubo más casillas en Oaxaca que en Jalisco o más boletas en lugares donde Morena tiene mayor presencia.
Es evidente que este ejercicio ha dañado la credibilidad del país. Al interior, desconociendo el Estado de Derecho; en el exterior, mostrando que el gobierno de México es capaz de rechazar compromisos adquiridos, ahuyentando la confianza para la inversión.
Gobernar implica tomar la responsabilidad absoluta en los asuntos públicos. Una vez que asuma el poder, el Presidente debe tomar las decisiones que le corresponden, tal y como lo marca la Constitución.
En todo caso, el Estado de Derecho no se puede someter a consulta.
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