Por Héctor Yunes Landa
Con la reforma a la ley en materia de desaparición de personas aprobada el jueves pasado por la mayoría de Morena y sus aliados en el Congreso local, no se pretende encontrar a los miles de personas que se encuentran desaparecidas en Veracruz, sino contar con una herramienta para vigilar a los ciudadanos.
La desaparición de personas en México –y particularmente en Veracruz-, no sólo encierra una tragedia de dimensiones inimaginables, sino que se trata de una de las mayores infamias de un régimen que ni ve, ni oye a las víctimas, a sus familias y a los colectivos de búsqueda.
El día en que tomó protesta como Gobernador, el primer acto de hipocresía de Cuitláhuac García Jiménez fue publicar la Declaratoria de Emergencia por la Crisis de Violaciones Graves de Derechos Humanos en Materia de Desaparición de Personas en Veracruz.
Todo se trató de una farsa. A nadie interesó que los ausentes volvieran a casa. La farsa se convirtió en desdén, el desdén en indiferencia, la indiferencia en dolor, y el dolor en tragedia, tal vez la peor de todas en ese gobierno.
Los colectivos fueron ignorados y hasta perseguidos. Nunca fue escuchado el estruendoso silencio de la ausencia. La infamia oficial los convirtió en adversarios del gobierno.
En el gobierno de Cuitláhuac García, según sus propias y cuestionables cifras, con más de 2 mil víctimas, aumentó en 59 por ciento el número de desapariciones. Veracruz terminó como la cuarta entidad con la mayor cifra de personas desaparecidas, después de Jalisco, Tamaulipas y el Estado de México.
Lo mismo sucedió en el resto del país. En el sexenio de Peña Nieto había un promedio diario de 15 desapariciones por día; con Andrés Manuel López Obrador el promedio fue de 26 personas.
Y en la actual administración desaparecen 40 personas al día, lo que representa un incremento del 170 por ciento en relación con el gobierno priista.
En medio de este holocausto, hoy el gobierno de Morena nos presenta una serie de reformas que presumen buenos propósitos y ocultan oscuras intenciones. ¿Por qué quienes representamos al PRI en este Congreso votamos en contra de este dictamen?
Porque decidimos estar con las víctimas, no con los gobiernos que usan su dolor para ganar más poder. Porque la iniciativa no plantea una estrategia real de seguridad pública. Porque el gobierno quiere usar el dolor de las madres buscadoras y las familias mexicanas, para meter su agenda autoritaria por la puerta de atrás.
Nunca se pidió opinión a las familias ni a los colectivos de búsqueda. Se legisló desde el escritorio, no desde el territorio, ni la experiencia, ni la empatía.
Esta ley no busca a los desaparecidos, busca controlar a los ciudadanos. Se centra más en recolectar datos biométricos, que en desmantelar redes criminales con estrategias efectivas. Por eso quieren convertir la CURP en un instrumento de vigilancia masiva.
Morena quiere monitorear en tiempo real a los ciudadanos, que quedarían a merced de un gobierno que rinde cuentas y pleitesía a la delincuencia organizada, como sucede en amplias zonas del país.
Y pretende hacerlo bajo el pretexto de la búsqueda de desaparecidos…
La puntita
“México hace lo que le decimos”, sentenció Donald Trump. Eso explica la entrega de medio centenar de capos al gobierno de Estados Unidos y el vuelo del dron que vigila los enclaves de la familia michoacana y el CJNG. Es la protección de la ‘mafia morenista’ a cambio de la soberanía. |
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